miércoles, 15 de abril de 2009

El proceso de nacionalización del sector privado en Venezuela en tiempos de crisis

Numero 14/Abril-Mayo 2009
Raylsiyaly Rivero

La crisis económica mundial que afectó con intensidad al mundo en el mes de septiembre de 2008, parece finalmente haber tocado las puertas de Venezuela, luego de que en reiteradas ocasiones el presidente del país, Hugo Chávez, declarara que el sistema económico venezolano estaba blindado. Pero no es sino hasta después de haber ganado las elecciones que permitirán la reelección indefinida del Primer Mandatario Nacional, el pasado 15 de febrero, que finalmente se anuncian varias medidas anti-crisis y se reactiva una feroz política de nacionalizaciones que a diario aleja a Venezuela de la lista de opciones de los inversionistas internacionales.

Para muchos dirigentes presumir sobre una economía blindada cuando se sufre de los niveles inflacionarios más altos de una región, representa un riesgo generalmente carente de un análisis exhaustivo que garantice el bienestar de la nación.

Si bien el Estado venezolano gozó de beneficios por las ventas petroleras durante la mayor parte del año 2008, el comportamiento de la economía mundial alteró el precio del barril a partir del mes de octubre. La caída súbita de la cotización de petróleo en un 200 por ciento, cotizando al barril de crudo en USD 33.87 (el 21 de diciembre de 2008) no produjo efecto directo sobre los ingresos venezolanos sino hasta ahora. Desde el mes de septiembre, fueron cuatro los meses que le tomó a la administración de Chávez admitir que la renta petrolera y los recaudos fiscales serían insuficientes para cubrir el presupuesto nacional del año en curso, calculado sobre un barril de petróleo a USD 60. Hasta el mes de marzo, el precio del crudo ha oscilado entre los USD 30 y 50.



Las maniobras del Presidente Chávez se muestran dirigidas a la nacionalización de lo que él llama “sectores estratégicos para la Revolución Socialista.” Venezuela mantuvo durante el año 2008 el más alto índice inflacionario de la región, 30.9 por ciento (Comisión Económica para América Latina y el Caribe –CEPAL) y ciertamente existe un amplio riesgo económico, ya que el país tiene la particularidad de ser mono-productor. Este proceso de estatización ha generado controversia entre economistas locales, porque se vuelve incomprensible que un individuo adquiera más propiedades cuando su ingreso se ve reducido.

La política de nacionalización de Chávez se hizo inminente a comienzos del año 2007 cuando se produjo la nacionalización de la empresa de telecomunicaciones más grande del país, Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela –CANTV, adquiriendo el 28.51 por ciento de sus acciones, propiedad de la compañía estadounidense Verizon, por un valor aproximado de USD 572 millones. De esta manera el Estado venezolano se convirtió en el principal dueño de la compañía telefónica.

Pero esta empresa no fue la única nacionalizada, a través Petróleos de Venezuela S.A. –PDVSA, la Electricidad de Caracas (EDC) fue comprada a la Corporación estadounidense AES, por aproximadamente USD 739 millones, cubriendo el 82.14 por ciento de las acciones. De esta manera, el gobierno se extendió no solo al sector de las telecomunicaciones sino también al energético.

Dos años transcurrieron y es ahora, en medio de una crisis económica, cuando el Presidente Chávez decide atacar a grandes transnacionales mediante la expropiación y la nacionalización de sus propiedades. Las características que poseen las empresas vulnerables en este momento, siguiendo el patrón esbozado por la administración venezolana, se enuncian a continuación:

- Empresas con gran volumen de trabajadores, o con poder sindical importante.
Esta razón puede ser explicada por la necesidad del gobierno o del chavismo, por tener bajo su control a la mayor cantidad de sindicatos, que en la actualidad presentan resistencia al sistema. Por otra parte, juzgando por previas acciones de la administración pública, los trabajadores de estas empresas podrán ser requeridos como militantes para el Partido Socialista Único de Venezuela –PSUV o puestos a un lado por haber participado en movimientos en contra del gobierno (Lista Tascón y Lista Maisanta; listas que contienen nombres de ciudadanos venezolanos que firmaron para que se produjera el referendo revocatorio presidencial del 2004).
Por demás del proselitismo político aupado por el gobierno actual, el impacto económico de las nacionalizaciones sobre la población puede aumentar, ya que la actuación de estas empresas es incierta luego de que sean tomadas por una administración que posee una capacidad financiera limitada, debido a la situación internacional.

- La empresa debe afectar de manera importante el sistema económico.
Esto es derivativo de las prioridades para el desarrollo de la Revolución Socialista; Agroindustria, Sector energético y la construcción de viviendas.

