Número 5/ Octubre-Noviembre 2007
Soraya Carvajal B.
Colombia está a la expectativa de los resultados que puedan generar las gestiones de facilitación del Acuerdo Humanitario para conseguir el intercambio de 45 personas secuestradas por la guerrilla de las Farc por cerca de 500 guerrilleros presos en distintas cárceles, pero la expectativa también gira en torno a los actores e intereses políticos que están en juego.
Como se recordará, la guerrilla de las Farc tiene en su poder a un nutrido grupo de secuestrados, considerados “canjeables”, entre ellos, militares, policías, políticos, la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt y tres contratistas estadounidenses que trabajaban en el antidrogas Plan Colombia, cuya avioneta cayó a tierra en 2003 y que los subversivos consideran presos de guerra.
Para la liberación de los rehenes –algunos de los cuales llevan 10 años secuestrados- las Farc han puesto como condición la desmilitarización de los municipios de Florida y Pradera (Valle del Cauca), cerca de 800 kilómetros cuadrados ubicados al suroeste de Colombia, algo que el presidente colombiano Alvaro Uribe ha considerado inaceptable, pues reiteradamente ha asegurado que no repetirá la historia de la desmilitarización de la zona del Caguán, donde se despejaron 42.000 kilómetros cuadrados como escenario para las conversaciones de paz entre 1999 y 2002 y territorio que la guerrilla usó como santuario para su fortalecimiento militar, esconder secuestrados y cultivar coca.
Posteriormente la comisión de países amigos integrada por España, Suiza y Francia, hizo una propuesta para alcanzar el intercambio humanitario planteando la desmilitarización de sólo 180 km2 de los dos municipios y la presencia de observadores internacionales, la Cruz Roja Internacional y delegados de los países amigos para garantizar la seguridad de los negociadores, al igual que la no presencia de soldados ni guerrilleros. Esta propuesta, aceptada inmediatamente por el presidente Uribe, fue rechazada por las Farc, que desestimaron cualquier intercambio durante el gobierno de Uribe, argumentando la utilización electoral de la propuesta por parte del mandatario, que se encontraba en campaña para su reelección, al igual que la falta de voluntad política de Uribe y su apuesta por el rescate armado.
Y aunque constitucionalmente se entiende que el despeje de un territorio es posible y no significaría necesariamente la cesión de soberanía, también es cierto que incluso, más que una cuestión práctica, el despeje se ha convertido en un asunto simbólico y de medición de poder, donde los intereses políticos y militares de las partes están por delante de los humanitarios.
Este pulso ha tenido estancada cualquier posibilidad de acuerdo durante varios años y mientras tanto se han ido registrando las muertes de algunos de los secuestrados como el capitán de la policía Ernesto Guevara, muerto hace 3 años y cuyo cuerpo no ha sido entregado aún a sus familiares y la de los 11 ex diputados del Valle del Cauca, que permanecieron en poder de las Farc durante más de cinco años y fueron asesinados el pasado mes de junio en circunstancias que son objeto de investigación.
En medio de esta situación se ha desarrollado el drama de los familiares de los secuestrados que han esperado, protestado, marchado y pedido incansablemente al gobierno y a la guerrilla voluntad para alcanzar un acuerdo de intercambio humanitario que permita que sus familiares regresen a la libertad, vivos y sanos.
Pero, ante el rumor surgido los primeros días de agosto, en el sentido de que la colombo-francesa y ex candidata presidencial Ingrid Betancourt sería liberada en territorio venezolano, el presidente Uribe nombró el 15 de agosto a la senadora Piedad Córdoba -una de sus más duras contradictoras y simpatizante del presidente venezolano Hugo Chávez- como facilitadora del canje.
Para algunos analistas la jugada del mandatario colombiano se explica porque, conocida la cercanía de la senadora Córdoba con el presidente Chávez y sabiendo además que el presidente francés Nicolás Sarkozy, por su parte, estaba moviendo algunas iniciativas tendientes a la liberación de Betancourt, el presidente Uribe no habría querido quedar al margen de los hechos. Otros consideran que Uribe apostó por dinamizar el acuerdo humanitario ante la inamovilidad de la situación y como respuesta ante las presiones nacionales e internacionales por el prolongado secuestro y el escándalo de la para-política.
