Número 1/ Febrero-Marzo 2007
Soraya Carvajal Barona
“Para-política” es el nuevo término acuñado en Colombia para designar lo que en el país era un “secreto a voces” y que se confirmó a lo largo del 2006: la directa relación entre políticos, empresarios, sectores de las Fuerzas Armadas y grupos paramilitares o “autodefensas”, y la amplia injerencia de éstos en la vida política del país.
Cuando en junio de 2006 las autoridades decomisaron el computador del principal jefe paramilitar de la Costa Atlántica (norte de Colombia), Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”, el país los colombianos comenzaron a comprender la dimensión de este flagelo que durante 20 años de guerra ha dejado miles de muertos, un partido político prácticamente exterminado y más de 2.5 millones de campesinos desplazados de sus hogares, usando como fórmula un complejo entramado militar, político, económico y social que ha tenido un enorme poder corruptor.
En el computador aparecían registrados detalladamente los asesinatos de 60 líderes sociales cometidos en los dos últimos años en la ciudad de Barranquilla, principal centro urbano y económico del norte del país. También se reflejaba la trama que unía a autodefensas y numerosos congresistas, gobernadores, alcaldes y concejales de la región, representantes de los intereses de estos grupos armados.
Los archivos también consignaban la estrategia diseñada para manipular los procesos electorales, basándose en la segmentación de votos, amenazas a candidatos opositores y candidaturas únicas, favoreciendo así los políticos aliados. La información del computador mostraba además la manera en que los presupuestos públicos procedentes de la explotación del carbón y el petróleo, al igual que los recursos del sector de la salud se convirtieron en fuente de financiación de estos grupos delictivos, junto con la extorsión a la contratación pública.
Todo este entramado político-militar ha dado como resultado que, según los mismos paramilitares, hoy tengan el control del 35% del Congreso
Y los pilares de este perverso modelo quedaron claramente expuestos en la declaración de Salvatore Mancuso, jefe del Estado Mayor de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, y primer paramilitar en brindar testimonio en el marco del proceso de desmovilización, declaró con la total tranquilidad la autoría de 336 asesinatos de campesinos, sindicalistas, líderes cívicos y de organizaciones sociales, académicos y políticos.
El jefe paramilitar dio a conocer además, que oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía entregaban armas y entrenaban a combatientes de las AUC en sus cuarteles, transportaban paramilitares en sus camiones y elaboraban listas para masacres y asesinatos selectivos.
Mancuso, que gracias al proceso de desmovilización de los paramilitares, liderado por el gobierno de Álvaro Uribe, sólo estará detenido un máximo de ocho años, restando el tiempo que ya ha pasado encarcelado, relató en su versión libre la manera como reclutó, entrenó, dotó de armas y transportó a sus hombres para cometer múltiples masacres, argumentando siempre que sus ataques estaban dirigidos contra insurgentes o población auxiliadora de la guerrilla y que para ello contaba con información de organismos de inteligencia y de altos oficiales de las Fuerzas Armadas. Se negó así a admitir que las víctimas fueran humildes campesinos, atrapados en medio de una guerra que no les pertenecía, los cuales, en la mayoría de los casos, fueron sacados de sus casas o asesinados delante de sus familiares. Tampoco habló de los millones de colombianos que la lucha entre guerrilla y paramilitares ha desplazado de sus viviendas, ni de las miles de hectáreas que las autodefensas se han apoderado por esta vía.
Al escándalo de la para-política en Colombia se ha sumado la dimisión de Jorge Noguera, director del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, principal organismo de inteligencia del país, quien está siendo investigado por la Fiscalía por brindar información a los paramilitares y poner este organismo al servicio de estos grupos. La Fiscalía investiga también a 80 militares activos y retirados, por sus supuestos nexos con las autodefensas.
Actualmente la Corte Suprema de Justicia, investiga a 11 congresistas, mientras que la Fiscalía hace lo mismo con 2 gobernadores, 3 alcaldes, varios concejales y funcionarios públicos, quienes, según declaraciones del senador Miguel de la Espriella, firmante del documento, se reunieron el 23 de julio de 2001 en la población de Santa Fe Rialito (departamento de Córdoba) con Salvatore Mancuso y los principales jefes paramilitares del país, y firmaron un acuerdo secreto para construir “una nueva Colombia”, teniendo como base el proyecto ideológico y político de las autodefensas.