La nacionalización venezolana desde el espectro legislativo

Desde el punto de vista legal, el marco por el que todas las acciones se manejan, se remonta al decreto N° 37.475 dictado el 1 de julio de 2002 que dio origen a la “Ley de expropiación por causa de utilidad pública o social.”

En el Art. 7 de dicha ley se expresan;

“Requisitos de la Expropiación:
1. Disposición formal que declare la utilidad pública.
2. Declaración de que su ejecución exige indispensablemente la transferencia total o parcial de la propiedad o derecho.
3. Justiprecio del bien objeto de la expropiación.
4. Pago oportuno y en dinero efectivo de justa indemnización (1).”

Se hace referencia a que la expropiación puede incluir los bienes que se encuentren dentro de la propiedad en cuestión.

El Art. 13 faculta al Presidente de la República parar decretar “de utilidad pública” la propiedad que pudiese ser expropiada;

“…El Ejecutivo Nacional queda facultado para decretar de utilidad pública la posesión de aquellos terrenos y construcciones que considere esenciales para la seguridad o defensa de la Nación. En tales casos, el Ejecutivo Nacional dispondrá que se siga el procedimiento de expropiación establecido en la presente Ley (1).”

El título IV de la mencionada ley explica el procedimiento a seguir para la expropiación, como el Arreglo amigable (Art. 22); Órganos jurisdiccionales competentes (Art. 23); Requisitos de la solicitud de expropiación (Art. 24); Certificación de gravámenes (Art. 25); Emplazamiento a los interesados (Art. 26); Lapsos de comparecencia (Art. 27); Acto de contestación a la solicitud (Art. 28); Oposición a la solicitud (Art. 29); Fundamentos a la Oposición de la solicitud (Art. 30); Derechos del poseedor (Art. 31); Relación, informes y sentencia (Art. 32); Lapso de apelación (Art. 33).

Como argumentan los artículos, el pago o justa indemnización debe realizarse de manera oportuna, luego de que los peritos hayan realizado la experticia correspondiente para la determinación del justo valor de los activos. Cualquier retraso o desentendimiento injustificado de las autoridades con los propietarios, puede interpretarse como un acto ilegítimo.

El uso de esta legislación le ha resultado apropiado al gobierno venezolano en el proceso de nacionalización de empresas. Sin embargo, valdría la pena investigar hasta qué punto han sido consideradas dichas estipulaciones para llevar a cabo las estatizaciones. Aunado a esto, la legislación expuesta anteriormente, no describe detalladamente las consideraciones que declaran a una propiedad de utilidad pública.

La nacionalización como política de “construcción social” en Venezuela

Sector Petrolero

El Estado exige que PDVSA sea la compañía con el control de los proyectos que se llevan a cabo en la Faja Petrolífera del Orinoco (Inversión USD 30 billones). Esta exigencia se hace imperiosa cuando el ejecutivo, mediante Ley Habilitante (Art. 236 CRBV), decreta que las asociaciones con las petroleras extranjeras deben convertirse en empresas mixtas, siguiendo lo estipulado en la Ley Orgánica de Hidrocarburos. El ejecutivo aclaró en declaraciones en febrero de 2007, que no quería que se produjese la salida de las trasnacionales del país, pero se buscaba que estuviera en manos venezolanas el manejo de los proyectos de la Faja (uno de los mayores yacimientos de crudo pesado en el mundo).

A principios del año 2008 la Corporación ExxonMobil solicitó un arbitraje internacional, para que se llegara a un acuerdo con el gobierno venezolano, referente al pago compensatorio por la nacionalización de los proyectos de esta empresa en la Faja del Orinoco. Para esto se recurrió al órgano del Banco Mundial, Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones –CIADI. Aunado a esta medida, un tribunal federal del estado de Nueva York dictaminó el 13 de febrero de 2008, el congelamiento de los activos de PDVSA en Estados Unidos, valorizados en USD 300 millones, seguido de la acción de tribunales de Gran Bretaña y Holanda, donde se vieron afectados alrededor de USD 12,000 millones en activos de la petrolera venezolana en Europa. El 19 de marzo de 2008 se dio a conocer la decisión del tribunal británico presidido por el juez Paul Walter, quien fallando a favor de PDVSA, inmediatamente pidió a la estadounidense ExxonMobil la compensación por daños y perjuicios ocasionados.

El proceso ocurrido con ExxonMobil es solamente una arista más a lo sucedido con las demás petroleras operando en la Faja Petrolífera del Orinoco. ConocoPhillips tampoco logró un acuerdo con el gobierno venezolano y se conoce que el 13 de septiembre de 2008 tuvo lugar la primera sesión de arbitraje en el CIADI en contra del Estado Venezolano.

