Soraya Carvajal B.
En las últimas semanas los ciudadanos colombianos se han visto sorprendidos por dos noticias, aparentemente contradictorias, pero con un elemento común: la violación de los derechos humanos de la población civil, por parte de distintos actores armados y por agentes del Estado.
El 26 de octubre el ex congresista Oscar Tulio Lizcano recobró la libertad, tras una difícil fuga y después de más de ocho años de secuestro por parte de la guerrilla de las Farc. Y mientras el país celebrara el regreso del político que más tiempo estuvo en poder del grupo armado, se destapaba un gran escándalo que ha producido un verdadero terremoto político en el país: las ejecuciones extrajudiciales de personas inocentes por parte de miembros del Ejército y su posterior presentación como delincuentes o guerrilleros caídos en combate.
Pero vamos por partes... Cuando Óscar Tulio Lizcano y su carcelero, el guerrillero Wilson Bueno Largo, alias “Isaza”, encontraron a un grupo de soldados de la Brigada XIV del Ejército, después de una frenética fuga de tres días por la zona selvática del departamento de Risaralda, aproximadamente 200 kms al suroeste de Bogotá, el ex parlamentario colombiano recuperó su vida, su libertad, la compañía de su familia e incluso la posibilidad de hablar, pues durante la mayor parte del plagio estuvo sólo y con la prohibición de hablar con los subversivos, motivo por el cual, como ejercicio mental, Lizcano dice que puso nombres y les dictaba clases de filosofía a los diferentes árboles que le rodeaban.
Durante su largo secuestro el político permaneció en precarias condiciones, con escasa alimentación y sometido a los rigores de la selva, donde vivió un largo rosario de enfermedades como leishmaniasis, paludismo cerebral, desnutrición, leptospirosis, anemia, infecciones digestivas y urinarias, entre otras, que a los 63 años le han dejado su salud menguada.
En sus primeras declaraciones el ex congresista señaló que, pese a la desconfianza inicial por la propuesta de fuga planteada por Isaza, finalmente decidió aceptarla y emprender la huída, desesperado por el secuestro, al no ver avances en la propuesta de intercambio humanitario (de políticos, policías y militares secuestrados por las Farc, por guerrilleros presos en las cárceles del país) y por tener la convicción de que debido a sus problemas de salud sería fusilado por el grupo armado.
Pero la huída de Lizcano también evidenció el cansancio, decepción y hastío que viven muchos integrantes de las Farc, pues tras 12 años en las filas del grupo armado, “Isaza”, el carcelero del ex congresista, se convenció de que no tenía futuro y de que la única alternativa para intentar rehacer su vida era escapar junto con su rehén. Por eso, no fue extraño que al entregarse a las autoridades fuera enfático al afirmar que “las Farc están muy reducidas, sin orientación política y van a desaparecer. Son unos guerrilleros sin moral y con una descomposición interna".
Y es que los estudiosos del conflicto armado colombiano coinciden en que la fuga de Lizcano es un nuevo golpe a las Farc que se suma a las muertes de Tirofijo, líder histórico del grupo armado; Raúl Reyes e Iván Ríos, miembros del secretariado (mando central) y al rescate de Ingrid Betancourt, los tres contratistas norteamericanos y once policías y militares en la operación Jaque.
Pero además, analistas políticos coinciden en que otro elemento que ha golpeado fuertemente a la guerrilla es la estrategia del gobierno encaminada a estimular las desmovilizaciones de guerrilleros y que, según datos del Programa de Desmovilización del Ministerio de Defensa, ha dejado casi 2.500 guerrilleros desmovilizados a lo largo del 2008.
Pero, para expertos y neófitos también es claro que las Farc son una organización fuerte, jerarquizada, con recursos y que lejos está de ser derrotada militarmente.
Por eso, y aunque las vías oficiales de negociación siguen cerradas, un grupo de intelectuales le propuso a esta guerrilla establecer un “diálogo epistolar” para continuar buscando salidas políticas al conflicto, al canje humanitario y la paz en Colombia, iniciativa que fue aceptada por el grupo armado.
Mientras tanto, Óscar Tulio Lizcano que decidió abandonar definitivamente la política activa, sigue firme en sus esfuerzos por lograr que a “Isaza” le cumplan con los beneficios que le prometieron inicialmente (una recompensa económica y asilo en Francia) y además se ha convertido en uno de los principales promotores de la gran marcha que el próximo 28 de noviembre se realizará en distintas ciudades del mundo, para exigir la liberación sin condiciones de todas las personas que permanecen secuestradas en Colombia, algunos de los cuales llevan más de una década consumiéndose en la selva.
La tragedia que se esconde tras los “falsos positivos”
El 29 de octubre el comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla, anunció el retiro de 27 oficiales, entre ellos tres generales, en respuesta a la fuerte polémica generada en el país por la implicación de militares en la desaparición y muerte de personas inocentes, que posteriormente fueron presentadas como guerrilleros o delincuentes “dados de baja”, en lo que ha pasado a denominarse como “falsos positivos”.