El senador Álvaro Araujo, hermano de la actual Ministra de Relaciones Exteriores, María Consuelo Araujo, es uno de los firmantes del “Pacto de Rialito” y, en medio de la gran agitación generada en el país por el fenómeno de la para-política, se debate hasta dónde es ético que la Canciller siga desempeñando sus funciones cuando alguien de su familia está involucrado en este escándalo.
Todos los políticos investigados hasta el momento pertenecen al partido del presidente Álvaro Uribe, quien en reiteradas ocasiones ha sido acusado por la oposición, ongs y grupos de derechos humanos de favorecer a los paramilitares. Uribe Vélez, firme aliado de Estados Unidos en Suramérica y quien tiene una amplia popularidad, siendo el primer presidente reelegido por voto popular en la historia de Colombia, ha negado enérgicamente las acusaciones y ha retado abiertamente a sus detractores para que sustenten sus afirmaciones y enseñen las pruebas que tengan al respecto.
En este sentido, el senador Gustavo Petro, del opositor Polo Democrático Independiente, PDI, quien ha sido el principal portavoz de las denuncias, aportando pruebas sobre la vinculación de las autodefensas con empresarios, políticos y distintos estamentos del Estado y quien también ha sido un duro crítico del proceso de paz, descarta que el presidente Uribe esté vinculado a los paramilitares, pero asegura que un hermano y algunos primos del mandatario sí han promovido estos grupos y acusa a Uribe de permisividad frente a las autodefensas, insistiendo en que el mandatario debería renunciar.
Qué hay detrás del movimiento paramilitar
El movimiento que comenzó a mediados de la década de los 80 como una alternativa de defensa de ganaderos y hacendados frente a los secuestros y extorsiones de la guerrilla en el Magdalena Medio colombiano, se convirtió en una trama de narcotráfico, política y corrupción que les permitió apoderarse de gobernaciones, alcaldías y hasta de parte del Congreso del país, incrementando la violencia y amenazando los cimientos de la democracia en Colombia.
En sus 20 años de existencia los paramilitares se convirtieron en una fuerza desestabilizadora, basada en un potente ejército, con cerca de 30 mil hombres; campamentos rurales, armamento y equipos sofisticados, que de la financiación procedente de hacendados y ganaderos, pasaron a tener el narcotráfico y la extorsión a las finanzas públicas como su principal motor.
La debilidad del Estado y la ausencia de instituciones fuertes en muchas regiones del país, donde la población estaba inerme ante los excesos de la guerrilla, fueron decisivas para el surgimiento y la consolidación de los paramilitares, inicialmente como alternativa de protección y defensa, y posteriormente como opción de justicia y hasta de gobierno, al aliarse con los “caciques” políticos regionales, que tradicionalmente han sustentado su poder en el clientelismo y el expolio de las finanzas públicas.
Pero además, los paramilitares se han consolidado como los principales terratenientes de Colombia, pues con sus sangrientas acciones han sido en gran parte responsables del desplazamiento de 2.5 millones de campesinos, apoderándose de las tierras más fértiles y de territorios donde hay incluso yacimientos de oro. Para esto han utilizado el terror, la intimidación o el chantaje, asesinando, arrebatando directamente las tierras a sus dueños u obligándolos a vender por sumas irrisorias, cuando no simbólicas. Estas acciones fueron reforzadas con la utilización de testaferros, la manipulación o desaparición de registros catastrales y la amenaza o el asesinato de algunos registradores.
Ante esta situación el gobierno ha asegurado que obligará a que los paramilitares entreguen las posesiones producto de sus actividades delictivas, sin embargo, esto queda en entredicho al conocerse que un proyecto de Ley presentado por el Ministro de Agricultura permitiría que cualquier persona obtuviera un título de propiedad al demostrar la posesión del terreno durante cinco años. Esta propuesta legislativa ha sido denunciada por las organizaciones de derechos humanos como una vía que sólo serviría para legalizar el control de los paramilitares sobre la tierra.
