Número 12/Diciembre-enero 2009
Roger Casas
El pasado 2 de Diciembre el Tribunal Constitucional de Tailandia hizo pública la sentencia referida a la recomendación realizada por la Comisión Electoral dos meses antes, y que decretaba la disolución de tres de los seis partidos que formaban la coalición gubernamental en el poder desde enero pasado –entre ellos el Partido del Poder del Pueblo (PPP), que había obtenido una clara mayoría de votos en las elecciones parlamentarias de Diciembre de 2007. En el caso del PPP, la condena previa por fraude electoral de uno sólo de sus miembros ejecutivos, el ex portavoz del parlamento Yongyuth Tiyapairat, ha servido como pretexto para la disolución de la formación: de acuerdo con el artículo 237 de la constitución de 2007 todo grupo político es responsable del fraude cometido por cualesquiera de sus miembros ejecutivos. La decisión implica, además de la disolución de los partidos implicados, la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante cinco años para 60 miembros de los tres partidos, incluido el hasta la semana pasada Primer Ministro de Tailandia, Somchai Wongsawat. Inmediatamente después de conocer la decisión, Somchai renunció al cargo, y el hasta entonces vice–Primer Ministro, Chaovarat Chanweerakul, fue nombrado provisionalmente como nuevo jefe del ejecutivo.
La decisión judicial ha significado también el final de las movilizaciones puestas en marcha el pasado mes de mayo por la llamada Alianza Popular para la Democracia (APD). Centenares de miembros de la organización habían ocupado desde finales del agosto pasado las oficinas del gobierno y residencia del Primer Ministro en Bangkok, obligando al ejecutivo a reunirse en unas instalaciones habilitadas en el antiguo aeropuerto de la capital, Don Muang, y contribuyendo además a la destitución del anterior Primer Ministro, Samak Sundaravej, a comienzos de septiembre; a fines de noviembre miles de partidarios de la APD ocuparon tanto Don Muang como el nuevo aeropuerto de la capital, Suvarnabhumi, provocando la cancelación de miles de vuelos y pérdidas millonarias a la economía tailandesa –por no hablar del daño causado a la imagen internacional de uno de los mayores destinos turísticos del mundo.
El fin de las protestas de la APD ha traído consigo un considerable descenso en la tensión política extrema que se ha vivido en Tailandia durante los últimos meses, y que amenazaba con terminar, como hace dos años, en un golpe militar. El temido enfrentamiento general entre seguidores de la APD y los partidarios del gobierno, agrupados en el denominado Frente Unido para la Democracia contra la Dictadura (FUDD) no se ha producido, y el conflicto político se ha desplazado por así decir de las calles de Bangkok a los despachos, mientras los distintos partidos políticos todavía por ilegalizar (incluido el Puea Thai, que agrupa a los parlamentarios del ilegalizado PPP) se preparan de cara a la votación que conducirá a la formación de un nuevo gobierno de “unidad nacional”.
Sin embargo, una vez pasado el peligro inminente de un golpe de estado y un año después de que se celebraran las últimas elecciones en el país, todo indica que el complejo y profundo conflicto político que enfrenta a la sociedad tailandesa, y al que el golpe de estado de septiembre de 2006 trató de poner fin, está lejos de resolverse.
El origen de dicho conflicto ha de buscarse no en el golpe de estado que los militares llevaron a cabo en septiembre de 2006, como algunos medios han afirmado, sino en el período de gobierno del ex Primer Ministro y multimillonario Thaksin Shinawatra, entre 2001 y 2006; el poder económico y la popularidad de Thaksin convirtieron entonces al magnate y a su partido político, el Thai Rak Thai (nombre que podría traducirse como “los tailandeses que aman lo tailandés”), en un serio desafío al poder de las élites tradicionales, agrupadas en torno a la reverenciada figura del rey Bhumibol Adulyadej –el monarca que más tiempo lleva en el trono en todo el mundo y, según un reciente artículo publicado por la revista Forbes, poseedor de una fortuna valorada en 35,000 millones de dólares.
