Felien De Smedt
Un aprovechamiento adecuado de los recursos naturales de un país es importante para la economía nacional. La pregunta clave es ¿cómo definir adecuado?
El 72% de la Amazonía peruana está dividida en 64 lotes para la exploración y explotación de gas y/o de petróleo. De éstos, 56 han sido creados desde el año 2004. Este crecimiento intenso del número de lotes era una respuesta inmediata a la reducción del coste de inversión en Perú para las empresas extranjeras (1). En el año 2007, el Presidente peruano, Alan García, anunció en su artículo El Síndrome del Perro Hortelano que continuará su expansión, diciendo que "[...] la realidad nos dice que debemos poner en valor los recursos que no utilizamos y trabajar con más esfuerzo (2)." Aunque el gobierno hasta hoy en día todavía no disponga de una política de gestión de los recursos naturales a largo plazo, el paisaje petrolero sigue extendiéndose. Pero ¿a qué coste?
La extracción de gas y de petróleo causa graves impactos ambientales y sociales (3). Viola muchos de los derechos humanos fundamentales de los indígenas de la Amazonía como son el derecho a la salud, a la vida, a la propiedad y a la paz social. El gobierno tiene la obligación de proteger el espacio vital de sus ciudadanos y de evitar la contaminación de la enorme biodiversidad que contiene la Amazonía. La gestión ambiental del gobierno peruano es débil. El Sistema Nacional de Gestión Ambiental está bajo la supervisión del CONAM (el Consejo Nacional del Ambiente), un órgano con pocos recursos financieros y sin importancia política. También la institucionalidad ambiental a nivel regional está debilitada por la falta de recursos. Además, los estudios de impacto ambiental, necesarios para registrar la calidad del medio ambiente, se ejecutan por firmas contratadas por las mismas empresas petroleras. La evaluación no es objetiva. Perú no tiene una política ambiental.
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| Etnia Airo Pai en el Río Putumayo,en la frontera con Colombia donde se ubica el lote 117.Foto:Felien De Smedt |
Aparte del daño que las actividades extractivas puedan causar al medio ambiente, existen otros impactos sociales y culturales. Las empresas petroleras llegan a zonas habitadas por pueblos indígenas. Su presencia rompe las estructuras sociales existentes y provoca conflictos dentro de las comunidades. Es evidente la desigualdad social entre los comuneros indígenas y los obreros trabajando para las empresas. A veces los petroleros traen desarrollo a la zona por ejemplo construyendo un hospital. Pero eso también conlleva el peligro de que el gobierno opine que ya no hace falta su apoyo. Cuando se marchen las empresas, después de haber alterado la vida de los comuneros, no habrá ayuda estatal. Las costumbres y la identidad indígena están amenazadas por la intrusión de una fuerza externa.
La extracción de hidrocarburos pone en peligro la riqueza biológica de la selva amazónica y estorba la vida de los pueblos indígenas, tanto los que están aislados como los que viven en territorios oficiales. Un ejemplo de esta última categoría es el pueblo Airo Pai, llamado los Secoya en español, que vive en la frontera ecuatoriana (4). En 1997, se estableció la Zona Reservada de Guëppí (ZRG), siendo una zona que cumple con los requisitos para ser un área protegida aunque la categoría y la extensión de la misma todavía están siendo debatidas. En coordinación con el INRENA (Instituto Nacional de Recursos Naturales) y con la participación de los comuneros Secoya, se dividió la ZRG en tres partes: un parque nacional y dos reservas comunales, una para los pueblos Kichwa y Huitoto y otra para los Secoya. En un parque nacional, la comercialización de los recursos naturales está prohibida mientras que en una reserva comunal las actividades extractivas caen dentro de unos planes estrictos y bajo la supervisión del INRENA. Además, una reserva comunal está coadministrada por la población indígena.
Un mes después de la decisión de categorización, el 23 de marzo del año 2006, el gobierno peruano otorga la concesión del lote 117 a la empresa petrolera brasileña Petrobras. Este lote ocupa la ZRG enteramente. Sin desarrollar el caso en detalle, éste ya muestra las incongruencias de la gestión del gobierno peruano: dos órganos estatales, siendo el INRENA y el Ministerio de Energía y Minas, toman cada uno una decisión sobre el mismo territorio que al final resulta contradictoria. Falta una política bien pensada por parte del gobierno.