En el mes de enero 11 hombres desaparecieron, en diferentes circunstancias, en la localidad de Soacha, una zona popular al sur de Bogotá. Sus familiares los buscaron en diferentes lugares, entablaron las denuncias pertinentes y a mitad del año empezaron a recibir noticias: sus cadáveres fueron encontrados enterrados en fosas comunes de la población de Ocaña, a más de 400 kilómetros de sus hogares, y varios de ellos habían sido señalados como subversivos “caídos en combate”, por parte de las autoridades
Sin embargo, tras las firmes protestas de los familiares, ongs y organizaciones de derechos humanos, una investigación ha establecido que los jóvenes, todos de extracción popular y algunos de ellos desempleados o con problemas de drogas, desaparecieron atraídos por una supuesta oferta laboral hecha por personas desconocidas y a los pocos días fueron asesinados en otro extremo del país por miembros del Ejército.
Numerosos casos más se fueron conociendo en distintas zonas del país y las voces de protesta se intensificaron a la vez que las investigaciones señalaban que los “falsos positivos” de Soacha no han sido una situación aislada, sino una práctica que se ha venido presentando con cierta regularidad desde años atrás y además se cree que muchas de estas actuaciones han estado asociadas al otorgamiento de recompensas, días libres o promociones hacia los uniformados.
Ante esta situación, el presidente Álvaro Uribe ha pasado de negar enfáticamente las ejecuciones extrajudiciales, a asegurar que los crímenes en “algunas regiones tienen por interés...asesinar inocentes para dar la sensación de que se está enfrentado a los criminales en esas regiones, cuando son los verdaderos criminales los asociados con integrantes del ejército para cometer estos crímenes, para desorientar y para mantener esos criminales intactos en el teatro de acción de su actividad delictiva”.
Por eso, la decisión del gobierno de hacer una ejemplar purga en el Ejército -aunque las destituciones no tendrán consecuencias penales y disciplinarias hasta que la Fiscalía y la Procuraduría así lo determinen- ha sido entendida en el país como una acción con la que Uribe Vélez pone freno a las voces que pretenden vincularlo con las irregularidades, atiende a los llamamientos de la comunidad internacional a favor de la defensa de los derechos humanos y envía un mensaje contundente a las Fuerzas Armadas sobre la gravedad e intolerancia frente a estos crímenes.
Y es que las investigaciones de las autoridades y organismos de derechos humanos indican que existen distintas modalidades de “falsos positivos”, que van de la muerte por error de una persona, sin admitirlo, para presentar después al fallecido como guerrillero; el asesinato de personas en alto grado de vulnerabilidad (drogadictos, enfermos mentales, delincuentes, etc.) a los que se presenta como “bajas” para obtener recompensas o aumentar los éxitos militares; el asesinato de personas sospechosas de tener vínculos con la guerrilla, simulando que ha sido durante combates y finalmente las investigaciones han establecido la alianza entre miembros del Ejército y sectores de la mafia o paramilitares que, con engaños, reclutan y asesinan a personas inocentes para después presentarlos como bajas, mientras los verdaderos delincuentes siguen actuando protegidos.
En este sentido, el senador Gustavo Petro, del partido opositor Polo Democrático Alternativo, ha señalado que esta situación obedece a una alianza entre sectores del ejército y el paramilitarismo y responsabilizó al Presidente de la República, porque, en su opinión, las desapariciones de los jóvenes obedecen a una política gubernamental, basada en los ascensos medidos por bajas, mientras que a los paramilitares se les garantiza el control de su territorio.
Petro aseguró además que estos crímenes se pueden denunciar ante la Corte Penal Internacional, pues "la desaparición forzada, sistemática, de miles de civiles y su posterior asesinato bajo la modalidad de ejecuciones en estado de indefensión para ser presentados como bajas en combate, constituye un delito de lesa humanidad, inscrito y tipificado en el Estatuto de Roma, ratificado por el Estado colombiano".
De la misma manera, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Navanetham Pillay aseguró que “un delito se convierte en crimen de lesa humanidad si es difundido y sistemático contra la población civil, nosotros estamos observando y manteniendo un registro de las ejecuciones extrajudiciales y parece ser que efectivamente sea sistemática y difundida esta práctica en mi visión".
Sin embargo, la Alta Comisionada reconoció que el Gobierno de Colombia viene haciendo esfuerzos para combatir estas prácticas y otras violaciones a los derechos humanos, en medio de un dilatado conflicto interno, pero aseguró que podría darse una eventual intervención de la CPI si no hay acciones concretas para acabar estos delitos.
"La meta es que las autoridades nacionales investiguen estos crímenes y persigan a los autores. Solamente cuando un país no puede o no tiene la voluntad política de investigar y perseguir esos crímenes graves en esa situación la Corte Penal Internacional tendría autoridad para intervenir", precisó Pillay.