La segunda (e indiscutible) victoria electoral de Thaksin en el año 2005, y sobre todo la posterior y polémica venta de su imperio de telecomunicaciones, Shin Corporation, a una empresa de Singapur, se convirtieron en el detonante que provocó la formación en enero de 2006 de la APD, coalición que reúne en sus filas desde funcionarios monárquicos a hombres de negocios y empresarios no relacionados con Thaksin, pasando por activistas de ONGs y sindicatos o miembros del Partido Demócrata (PD), y encabezada por un puñado de personalidades mediáticas nacionales entre las que destacan otro magnate de las telecomunicaciones, Sonthi Limthongkul, anteriormente asociado a Thaksin, y Chamlong Srimuang, ex gobernador de Bangkok y líder de las protestas anti-dictadura de 1992. Los simpatizantes de la APD han expresado su filiación monárquica vistiendo camisetas de color amarillo –moda popularizada durante la celebración del 60 aniversario de la subida al trono de Bhumibol.
Las protestas organizadas por la APD lograron a comienzos de 2006 paralizar prácticamente la acción del gobierno Thaksin, que organizó elecciones anticipadas para abril de aquel año; las elecciones, presentadas como un plebiscito de apoyo al Primer Ministro, fueron sin embargo boicoteadas por los principales partidos de la oposición, y su resultado (una nueva victoria para Thaksin) fue finalmente anulado por la Comisión Electoral. La crisis política sólo se resolvería entonces (temporalmente) con el golpe de estado de septiembre de 2006, encabezado por el general Sonthi Boonyaratglin, y que según todos los indicios contaba con el apoyo de la monarquía. Las protestas de la APD ayudaron sin duda a legitimar la acción de los militares presentándola como un golpe “democrático”.
Tras el golpe, los militares nombraron Primer Ministro al ex General Surayud Chulanont, cuyo gobierno puso en marcha una campaña política y judicial destinada a terminar con el poder de Thaksin y los suyos: en Mayo de 2007 el TRT fue ilegalizado (también por el Tribunal Constitucional, y también bajo la acusación de fraude electoral) y 111 de sus miembros (Thaksin incluido) inhabilitados para ocupar cargos públicos durante cinco años; el gobierno Surayud anuló también la constitución de 1997 (considerada la más democrática de cuantas ha tenido hasta ahora el país), y en 2007 aprobó un nuevo texto que otorgaba mayor poder a los tribunales como medida de control sobre el ejecutivo.
La maniobra se demostró totalmente inútil: el gobierno Surayud no supo ganarse el apoyo popular, y el PD, la mayor formación de la oposición a Thaksin y principal beneficiado por la disolución del TRT, fue incapaz de consolidar una base de poder capaz de garantizar el triunfo en unas elecciones. Políticos y partidarios del disuelto TRT se reunieron bajo la bandera del PPP, que, dirigido por Samak, logró una victoria decisiva en las elecciones de diciembre de 2007, obteniendo 233 de los 480 escaños del parlamento; la coalición formada inmediatamente después por el PPP junto a otros cinco partidos dejó de nuevo al PD como único grupo en la oposición. A las pocas semanas de que el gobierno Samak tomara posesión, Thaksin, que desde el golpe de 2006 se encontraba exiliado en Gran Bretaña, regresaba a Tailandia.
Fuera o no Samak un simple títere de Thaksin, como muchos en Tailandia han afirmado, la actitud beligerante del nuevo Primer Ministro, los pobres resultados cosechados por la política económica del ejecutivo durante los primeros meses de su mandato, y la impresión generalizada de que su gobierno representaba una mera continuación del de Thaksin, hicieron descender vertiginosamente la popularidad del nuevo ejecutivo durante los primeros meses de 2008; finalmente, el intento por parte de Samak de modificar la constitución de 2007 con el fin de obtener un mayor margen de maniobra para su gobierno fue el pretexto utilizado por la APD para juntarse de nuevo y dar comienzo a las protestas anti-gubernamentales el pasado mes de mayo.
