Número 3/Junio-Julio 2007
Soraya Carvajal B.
El camino del Tratado de Libre Comercio-TLC entre Colombia y Estados Unidos se encuentra muy enredado debido a una serie de cambios políticos de orden interno y externo en los dos países, que han frenado la ratificación del mismo por parte del Congreso de los Estados Unidos y por tanto su entrada en vigor.
El regreso de los demócratas al control del Congreso norteamericano desde el pasado mes de noviembre, y su tensa relación con el gobierno republicano, especialmente por la guerra en Irak; la debilidad política del presidente Bush, que sigue viviendo horas bajas y el escándalo de la para-política en Colombia que día a día salpica a políticos cercanos al gobierno de Álvaro Uribe, incluidos el Vicepresidente y el Ministro de Defensa, han hecho que se frene la ratificación del acuerdo bilateral.
Cabe precisar que después de casi 3 años de negociación, el TLC entre Estados Unidos y Colombia se firmó en noviembre de 2006, pese a la petición específica del Partido Demócrata al gobierno Bush para no firmarlo. Este acuerdo comercial que se negoció junto con los TLC de Panamá, Perú y Corea del Sur, es promovido por el gobierno colombiano como la mejor oportunidad para el comercio y el crecimiento de la economía nacional.
Pero, la mayoría demócrata en el Congreso de los Estados Unidos ha modificado la situación para el gobierno colombiano, que como principal aliado de Estados Unidos en la región, ha gozado de ciertos apoyos, como los 4000 millones de dólares entregados desde el año 2000 para la financiación del Plan Colombia (y sus estrategias antidrogas y antisubversiva) y que tiene aprobados 600 millones de dólares anuales, adicionales hasta 2008, aunque actualmente algunos representantes demócratas hablen de la necesidad de reorientar el Plan hacia aspectos más sociales.
Hoy, el gobierno colombiano ha quedado en medio de la confrontación política entre demócratas y republicanos que se encuentran en año preelectoral y que llevan a pensar, como lo asegura el vicepresidente colombiano Francisco Santos, que “Colombia está siendo víctima del fuego amigo”
A este respecto, analistas como Michael Shifter, vicepresidente del centro de investigación Diálogo Interamericano ha señalado que "los demócratas quieren mandar el mensaje de que no están de acuerdo con los TLC negociados por la administración de Bush y que están preocupados por los derechos humanos en Colombia".
De la misma manera, Daniel Restrepo, del Center For American Express, instituto cercano a los demócratas, ha asegurado que "El problema grave del TLC no tiene nada que ver con Colombia o Uribe, sino con la política general de Estados Unidos con los acuerdos comerciales en general". Restrepo señaló además, que el gobierno colombiano no tuvo que lidiar hasta ahora con un poder dividido en Washington y esto genera desconcierto.
Esta situación quedó ratificada en la reciente reunión sostenida en Washington entre el presidente colombiano y un grupo de representantes demócratas, liderados por la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, quien aclaró ante Uribe que hoy la mayoría parlamentaria es otra, que los demócratas no miran con buenos ojos los acuerdos de libre comercio y tienen “serias preocupaciones” por la situación en Colombia.
Así, Pelosi y su bancada condicionaron la aprobación del TLC a la reforma del texto, a fin de incluir normas que garanticen los derechos de los trabajadores y la protección del medio ambiente. Los demócratas exigen a las autoridades colombianas medidas para combatir la impunidad, especialmente en lo relacionado con los asesinatos de sindicalistas, y que se atiendan las denuncias contra algunas multinacionales norteamericanas que operan en Colombia –entre ellas Drummond y Chiquita Brands - acusadas de apoyar a grupos paramilitares.
Buscando solucionar la pugna, el pasado 10 de mayo, el gobierno de Estados Unidos y los representantes demócratas llegaron a un acuerdo para la suscripción de los TLC y otros tratados comerciales. Este acuerdo implicará la revisión de los TLC ya negociados. Al amparo de ello, los congresistas demócratas Sander Levin y Charles Rangel anunciaron que mientras que los tratados con Panamá y Perú deben abordar asuntos particulares más fáciles, los firmados con Colombia y Corea del Sur necesitarán una “difícil revisión”.
De esta manera, los contenidos de los tratados negociados con Colombia, Perú, Panamá y Corea del Sur tendrán que ser cambiados en lo relacionado con asuntos laborales (cumplir los cinco principios básicos de la Organización Internacional del Trabajo-OIT), ambientales (cumplir los siete principales acuerdos multilaterales ambientales), aplicar penalidades si no se cumplen las normas laborales y ambientales, eliminar requerimientos para detener la aprobación de un medicamento genérico antes de certificar que no se viola una patente y eliminar la exigencia de dar mayor protección a un medicamento de marca cuando haya demoras en trámites.