A su vez, Marcelo Pollack, uno de de los investigadores sobre Colombia de Amnistía Internacional aseguró a medios de comunicación del país, que “las ejecuciones extrajudiciales no son un tema nuevo. Amnistía y otras organizaciones de derechos humanos en Colombia y en el exterior habíamos venido denunciándolas hace muchos años. Lo que sucede es que hasta ahora el Gobierno se había negado a aceptarlo. Por eso hemos declarado que el hecho de que haya reconocido la existencia de tal situación es un primer paso para buscar soluciones”.
Para este investigador “El patrón de las ejecuciones extrajudiciales es sistemático y generalizado (…) estamos hablando de miles de personas asesinadas y desaparecidas en décadas” y por eso, aunque afirma que el hecho de que el gobierno haya reconocido la existencia del problema es un paso, también afirma que “relevar a unos cuantos generales no es la solución completa. Se necesita mucho más. El Gobierno debe impulsar las investigaciones de todos los casos que han denunciado las organizaciones de Derechos Humanos sobre ejecuciones y también tiene que comprometerse a que sea la justicia ordinaria y no la penal militar la que asumirá los procesos. Ya no es aceptable que las cortes marciales sigan investigando y cerrando casos”.
Ante la polémica, la presión internacional y de los organismos de derechos humanos, el presidente aceptó también la renuncia del comandante del Ejército, general Mario Montoya, y nombró en su lugar al general Óscar González, quien se ha comprometido a desterrar los “falsos positivos” y las conductas impropias por parte de los integrantes del Ejército, aunque ha reiterado que esa “no es una conducta institucional, ni patrocinada por los mandos en ninguno de los niveles”.
Sin embargo González, ha reconocido abiertamente el peligro que implica la vinculación entre integrantes del Ejército y sectores del narcotráfico y ha afirmado que “a nuestro Ejército nunca lo va a destruir una amenaza guerrillera o paramilitar, pero la corrupción puede erosionar y hacerles mucho daño a las Fuerzas Militares y de Policía. El peligro de corrupción por el narcotráfico y el riesgo de violación de derechos humanos por parte de algunos miembros de nuestro cuerpo son mis más grandes preocupaciones”.
Y mientras se conocía la destitución de 13 militares más, implicados en desapariciones y asesinatos de personas presentadas como “falsos positivos”, el país era testigo de un nuevo golpe a las víctimas de la violencia y se evidenciaba el largo camino que aún falta recorrer en Colombia en favor de los derechos humanos. Tras varios tropiezos la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de Ley de Reparación de Víctimas que dejó numerosos sinsabores entre los promotores de la norma y los familiares de las víctimas, pues los legisladores, liderados por la bancada de gobierno, pretenden establecer diferentes parámetros para la reparación de las víctimas de los agentes del Estado y los damnificados de los grupos al margen de la ley.
A su vez, el congresista Guillermo Rivera, del partido Liberal (promotor de la Ley), pidió el retiro del proyecto en curso, pues en su opinión “a las víctimas de agencias del Estado no se les puede poner a esperar años para su reparación, en tanto que a los damnificados de los grupos al margen de la ley, en un lapso de 18 meses, se les podría estar garantizando esa reparación".
Igualmente, el senador Juan Fernando Cristo, rechazó el texto aprobado por la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y aseguró que no tiene sentido aprobar una ley que permite que las víctimas de agentes del Estado sean reparadas por el gobierno como si se tratara de “una limosna”.
En ese mismo sentido la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, emitió un comunicado desaprobando el proyecto de Ley porque "excluye a las personas que en el futuro puedan resultar víctimas, al establecer que sólo quienes hayan sido víctimas con anterioridad a la aprobación de la ley pueden solicitar ser registradas como tales" y también hizo un llamamiento a favor de la igualdad, recordando que “para hacer efectiva la reparación a las víctimas, los programas deben beneficiar por igual a víctimas de grupos armados ilegales y de agentes del Estado”.
Por todo esto, los representantes de las organizaciones civiles han manifestado claramente su rechazo al texto aprobado, pero además cuestionan que las víctimas de los agentes de Estado solamente podrían ser reparadas tras un largo proceso y en base a una sentencia judicial ejecutoria, con un monto máximo cercano a los 18 millones de pesos (6.100 euros aproximadamente), mientras las indemnizaciones por procesos contencioso administrativos, que se tasan en gramos oro, superan los 100 millones de pesos (más de 34.000 euros).
En opinión de Iván Cepeda, representante del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado todo se redujo a "sumar y restar cuánto cuestan las víctimas con un criterio mezquino y atentando contra la dignidad de ellas al establecer una regateo en las indemnizaciones" y aseguró que una comisión integrada por varias ONG se reunirá próximamente en Washington con congresistas republicanos y demócratas y con asesores del presidente electo Barack Obama para denunciar esta compleja situación.
Y mientras los familiares de las 11 víctimas de Soacha siguen pidiendo justicia, afirman estar atemorizadas porque en los últimos días dos hombres extraños han estado vigilando sus casas.
Soraya Carvajal B.
Periodista
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