Como en 2006, los líderes de la APD se pusieron como objetivo terminar a cualquier precio con el gobierno del PPP. Pocos días después de la ocupación de la sede gubernamental, la noche del 1 al 2 de septiembre, partidarios de la APD y el FUDD se enfrentaron en las calles de Bangkok con el resultado de un muerto y decenas de heridos; los disturbios provocaron la declaración del estado de emergencia en la capital y el cierre temporal de aeropuertos y otras vías de comunicación. Finalmente, una semana después de los incidentes, Samak fue obligado a abandonar su cargo al frente del ejecutivo por un dictamen del Tribunal Constitucional que consideró que su participación en un programa televisivo de cocina, que se ha prolongado durante siete años, y por la que cobraba una cantidad indeterminada de dinero, entraba en conflicto con sus funciones como Primer Ministro. Tras la descalificación de Samak, el PPP nombró a Somchai Wongsawat, hasta ese momento vice-Primer Ministro y Ministro de Educación en el gobierno del primero, como nuevo Primer Ministro, con la esperanza de que su carácter conciliador ayudara a disminuir la tensión política en el país. Sin embargo, la APD identificó de inmediato a Somchai, cuñado de Thaksin, como una marioneta más del ex Primer Ministro. Pese a que Somchai levantó el estado de emergencia en Bangkok el 14 de septiembre, las protestas de la APD continuaron.
El 7 de octubre un nuevo enfrentamiento, producido esta vez entre las fuerzas del orden y simpatizantes de la APD que intentaban impedir la celebración de una sesión del parlamento, se saldó con dos muertos y más de 500 heridos, en su mayoría a causa del lanzamiento de granadas por parte de desconocidos. Durante las semanas siguientes los manifestantes que ocupaban las oficinas del ejecutivo sufrieron varios ataques similares llevados a cabo supuestamente por partidarios del gobierno del PPP; finalmente, ante el aumento de la violencia contra sus miembros, la APD se decidió a ocupar los aeropuertos de Bangkok con el fin de aumentar la presión sobre el gobierno Somchai.
Gracias al apoyo financiero supuestamente proporcionado por importantes hombres de negocios no vinculados a Thaksin, la APD ha sido capaz de prolongar las protestas durante varios meses. La formación ha sabido movilizar con éxito la simbología vinculada al movimiento pro-democracia de los años 70 (en especial a la oposición a la dictadura militar en 1973), y además de las simpatías de militares y magistrados la agrupación cuenta con apoyos en sindicatos y formaciones políticas como el PD. Por otro lado, sin embargo, tras la renuncia de Samak la agrupación pareció haber perdido parte del apoyo popular con que había contado hasta ese momento, y la opinión pública se mostraba en cualquier caso decididamente en contra de un nuevo golpe de estado –una encuesta realizada en agosto afirmaba que menos de un 5% de la población apoyaba entonces la solución militar.
Por otra parte, individuos y agrupaciones previamente asociados al ex Primer Ministro Thaksin cuentan todavía con un fuerte apoyo entre el electorado del país, y especialmente en el campo, un apoyo menospreciado por la APD y las clases medias de Bangkok como la “tiranía de la mayoría rural”: las políticas populistas del TRT (como por ejemplo la introducción de un sistema prácticamente gratuito de consulta médica) han hecho que todavía hoy un gran número de los habitantes de las zonas rurales (y en especial del Norte, región de origen de Thaksin, y el Noreste del país, desfavorecidas económicamente respecto al Centro y al Sur de Tailandia), tradicionalmente excluidos de la toma de decisiones políticas a nivel nacional, considere al ex Primer Ministro como el único político que se ha preocupado por aliviar su situación material.
Conscientes de que de organizarse unas nuevas elecciones los seguidores de Thaksin volverían a hacerse con la mayoría de los votos, durante las movilizaciones de los últimos meses los líderes de la APD han rechazado sistemáticamente todas las ofertas de negociación realizadas desde el gobierno, y propuesto un programa político alternativo: en principio, las protestas tenían como objetivo la dimisión del ejecutivo del PPP y el establecimiento de un “gobierno popular de reforma” que debería estar formado por un ejecutivo y un parlamento compuestos a su vez por personas “de espíritu ético y moral”, y que prescindiría de la ayuda de políticos profesionales con el fin de llevar a cabo la tan necesaria reforma política. Los líderes de la APD han propuesto también que en adelante el parlamento tailandés se componga de un 70% de diputados nombrados de modo directo (aunque sin especificar qué individuo o institución serían responsables de dicho nombramiento), frente a sólo un 30% de representantes elegidos a través de las urnas.