En este sentido también hay que recordar que en una polémica decisión unilateral, que justificó como “razones de Estado”, el pasado 4 de junio el mandatario colombiano ordenó la excarcelación de Rodrigo Granda, el llamado “Canciller de las Farc” y de un grupo de más de 100 guerrilleros detenidos en distintas cárceles del país, con la condición de que no regresaran a la lucha armada.
Posteriormente Uribe señaló que esta decisión fue a pedido del presidente francés Nicolás Sarkozy y como “gesto de buena voluntad” encaminado a lograr la libertad de Betancourt y de otros secuestrados. Sin embargo, ningún resultado se produjo al respecto, días después se conoció el asesinato de los 11 ex diputados del Valle y recientemente Jean Michel Marlaud, embajador francés en Bogotá, reconoció que “todos quedamos decepcionados por la falta de respuesta” de la guerrilla frente al gesto de Uribe.
Con el nombramiento de Piedad Córdoba como “facilitadora” del acuerdo humanitario se le dio una nueva dinámica a la situación. La senadora rápidamente se reunió con el presidente Chávez, quien aceptó su papel como mediador; “Raúl Reyes”, considerado segundo hombre al mando de las Farc; el embajador de Estados Unidos en Colombia, los embajadores de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y Uruguay, quienes expresaron la disposición de sus gobiernos a apoyar la iniciativa para el canje; congresistas demócratas norteamericanos, familiares de los secuestrados y de los guerrilleros detenidos y próximamente visitará a los guerrilleros Anayibe Rojas (“Sonia”) y Ricardo Palmera (“Simón Trinidad”) presos en Estados Unidos; entre otros personajes, buscando aglutinar esfuerzos alrededor de la iniciativa.
Posteriormente Chávez viajó a Bogotá, donde se reunió con Uribe y se entrevistó con los familiares de los secuestrados, revalidando la voluntad política para buscar alternativas para una salida humanitaria y durante la reciente Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente Uribe se reunió con sus homólogos Nicolás Sarkozy y Hugo Chávez para dialogar sobre los avances en las gestiones referentes al intercambio humanitario.
En el marco de la cita de la ONU Uribe también dejó en claro su rechazo a la liberación y más aún al regreso a territorio colombiano de los dos guerrilleros encarcelados en Estados Unidos -una de las condiciones del grupo subversivo para negociar- y su aprobación a la participación de una comisión bipartidista del Congreso de los Estados Unidos en la primera reunión que sostendrían el próximo 8 de octubre en Caracas Piedad Córdoba, el presidente Chávez y delegados de las Farc.
A la iniciativa del canje también se ha sumado el gobierno norteamericano que, aunque con recelo por la activa participación de Chávez, y en consecuencia con su tradicional negativa a negociar con grupos considerados terroristas, ve en estas gestiones una posibilidad para la liberación de sus tres ciudadanos Keith Stansell, Marc Gonsalves y Thomas Howe.
En medio de un panorama, que inicialmente aparece como esperanzador, surgen algunas inquietudes fundamentadas en los numerosos personajes e intereses que están en juego entorno a la iniciativa humanitaria.
En primera medida está la senadora Piedad Córdoba, mujer controvertida en el país y quien a pesar de ser una fuerte opositora del presidente Uribe, aceptó el reto de sacar adelante el acuerdo humanitario. Ella, que desestima cualquier ansia de protagonismo y que ha señalado en reiteradas oportunidades que su misión terminará el día en que el gobierno colombiano y las Farc se reúnan para hablar sobre el acuerdo humanitario, anotando que "por encima de cualquier consideración política, es necesario acabar con el dolor de tanta gente", sale ganadora en esta apuesta porque a pesar del resquemor y la desconfianza que genera entre sus contradictores, que la ven demasiado cercana al presidente Chávez, ha asumido el reto de pasar de la crítica a la acción y hasta el momento ha tenido éxito en todas las gestiones emprendidas, logrando un alto nivel de interlocución y sumando apoyos para sacar adelante el canje.