El resto de las empresas iniciaron el proceso de fusión con el gobierno venezolano, quedando como accionistas minoritarios de los proyectos ejecutados en el área del Orinoco. Las participaciones de empresas como Total (Francia), StatoilHydro (Noruega), British Petroleum –BP (Gran Bretaña) y Chevron (Estados Unidos) se vieron reducidas hasta figurar en tan solo un 10 por ciento.

Sector Agrícola

Fueron muchas las tierras y propiedades que fueron expropiadas a ciudadanos venezolanos, desde el año 2002, por ser consideradas ociosas, alegando que habría mayor productividad si el Estado tomara el control de las mismas, en su búsqueda por el fortalecimiento de la agricultura.

Este año las prioridades de la Revolución Socialista del Presidente, lo llevaron a expropiar 1,500 hectáreas de siembra de eucalipto a la empresa irlandesa Smurfit Kappa. La compañía cartonera recibió como argumento, que sus cultivos consumían grandes cantidades de agua, y por ende esas tierras podían ser utilizadas para la siembra de productos alimenticios como la yuca y el maíz. Previamente en el año 2007, el gobierno había expropiado otras 2,000 hectáreas a la empresa irlandesa. Para la fecha, las operaciones de Smurfit Kappa se han reducido en un 30 por ciento.

Recientemente, la industria arrocera ha sufrido la mayor cantidad de ataques, desde la intervención y detención de vehículos que transportan alimentos, hasta la militarización de plantas, que posteriormente conllevan a la nacionalización.

Ejemplo de esto es Empresas Polar, que siendo la empresa de alimentos más importante del país ha recibido numerosas amenazas del Ejecutivo, en conjunto con las declaraciones del Ministro de Comercio Eduardo Samán, solicitando la expropiación de la planta arrocera de Empresas Polar, haciendo acusaciones directas sobre su dueño, el señor Lorenzo Mendoza.

Una de las plantas arroceras en Venezuela de la estadounidense Cargill Inc. fue intervenida y directamente expropiada el 5 de marzo del año en curso. La nacionalización tuvo como principal argumento, el incumplimiento de la cuota mínima de producción de arroz blanco estipulada por el Estado, dicha cuota se refiere a un porcentaje de la producción destinado a los estratos más inferiores de la sociedad, que lleva un precio regulado. Dicha intervención comenzó con la militarización de la planta, para asegurar la producción que escaseaba, y posteriormente se procedió a la nacionalización de la planta de arroz. Los ejecutivos de la empresa alegan que se vieron en la necesidad de aumentar la producción de otro tipo de arroz, ya que de otra forma la empresa trabajaba a pérdidas, por esto se produjo el cambio de estrategia.

Industria Cementera

No puede dejarse de lado un sector importante dentro de las prioridades de la llamada Revolución Socialista, el proceso de construcción de viviendas e infraestructura.

En este sentido la cementera mexicana CEMEX se convirtió en el primer blanco del gobierno, cuando a mediados del 2008, el Presidente Chávez anunciara que la industria cementera del país sería nacionalizada, a través del decreto-ley N° 6.091, Ley Orgánica de Ordenación de las Empresas Productoras de Cemento, donde el Estado se reserva el derecho de fabricar cemento. Lo que empezó con un proceso de negociaciones entre los ejecutivos de CEMEX y el gobierno venezolano, terminó en un proceso de arbitraje introducido ante el CIADI en diciembre del año pasado, debido a que el precio acordado por la compensación de la nacionalización, no correspondía a los activos expropiados.

Por otra parte, la cementera francesa Lafarge, recibió una oferta de USD 267 millones por el 89 por ciento de sus acciones, la cual aceptó. Mientras que a la empresa suiza Holcim también se le hizo una oferta por el 85 por ciento de su capital accionario, valorado en USD 552 millones. Esta propuesta fue acordada mediante la firma de un memorándum de entendimiento entre las partes. Sin embargo, según declaraciones de representantes de la cementera, el gobierno cesó las comunicaciones en octubre de 2008, y es por esto que el pasado 23 de marzo, se dio inicio a un proceso de arbitraje una vez más a través del CIADI, por la obtención de las compensaciones por los activos expropiados. Estas dos compañías aceptaron inicialmente permanecer como accionistas minoritarios de las empresas.