Pero además, el acuerdo entre demócratas y republicanos ordena incluir “explícitamente” una disposición que limite la protección a las inversiones que hagan empresarios de países socios, con el fin de impedir que gocen de “derechos sustantivos mayores” a los que tienen los inversionistas norteamericanos en su país y también aclara que “Estados Unidos tiene una total e indiscutible autoridad para impedir que compañías extranjeras operen puertos estadounidenses, fundamentada en consideraciones de seguridad nacional”.
En el caso de Colombia, el respaldo al TLC por parte de los demócratas, está condicionado a que el gobierno colombiano implemente medidas adicionales para eliminar la impunidad en los asesinatos de sindicalistas, las violaciones de los derechos humanos y que se esclarezcan los vínculos entre gobierno, congresistas y paramilitares, pues el escándalo dela para-política y las escuchas telefónicas ilegales a políticos, dirigentes y periodistas han tenido amplia repercusión en ese país.
En este mismo sentido, el pasado 10 de mayo los congresistas Rangel y Levin, presidente del Subcomité de Comercio, dirigieron una carta a la Representante Comercial de los Estados Unidos, Susan Schwab, manifestándole que se había logrado un acuerdo sobre temas a incluir en los tratados de Colombia, Corea del Sur, Panamá y Perú como requisito para debatirlos en el Congreso, pero aclarando que en el caso de Colombia hay "problemas especiales que no están presentes en los de Perú y Panamá" y que es necesario dar algunos "pasos adicionales", antes de que se pueda "considerar" el TLC con el país. Estos problemas se refieren a la "violencia sistemática y persistente contra los sindicalistas y otros defensores de los derechos humanos, la impunidad y el papel de los paramilitares en estos crímenes" y para ello, los demócratas reclaman "un reforzamiento masivo de la Fiscalía General de la Nación que permita esclarecer los crímenes de los sindicalistas y aquellos cometidos por los paramilitares".
Esta situación ha generado malestar entre el gobierno y los representantes de los principales gremios económicos colombianos, quienes sienten que el país está siendo tratado injustamente. Esta percepción se evidenció la semana anterior, en la ceremonia de posesión del nuevo comandante de la policía, cuando el Presidente Uribe airadamente señaló "por favor señores de la Embajada de los Estados Unidos, que lo sepa el Congreso norteamericano, porque nosotros no podemos aceptar que se apruebe el TLC a Panamá y a Perú, y se castigue a Colombia en esta batalla, (que) se le dé un tratamiento de paria. ¡Eso es inaceptable!".
Sin embargo, y pese a que el gobierno colombiano ha intensificado el cabildeo en Washington, todo parece indicar que el congreso de E.U no le dará vía libre al TLC, teniendo en cuenta además que este organismo entra en receso el próximo 3 de agosto.
A esto se suma que el 30 de junio vencen las preferencias arancelarias para los países andinos en Estados Unidos (conocidas como ATPDEA) y aunque podrían prorrogarse hasta el 31 de diciembre –siempre que el TLC haya sido ratificado por ambos países-, todo indica que esto no sucederá y que el gobierno colombiano deberá conformarse con que probablemente el congreso norteamericano extienda las preferencias andinas hasta por dos años más.
TLC: ¿oportunidad de oro o sometimiento de la soberanía?
El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos es promovido por el gobierno colombiano, líderes gremiales y algunos analistas como una magnífica oportunidad económica para el país pues permitirá el acceso sin aranceles a los E.U, de casi toda la oferta industrial colombiana exportable; la generación de estabilidad jurídica para los inversionistas y el posicionamiento de Colombia como una plataforma de entrada a los E.U para empresarios de terceros países, generando así mayor inversión nacional y extranjera en el país; el TLC también le reportaría a Colombia beneficios como el crecimiento económico, crecimiento del volumen de comercio internacional, mejora de la percepción internacional del país, acceso de las empresas colombianas a las compras del sector público estadounidense, fortalecimiento de los controles a la biopiratería, mejorando la protección de la biodiversidad; acceso a capacitación, asistencia técnica y transferencia tecnológica, entre otros aspectos.