Y es que, mientras las acusaciones de corrupción y abuso de poder habitualmente elaboradas contra Thaksin son sin duda ciertas, el verdadero problema que condiciona la estabilidad política del país estriba, como ya se ha mencionado, en el desafío que el magnate y el TRT han supuesto para las redes tradicionales del poder en Tailandia. En este sentido, nadie duda de los lazos de la APD con el ejército y la familia real. Durante las movilizaciones de 2006 la formación pidió expresamente la intervención de las fuerzas armadas con el fin de poner término al mandato de Thaksin; durante las últimas protestas no se ha producido una petición tan explícita, aunque es evidente que los intentos de Samak y el PPP por asegurarse la lealtad de al menos parte del estamento militar han fracasado, y el hecho de que hasta el momento no se haya producido un nuevo golpe de estado se debe probablemente en mayor medida a la conciencia por parte de los militares y sus aliados de las repercusiones negativas que dicha acción podría tener de cara a la ya maltrecha economía tailandesa, que a un supuesto respeto al funcionamiento de las instituciones democráticas del país: tanto la negativa del jefe del ejército, General Anupong Paochinda, a desalojar a los manifestantes que ocupaban las oficinas del gobierno tras la declaración del estado de emergencia a comienzos de septiembre, como su intervención durante la ocupación de Suvarnabhumi, en la que hizo un llamamiento a la responsabilidad de las partes enfrentadas y “aconsejó” la dimisión del gobierno Somchai, parecen confirmar la sospecha de que las acciones de la APD contaban con el apoyo de al menos un sector importante del ejército –y también de la policía, como indica el relevo fulminante del jefe nacional de dicho cuerpo durante la crisis de los aeropuertos.
Sin embargo, las fuerzas armadas han preferido hasta ahora mantenerse en segundo plano. Ante el temor a los efectos que un nuevo golpe podría tener para la estabilidad interna y la imagen internacional del país, la “oposición estructural” al gobierno ha recurrido al uso de instrumentos “legales” para acabar con el poder del PPP. Tras el golpe de 2006, como ya se ha mencionado, el poder de los tribunales se vio enormemente incrementado, y desde la formación del gobierno Samak a comienzos del presente año, el PPP se ha visto sometido a una presión constante por parte de los jueces, cuyas decisiones provocaron la renuncia de los ministros de Asuntos Exteriores y Salud Pública. Jakrapob Penkair, miembro del gabinete del Primer Ministro, fue también obligado a abandonar su puesto en el gabinete a raíz de un discurso pronunciado en agosto de 2007 en el que supuestamente habría ofendido al rey Bhumipol, violando la ley de lesa majestad –violación que en Tailandia puede conllevar hasta 15 años de prisión.
Los tribunales han intentado también poner fin al poder político y económico de la familia Shinawatra: a comienzos de Aaosto la mujer de Thaksin, Potjaman, fue condenada a tres años de prisión por evasión de impuestos; a los pocos días de hacerse pública la sentencia, Thaksin abandonaba de nuevo Tailandia junto a su familia con destino a Londres. El 21 de Octubre el propio ex Primer Ministro fue declarado culpable de abuso de poder en relación a la compra de un terreno en Bangkok por parte de su esposa (que fue absuelta de todos los cargos), y condenado in absentia a dos años de prisión por el Tribunal Supremo. Tras la condena, y a pesar de haber afirmado en repetidas ocasiones que se abstendría de intervenir en la política tailandesa, Thaksin ha continuado interviniendo ocasionalmente en los asuntos políticos del país; en cualquier caso, el poder político y económico del magnate parece haber entrado en declive, en especial tras la decisión del gobierno británico de anular su visado para entrar en el país (decisión que conlleva además un reconocimiento implícito a las decisiones de los tribunales tailandeses), y pendiente la expropiación por parte del estado de más de 76 mil millones de Baht (alrededor de 1,500 millones de Euros) pertenecientes al magnate y que permanecen congelados en una cuenta del Banco Comercial de Siam.