Por su parte, la presencia del presidente Hugo Chávez, como facilitador del acuerdo, genera prevención entre numerosos sectores colombianos y estadounidenses por su innegable deseo de consolidarse como un importante actor regional e internacional en contraposición a la Casa Blanca y al gobierno Bush (del que Uribe es aliado); porque su línea política es contraria y ha chocado en numerosas ocasiones con la del presidente Uribe, generando diferentes incidentes binacionales; por la consonancia de su discurso y la simpatía que despierta entre los líderes de las Farc, al igual que por las acusaciones por parte de autoridades y dirigentes colombianos en el sentido de acoger y proteger a guerrilleros en territorio venezolano.
La desconfianza se origina porque nadie sabe con certeza cuáles son las intenciones últimas del mandatario venezolano, quien en el tono folclórico que lo caracteriza señaló en una entrevista reciente que "a 'Marulanda' lo ando buscando en el mapa. Tengo un paracaídas listo para caerle", en alusión a su deseo de reunirse con “Manuel Marulanda”, fundador y líder histórico de las Farc, pero de lo que no se tiene duda es de que más allá del interés humanitario, Chávez le sacará rentabilidad mediática y política a su intermediación.
Muchos analistas políticos colombianos también coinciden en que las Farc buscan posicionarse nuevamente como un actor político y que el intercambio humanitario podría suponerles salir del listado de organizaciones terroristas, lograr el estatus de beligerancia y recuperar su imagen internacional, bastante menguada en los últimos años y especialmente tras la muerte de los 11 ex diputados del Valle secuestrados. También es casi seguro que las Farc aprovechen la tribuna internacional para endurecer su posición y continuar sus ataques en contra del gobierno Uribe, al que en un comunicado del pasado 29 de septiembre califican de “ilegitimo e ilegal”, por sus presuntos vínculos con los paramilitares, negando cualquier posibilidad de salida negociada al conflicto con este mandatario.
Sin embargo, también hay posturas como la del politólogo Alfredo Rangel, quien valora como positivo el que por primera vez en 16 años las Farc aceptaran conversar con el gobierno fuera del país, dado que dialogar en Colombia era una condición sine qua non de la guerrilla y aunque admite que las Farc obtendrán una ganancia política, también encuentra que para el gobierno es positivo políticamente mostrarse dispuesto a llegar a acuerdos con la guerrilla.
En cuanto al presidente francés, Nicolás Sarkozy, el acuerdo humanitario podría servirle para lograr la liberación de la colombo-francesa Ingrid Betancourt, causa con la que se ha mostrado comprometido y de paso podría anotarse otro éxito internacional, después gestionar la liberación de las enfermeras búlgaras en Beirut.
Para el gobierno de Estados Unidos el canje significaría la mejor salida a la incómoda situación generada por el secuestro de tres de sus ciudadanos, que aunque no ha tenido un gran despliegue mediático en su país, tampoco tiene una solución fácil a la vista. Sin embargo, el asunto se complica al tener en cuenta que la excarcelación de “Sonia” y “Simón Trinidad”, los guerrilleros detenidos en cárceles norteamericanas, es una de las principales condiciones de las Farc para entablar la negociación y esta posibilidad genera todo tipo de resistencias entre el gobierno y la población colombiana que ven en ello un triunfo para la guerrilla.
Para el presidente Uribe las gestiones conducentes a un posible acuerdo humanitario han tenido su cara y cruz, porque mientras unos ven en su autorización a Piedad Córdoba una reacción tardía ante una dinámica que se le estaba escapando de las manos y que pasaba más por Caracas y París, otros consideran que el mandatario ha incurrido en un error al poner asuntos vitales del Estado en manos de terceros (Chávez, Sarkozy, las Farc), como lo ha afirmado el ex presidente Andrés Pastrana y una gran mayoría de sus electores no desean ningún tipo de concesión frente a las Farc.