Hoy en Colombia la gran pregunta es qué pasará más allá del escándalo mediático y de la estupefacción de la ciudadanía, si se sabrá toda la verdad y habrá justicia y reparación para las víctimas y sus familiares o si por el contrario, la ilegalidad ganará nuevamente la partida. Y estas dudas se fundamentan en la laxitud de las leyes, la descomposición de las estructuras de poder y justicia, la tradición de impunidad que reina en el país y la percepción de que el mal está tan arraigado que será difícil erradicarlo, más si se tienen en cuenta posiciones como la del Ministro del Interior, Carlos Holguín Sardi, quien ha afirmado que “no hay nada impropio” en el documento del Pacto de Rialito y que por sus buenas intenciones “se “podría refrendar” o al conocer el reciente asesinato de Yolanda Yamilé Izquierdo, líder de los campesinos que reclaman las tierras arrebatadas por los paramilitares en el departamento de Córdoba, quien dos días antes de su muerte había solicitado protección a la Fiscalía por las reiteradas amenazas contra su vida.
Cronología
Muerte a secuestradores (MAS) aparece como el primer grupo paramilitar en la historia reciente de Colombia. Fue creado en 1983 por narcotraficantes del cartel de Medellín en respuesta al secuestro de una de las hermanas del clan Ochoa. Su objetivo principal fue combatir a la guerrilla y a los políticos de izquierda, especialmente al partido Unión Patriótica (UP), cercano a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El grupo MAS, que contaba con la vinculación de militares y políticos, promovió a las autodefensas en el área del Magdalena Medio (norte del país).
A finales de los 80 aparecen grupos paramilitares en diversas zonas de los departamentos de Antioquia, Boyacá, Córdoba y en la región de Urabá, cometiendo numerosas masacres y asesinando a cientos de campesinos acusados de ser “auxiliares” de los diferentes grupos guerrilleros. Los paramilitares comienzan un acelerado proceso de expansión en el que combaten y ganan territorio a la guerrilla, desplazan a miles de campesinos, se apropian de amplias extensiones de tierra y consolidan el negocio del narcotráfico, además de asesinar a candidatos presidenciales de izquierda como Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo Osa y Carlos Pizarro Leongómez.
En la década del 90 los paramilitares se unen en dos grandes grupos: las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACC) dirigidas por Fidel y Carlos Castaño y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). El movimiento paramilitar se consolida como una fuerza contrainsurgente que cuenta con entrenamiento militar, campamentos y financiación de empresarios, ganaderos y especialmente del narcotráfico.
A mediado de los 90 las autodefensas entran en grandes ciudades como Medellín, Bucaramanga, Barrancabermeja y Cúcuta, se mezclan en la vida cotidiana de las poblaciones, se infiltran en la política regional y empiezan a injerir en política nacional torpedeando los procesos de paz con las FARC y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, al igual que por medio de los asesinatos selectivos de sindicalistas, líderes de organizaciones civiles y de ongs, políticos, entre otros.
A partir del 2000, el objetivo de las autodefensas de combatir a la guerrilla empieza a quedar relegado frente al avance del negocio del narcotráfico y el deseo de estos grupos de conseguir el poder. Los grupos paramilitares ganan injerencia en la vida política colombiana coaccionando a los candidatos opositores o avalando a aspirantes cercanos a sus intereses, amenazando o asesinando a líderes y contradictores y manipulando procesos electorales en las zonas del país donde son más fuertes.
En estas circunstancias comienzan las negociaciones entre el gobierno del presidente Álvaro Uribe y los grupos paramilitares, proceso de paz que posibilitó que en 2003 se desmovilizaran 30.000 hombres de las autodefensas, que estaban diseminados en 26 frentes presenten en los 32 departamentos del país.
En el 2004 Carlos Castaño, cabeza visible de las autodefensas desaparece de la escena nacional, posteriormente se sabría que fue asesinado por órdenes de su hermano Vicente, por su oposición a la injerencia cada vez mayor de los narcotraficantes dentro del grupo, y por su deseo de negociar con el gobierno de los Estados Unidos y actuar como testigo a cambio de quedar libre de cualquier proceso judicial.
En 2006 los paramilitares desmovilizados acusan al gobierno de incumplir los acuerdos al ser trasladados a la cárcel de Itagüí (Antioquia)
Soraya Carvajal
Comunicadora Social-Periodista colombiana, egresada de la Universidad del Valle y con un máster en Relaciones Internacionales y Comunicación de la Universidad Complutense de Madrid.
Global Affairs no es responsable de las opiniones vertidas por los colaboradores/as