Mientras la condena de Thaksin es vista por muchos como prueba del control a que las actuaciones irregulares del ejecutivo se ven sometidas en la actualidad en Tailandia, decisiones como las mencionadas, o como la tomada a comienzos de octubre por el Tribunal Administrativo, que desestimó los cargos de traición contra nueve líderes de la APD, han hecho que la reciente disolución del PPP haya sido lógicamente interpretada como un verdadero “golpe judicial” promovido y defendido por los mismos grupos que en septiembre de 2006 pusieron fin al gobierno de Thaksin.
Por otra parte, y aduciendo la no implicación del monarca en los asuntos políticos del reino –y a pesar de sus anteriores intervenciones (en especial durante las protestas contra la dictadura militar en 1973 y 1992, pero también durante la violencia militar y paramilitar de octubre de 1976)–, la casa real tailandesa ha guardado silencio durante la crisis; la única intervención directa del monarca se produjo hace varios meses, cuando Bhumibol desaconsejó al entonces Primer Ministro Samak el uso de la fuerza contra los manifestantes de la APD. Posteriormente, la familia real ha dejado claro su apoyo a la formación: la reina Sirikit asistió junto a una de las princesas reales al funeral celebrado por uno de los dos simpatizantes de la APD que perdieron la vida en la violencia del 7 de octubre, gesto que contrasta con la ausencia de miembros de la familia real en el celebrado por la única víctima mortal del enfrentamiento del 2 de septiembre –simpatizante de la pro-gubernamental FUDD. Tras la decisión judicial que ha supuesto la renuncia de Somchai y la disolución del PPP, se esperaba con expectación el discurso que como cada año realiza el monarca con motivo de su cumpleaños. Sin embargo, la alocución ha sido este año suspendida por vez primera, debido según la versión oficial ofrecida por el palacio a una supuesta enfermedad leve de Bhumibol.
En cualquier caso, y mientras se decide estos días la composición de un nuevo gobierno en el que aparentemente tendrán cabida miembros del PD, la incertidumbre política parece prolongarse indefinidamente en Tailandia. Por un lado, la agitación política durante los últimos meses ha impedido que el gobierno hiciera frente de manera efectiva a los graves problemas que acucian al país –entre ellos la crisis económica, la disputa fronteriza con Camboya en torno al templo de Preah Vihear, o la insurgencia fundamentalista en el Sur, que se ha cobrado desde enero de 2004 alrededor de 3,400 víctimas mortales, y cuya solución dialogada parece todavía lejana.
Por otro lado, la violencia de los últimos meses ha puesto de relieve el fracaso de la reforma del sistema democrático tailandés emprendida por la constitución de 1997, destinada al afianzamiento en el país del estado de derecho a través de la creación de varias instituciones independientes principalmente destinadas a aumentar el control sobre el ejecutivo. Los militares utilizaron el supuesto abuso que Thaksin y los suyos hicieron de la constitución como uno de los pretextos para llevar a cabo el golpe de septiembre de 2006; la nueva carta magna redactada y aprobada en referendo en 2007, redactada por los militares, aumentó todavía más el control sobre el ejecutivo, al tiempo que conducía al país en una dirección más autoritaria.
Hoy todo indica que tanto el sistema que la constitución de 1997 trataba de asentar como la confianza en el sistema democrático se encuentran gravemente dañados. Una nueva reforma de la constitución que dejara al ejecutivo libre del constante intervencionismo judicial y de la amenaza de un nuevo golpe de estado, ayudaría sin duda a la recuperación a medio plazo de la eficacia de las instituciones democráticas y del sistema político en general. Sin embargo, es difícil predecir la manera en que tal reforma podría ponerse en marcha sin empeorar la ya delicada situación política del país.
Roger Casas
ha trabajado durante los últimos años como coordinador local en un proyecto UNESCO de preservación cultural en la República Popular China. En la actualidad cursa un Máster en Desarrollo Sostenible en la Universidad de Chiang Mai, Tailandia.
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