Sin embargo, hay voces que disienten y que por el contrario encuentran el TLC altamente inconveniente para los intereses nacionales. Entre ellas está la del senador Jorge Robledo, del partido opositor Polo Democrático Independiente-PDI, quien ha manifestado abiertamente que el tratado golpea la soberanía del país y lo somete al dominio extranjero. El congresista afirma que la primera muestra de violación de la soberanía es que el tratado menciona la extensión, límites y fronteras de Colombia sin tener en cuenta su plataforma marina, mientras que sí detalla minuciosamente cómo será la economía colombiana, pues “es una especie de constitución económica para el país y no podrá ser cambiado ni en una coma, sin pedirle permiso a los Estados Unidos, así se comprobare el daño a la economía”.
Robledo también ha asegurado que aunque el país se ahorrará 160 millones de dólares por pago de aranceles, esta suma es insignificante frente a los mil millones de dólares en que se encarecerán los medicamentos y los millones que perderá Colombia por la eliminación de los aranceles a los productos norteamericanos, pues el volumen de las importaciones crecerá. En este sentido, el Departamento Nacional de Planeación- DNP estima que el país dejará de percibir 600 millones de dólares por aranceles, afectando el fisco nacional.
El Congresista del PDI ha señalado además que el TLC golpeará la industria nacional porque mientras en E.U los subsidios a este sector alcanzan los 128 mil millones de dólares, los de Colombia sólo alcanzan los 53 millones de dólares y que en el agro se tendrán cuantiosas pérdidas en los cultivos de trigo, cebada, palma africana, soya, entre otros, en los que el país no está en capacidad de competir.
Por su parte, la Red Colombiana de Acción frente al Libre Comercio y el ALCA, Recalca, desde el año 2004 ha venido criticando que el gobierno nacional aceptara negociar todos los temas y todo el universo arancelario, “ retrocediendo con respecto a las definiciones de la Organización Mundial del Comercio-OMC que excluye de las negociaciones comerciales temas como la inversión, compras estatales o servicios”, mientras que Estados Unidos sí se reservó el derecho de proteger su industria y su agricultura.
Además, analistas como Ivanov Russi, quien se declara creyente de la liberalización comercial y la integración, y reconoce las ventajas del TLC, también advierte de aspectos negativos en el mismo, como el acceso de las empresas norteamericanas a las compras del sector público, porque éstas son mucho mayores que las colombianas y capaces de generar grandes economías de escala, por lo que en una licitación abierta difícilmente podrán competir.
Russi también asegura que Colombia eventualmente podría estar sometida a sanciones económicas y comerciales por incumplir la legislación laboral y generar dumping social; que el endurecimiento de las normas de propiedad intelectual representan el mayor costo económico del tratado pues un estudio de la Organización Panamericana de la Salud-OPS fija en 400 millones de dólares el costo económico de prolongar la protección de las patentes solamente del sector farmacéutico, mientras que aumentar el espectro de la patentabilidad generaría un costo para la población colombiana de 1200 millones de dólares.
A su vez la analista Clara López O, considera que las modificaciones del TLC exigidas por los demócratas lejos de ser beneficiosas para Colombia, atienden los intereses estratégicos de los Estados Unidos, evidencian la incapacidad del gobierno colombiano para imponer la vigencia del Estado de derecho en su propio territorio y ponen las temáticas laboral, ambiental y de justicia lejos de los tribunales nacionales, llevándolas ante los cuerpos colegiados de un país que se niega a suscribir el Tratado de Kyoto, al igual que acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo.
Futuro del TLC
Hoy es claro que, pese al esfuerzo y al “lobby” del gobierno colombiano en Washington, es improbable que el TLC sea ratificado en el corto plazo por el Congreso norteamericano pues los vaivenes de la política doméstica de los Estados Unidos, donde se vive un ambiente preelectoral que condiciona muchas iniciativas y decisiones; la cercanía de Uribe con el gobierno Bush, que ahora le genera resistencia entre los demócratas que controlan las dos cámaras y el escándalo que se vive en Colombia con el tema de la para-política, principal motor de los cuestionamientos por impunidad y violación de derechos humanos, se erigen como principales escollos.
Y el TLC se ve aún más remoto por la decisión del presidente Uribe de liberar a guerrilleros de las Farc antes del 7 de junio, por “razones de Estado”, que aún no ha explicado, y por su propuesta de excarcelación para los paramilitares y políticos cómplices -que confiesen la totalidad de sus delitos y crímenes- argumentando que todos los casos no son iguales y que no hay peor castigo para un político que la sanción moral de sus conciudadanos. Estas propuestas, que han generado una gran polémica y el rechazo de numerosos sectores en el país, y que además van en contravía de las exigencias del congreso norteamericano para aprobar el TLC, están lejos de desmentir que la sombra de la impunidad sigue planeando sobre Colombia.
Soraya Carvajal B.
Periodista especializada en Relaciones Internacionales
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