Y es que hay que recordar que Uribe ha sido elegido dos veces con un gran respaldo electoral y ha seguido contando con altos índices de popularidad en buena medida porque su discurso y las acciones de mano dura contra la guerrilla encontraron eco en una población cansada por los desmanes, la violencia y el abuso ejercido por los grupos armados y especialmente por las Farc.
Sin embargo, otros politólogos señalan que aunque el acuerdo humanitario fracase, Uribe también saldría ganando, pues nadie podría negar nuevamente su voluntad y buena disposición respecto al mismo y su falta de riesgo para alcanzar la libertad de los secuestrados.
Más allá de estas consideraciones y consciente de la ganancia política e internacional que el intercambio humanitario pueda significar para las Farc, Uribe ya ha señalado que "hemos sabido que estos señores de las Farc no están interesados en liberar a los secuestrados, sino en utilizar la nueva opción que se ha abierto para hacer política, lo que no vamos a permitir". Y aunque no aclaró como lo hará, sigue firme en su negativa a reconocer que en Colombia exista un conflicto armado, a fin de no reconocer el estatus político de la guerrilla.
En medio de esta compleja situación siguen inmersas las familias de las 45 personas secuestradas que durante años han pedido la libertad de sus seres queridos, exigiendo voluntad política al gobierno y guerrilla, al igual que deponer la soberbia y los intereses que excedan lo humanitario.
También está la población colombiana, marcada por el escepticismo y la desconfianza frente al grupo armado, pues muchos ciudadanos creen que –como en ocasiones anteriores- la guerrilla dilatará el proceso todo lo posible y finalmente no entregará a los secuestrados porque entonces perdería la atención mediática e internacional.
Así mismo, hay voces que auguran buenas posibilidades al intercambio, como la de la analista Natalia Springer (1) quien en la revista Cambio afirma que la “fórmula venezolana sería la salida perfecta para el tema del despeje. Dado el carácter humanitario de este propósito no se requeriría de una desmilitarización de territorios para hacer el intercambio. La apertura de corredores estratégicos, bajo la supervisión y buenos oficios de organizaciones internacionales y la garantía de países amigos, sería más que suficiente”.
En similar sentido, el reconocido sociólogo e investigador Alfredo Molano ve en el acuerdo humanitario “el principio de una solución a fondo de la guerra irregular y sangrienta que vivimos” (2) y cree que la posible reunión en el Palacio de Miraflores entre el presidente venezolano y un alto comandante de las Farc podría destrabar el asunto del despeje, uno de los principales escollos para que se produzca el intercambio.
Y finalmente está un país consciente de la necesidad de terminar con el prolongado secuestro y el dolor vivido por los plagiados, porque cada día hay más gente consciente de que, como señala la declaración del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, “todos los actos de toma de rehenes donde quiera que sean cometidos y por quien quiera que sea su autor son un crimen serio que está dirigido a la destrucción de los derechos humanos y son, bajo cualquier circunstancia, injustificables”.
Soraya Carvajal B.
Periodista colombiana
Notas:
(1)¿Todo listo? Revista Cambio. www.cambio.com.co/paiscambio/739/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_CAMBIO-3693767.html
(2) El Espectador. Opinión. 8 de septiembre de 2007. www.elespectador.com
Nota: Al cierre de esta edición se conoció que la reunión prevista para el 8 de octubre en Caracas, entre el presidente Chávez y los representantes de las Farc fue aplazada por “falta de garantías”, pues según se supo, el presidente Uribe no expedirá salvoconductos a los miembros de la guerrilla para desplazarse hacia Caracas. Ante esto, la senadora Piedad Córdoba, principal facilitadora del Acuerdo Humanitario, afirmó que buscará una nueva cumbre entre los presidentes Chávez y Uribe para destrabar el proceso.
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