La situación de los hidrocarburos en la Amazonía peruana está bajo el prisma internacional desde el día 5 de junio de este año. Los periódicos nos informan sobre muertos, caídos cuando las fuerzas armadas de la policía querían terminar violentamente con el bloqueo de las carreteras por los indígenas en Bagua. Lo que hasta ahora era un parón pacífico del pueblo indígena amazónico se convirtió en un suceso trágico. El origen de la insatisfacción indígena se remonta a hace unos años.
En el mes de diciembre de 2007, Perú y los Estados Unidos firman un Acuerdo de Promoción Comercial. En el marco de este contrato, el congreso otorga a Alan García la competencia para legislar en temas relativos al acuerdo durante un plazo de 180 días. Durante este tiempo, García promulga 99 decretos legislativos, no todos están relacionados con dicho contrato y muchos de ellos son inconstitucionales por no corresponderse con lo establecido en la Constitución del país. AIDESEP, la organización defendiendo los derechos de los pueblos amazónicos, llama a un primer parón en el mes de agosto del 2008. La acción fue breve y dos decretos legislativos fueron derogados.
El 9 de abril de este año empieza un nuevo parón. Esta vez, los indígenas tienen la intención de seguir su acción pacífica hasta que el gobierno escuche sus reivindicaciones y cumpla sus obligaciones hacia sus ciudadanos. Exigen la derogación de unos decretos, los más importantes son el DL 1084, DL 1064, DL 1089 y DL 1090, por ser inconstitucionales o por ser contrarios a las leyes internacionales a las cuales Perú está suscrito. Además, denuncian la violación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. En el artículo 15.2 de este Convenio se lee "En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. [...]"
La Constitución de Perú establece que, a pesar de estar clasificados o no, todos los recursos naturales son Patrimonio de la Nación. Sin embargo, el Convenio 169 claramente reconoce la obligación del gobierno de consultar a los pueblos viviendo en el territorio antes de emprender cualquier acción de exploración o explotación, lo que también incluye otorgar la concesión. En más del 70% de los lotes de hidrocarburos, la concesión se otorgó sin consulta previa a los indígenas que habitan la zona. En el caso de los Airo Pai, los representantes Secoya fueron invitados a una reunión con PetroPerú en el mes de marzo del 2009, tres años después de la concesión. Esto no sólo viola el Convenio 169 del OIT sino que también es contrario a la Constitución del país.
El parón que se inició el 9 de abril y terminó trágicamente el 5 de junio del 2009, resultó en la derogación del decreto legislativo 1090. Una mesa de diálogo ha sido formada donde debaten las autoridades y los representantes indígenas pero sin resultado alguno. Tal vez encontremos la explicación del estancamiento de la situación en el discurso de Alan García del día 28 de julio. El Presidente pregunta quién se beneficiaría cuando se impide la explotación del gas o del petróleo encaminado a aumentar el potencial de Perú (5). Tal vez busque la respuesta en las semanas de acción de los indígenas amazónicos.
Un aprovechamiento adecuado de los recursos naturales de un país es importante para la economía nacional. Sin embargo, hace falta una política de hidrocarburos bien pensada y a largo plazo, que proteja a los pueblos y a la tierra contra los impactos sociales y ambientales irreversibles causados por las actividades extractivas. Además, el poder legislativo debe respetar la Constitución del país y todas las leyes internacionales a las cuales está subordinado. Si a todo esto se añade una participación ciudadana más activa, nos acercamos de la definición de "adecuado".
Felien De Smedt
Coordinadora del Norte de vzw Putumayo, una asociación belga trabajando con los indígenas en la Amazonía peruana.
Bibliografía
(1) FINER, Matt et al., ‘Oil and Gas Projects in the Western Amazon: Threats to Wilderness, Biodiversity, and Indigenous Peoples', PLos ONE, 3(8), 2008.
(2) GARCIA, Alán, El Síndrome del Perro Hortelano, 2007, http://www.elcomercio.com.pe/ edicionimpresa/html/2007-10-28/el_sindrome_del_perro_del_hort.html
(3) Defensoría del Pueblo, Los Conflictos Socioambientales por Actividades Extractivas en el Perú, 2007, http://www.business-humanrights.org/Links/Repository/526145
(4) DESMET, Ellen, Human rights, conservation and hydrocarbon exploitation: caught in-between.
A case-study of the Airo Pai in the Peruvian Amazon, UCSIA Interdisciplinary Conference
The local relevance of human rights, Universidad de Amberes, 17/18-10-2008.
(5) GARCIA, Alán, Mensaje a la Nación del Presidente Alán García 28 de julio 2009, http://consuladoperugenova.com/node/33
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