Sector Financiero

Se muestra evidente, que luego de haber empezado un proceso de nacionalización en diversos sectores de la economía, el gobierno nacional apunte hacia el sector financiero. El Banco de Venezuela filial del español Grupo Santander ha sido el siguiente paso del Presidente venezolano en su cadena de estatizaciones. Desde hace varios meses, el Primer Mandatario venezolano se ha pronunciado en contra del Grupo Santander, tildándolo de oportunista, al mencionar que este “hacía plusvalía excesiva a costa del bolsillo de los venezolanos.” En contraposición los dirigentes del consorcio español se mostraron apacibles ante el discurso intimidante del gobierno. Seguidamente, se inició un proceso de negociación entre ambas partes, en donde el monto especulado era de unos USD 1,200 millones. Esta cifra es ahora incierta, luego de la caída de los precios del crudo es muy probable que se negocie un precio por debajo del mencionado, pero sea cual sea el arreglo, el Ejecutivo Nacional ha reiterado su interés en que se produzca la estatización del Banco de Venezuela. El gobierno español declaró durante el mes de marzo, que seguirá de cerca el proceso de pago de las compensaciones al Grupo Santander, debido al precedente que ha sentado el gobierno venezolano durante las nacionalizaciones.

En la actualidad el Estado controla un 12 por ciento aproximadamente del sector bancario venezolano, y una vez adquirido el Banco de Venezuela, el índice ascendería a un 25 por ciento, posicionándolo como el ente de mayor poder en el ámbito financiero del país.

Recientemente se dio a conocer la pretensión de nacionalizar la aerolínea venezolana Aeropostal, por su presunta implicación con el narcotráfico. El Presidente Chávez anunció que espera llevar a todos los venezolanos un sistema de transporte aéreo socialista que sirva de verdadera herramienta para mejorar el bienestar de la sociedad.

Crisis Económica vs. Nacionalizaciones

El sábado 21 de marzo, el Presidente venezolano dio a conocer el conjunto de medidas para enfrentar la crisis económica en el país. Estas medidas giran en torno al financiamiento del gasto público mediante el aumento de gravámenes;

- Incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en un 3 por ciento, posicionándolo en 12 por ciento a partir del mes de abril.
- Aumento del salario mínimo en un 20 por ciento, activados en momentos distintos del año (mayo – septiembre).
- Aumento de la deuda interna en aproximadamente USD 10,200 millones.
- Reducción de los salarios de los altos funcionarios públicos.
- Recorte del gasto público en un 6.7 por ciento, representado a través de la reducción del presupuesto para el año 2009.

En cuanto al aumento del IVA, está claro que la población venezolana sentirá el incremento de los precios durante los primeros meses. Esto provocará que la ya sensible tasa inflacionaria venezolana se acreciente sin limitaciones, aunado al hecho de que se producirá un aumento en el salario mínimo, lo que hace que se produzcan especulaciones en la oferta de productos al consumidor. Pero lo más delicado será que el aumento salarial alejará las posibilidades de que realmente se produzca un incremento en el poder adquisitivo de los venezolanos, ya que mientras esto sucede, la inflación crecerá paralelamente. Se torna difícil pensar que la meta del gobierno de reducir la inflación a un 15 por ciento será cumplida, tomando en cuenta la situación en la que se encuentra la economía del país, dependiente del petróleo, y de la recuperación de los mercados internacionales. Por otra parte, el Primer Mandatario declaró: “no habrá devaluación del Bolívar (BsF. moneda venezolana) porque este es un gobierno que salvaguarda su moneda.” Esta acción quizás no se produzca oficialmente, pero con el control cambiario que existe en el país y las nuevas restricciones que pretende hacer el órgano encargado de esta tarea, la Comisión de Administración de Divisas –CADIVI, el dólar no oficial (el reconocimiento de este mercado fue prohibido por el gobierno en el 2008), aumentará su cotización afectando a gran parte del sistema económico venezolano.

En lo que respecta al aumento de la deuda interna, se puede presumir que hay un déficit de divisas en el país, lo que pone en duda la existencia de la liquidez de los fondos de ahorro. Si a todos estos factores agregamos la política de nacionalización del presidente, puede esperarse que durante el 2009 la economía de Venezuela experimente una contracción que no ha vivido en muchos años. La capacidad financiera del Estado es claramente insuficiente para hacer que la gran cantidad de empresas nacionalizadas y por nacionalizar, operen exitosamente a largo plazo. Si la renta petrolera se mantiene limitada como hasta ahora, es posible que el gobierno siga endeudándose, se aumente la emisión de bonos, e incluso se limite el pago de las compensaciones por expropiación a pagarés a futuro con bonos del Estado.

Ante la actual crisis económica, cada país debe actuar según lo que amerite su situación interna, en Venezuela está claro que si se continúa alejando a la inversión extranjera e inhibiendo al sector privado, los resultados podrán volverse irreversibles.

Raylsiyaly Rivero
Escuela de Estudios Internacionales
Universidad Santa María
Caracas – Venezuela

Bibliografía
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