Número 2/ Abril-Mayo de 2007
Soraya Carvajal B.
“Desde que estoy como canciller he encontrado una actitud hostil por parte de Ecuador”, esta declaración del Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia Fernando Araújo, desató el más reciente enfrentamiento diplomático entre los gobiernos de Colombia y Ecuador, que en los últimos años mantienen una tensa relación marcada por una larga serie de incidentes fronterizos.
La declaración del ministro, que fue rechazada por el gobierno ecuatoriano y desautorizada por el propio presidente colombiano Álvaro Uribe, constituye una nueva evidencia de que la política exterior colombiana ha estado marcada por la imprevisión, la falta de una clara estrategia y la escasez de tacto, estando en buena medida sujeta a los vaivenes de la política interna nacional y a los intereses de terceros.
Tradicionalmente Colombia y Ecuador han tenido una relación amistosa, pero en los últimos años la situación se ha tornado conflictiva a raíz de los reiterados problemas fronterizos generados por las fumigaciones de los cultivos de coca con glifosato, la presencia de la guerrilla de las Farc, el narcotráfico, el contrabando de armas y explosivos y la presencia de refugiados colombianos.
Cuando en el año 2001 Colombia comenzó las fumigaciones de los cultivos de coca, el gobierno ecuatoriano manifestó su preocupación por las consecuencias del herbicida en lo ambiental y para los habitantes de la frontera. En el 2003 se conformó una comisión binacional para analizar el tema, pero la situación continuó deteriorándose y en 2005 Ecuador le solicitó al gobierno colombiano suspender las aspersiones aéreas en una franja de 10 kms a partir de la frontera común, hasta comprobar las consecuencias del glifosato.
Colombia suspendió temporalmente las fumigaciones en enero de 2006 y comenzó un programa de erradicación manual de los cultivos ilícitos. Sin embargo, en diciembre de 2006, ante informes que indicaban el aumento de las siembras de coca en el departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador, y en días previos a la posesión del nuevo presidente ecuatoriano, Rafael Correa, el gobierno colombiano decidió reiniciar las aspersiones con glifosato, lo que fue interpretado por Correa como una agresión y un acto “inamistoso y hostil”.
El nuevo mandatario ecuatoriano anunció entonces su decisión de demandar a Colombia ante la Corte Internacional de La Haya y otras instancias internacionales, argumentando que las aspersiones aéreas han causado daños humanos, ambientales y sociales en el Ecuador, pues el gobierno ecuatoriano sostiene que el glifosato lanzado en Colombia es arrastrado por el viento hasta su territorio, contaminando los ríos, plantaciones y perjudicando la salud humana.
El gobierno colombiano a su vez, ha afirmado que las fumigaciones se realizan con una mezcla de glifosato pesada que hace que la caída del mismo sea vertical, evitando que el viento desplace el herbicida, al que considera inofensivo. Cabe anotar sin embargo, que las fumigaciones también han generado encendidos debates en Colombia, donde las organizaciones ambientalistas y gran parte de la población ven esta práctica como un peligro para el ecosistema, los cultivos tradicionales y la salud de los campesinos que viven en las zonas donde se realizan.
Ante la nueva protesta Colombia suspendió recientemente las fumigaciones y se decidió que la Comisión Científica Binacional recoja los testimonios de la población fronteriza sobre los efectos del glifosato y que los resultados del estudio sean presentados ante la ONU y la Organización de Estados Americanos, OEA, con el propósito de que realicen estudios independientes, porque pese al debate aún no existe una posición científica consolidada frente a la peligrosidad o inmunidad del herbicida.
En este aspecto Ecuador ha variado su posición pues anteriormente había rechazado la intervención de la OEA en el asunto del glifosato, argumentando la influencia en esta organización de César Gaviria, ex presidente colombiano y ex secretario general de la misma.
Cuando parecía que retornaba la calma, la relación binacional volvió a alterarse con la nota de protesta presentada por el gobierno ecuatoriano, por la supuesta incursión, el 22 de marzo, de militares colombianos en su territorio, en una operación que dejó dos personas muertas.
Ante este nuevo escollo el Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia reiteró su respaldo al informe que las autoridades colombianas presentaron en la reunión de la comisión de frontera con Ecuador, Combifron. El funcionario aseguró que eran acciones de defensa en territorio colombiano y aunque reiteró su respeto a Ecuador, exigió respeto a las decisiones colombianas y la no injerencia en los asuntos internos.
Finalmente Araújo emitió las polémicas declaraciones sobre la “hostilidad” de Ecuador, que generaron irritación en el país vecino y la desautorización del presidente Uribe, quien indicó que en el futuro la relación con el país vecino se basará en el diálogo y la búsqueda de consensos, a la vez que se evitarán las declaraciones ante los medios de comunicación.
Las raíces del malestar
Colombia y Ecuador comparten una frontera de 526 kms que en los últimos años ha sido escenario de sonados impasses por la presencia de la guerrilla de las Farc, el narcotráfico, el tráfico de armas y explosivos, el creciente número de refugiados colombianos que han huido del conflicto armado, entre otros.
El programa de fumigación de los cultivos de coca en el departamento de Putumayo (sur de Colombia), implementado por el gobierno colombiano en el año 2000, ocasionó que estas plantaciones se trasladaran hacia Nariño, con la consecuente instalación de los sistemas de procesamiento y comercialización del alcaloide en la zona. Y aunque desde la década del 80 en Nariño existían cultivos de coca, el considerable aumento de las siembras, en los últimos años, ha ocasionado que actualmente este departamento sea el principal productor de hoja de coca a nivel nacional, situación confirmada en el Plan de Desarrollo Departamental que indica que en esta región hay 55 mil hectáreas sembradas con cultivos ilícitos.
A esto se suma que Nariño es hoy un importante escenario del conflicto armado en Colombia, pues en la región están presentes diversos frentes de las guerrillas de las Farc y del Ejército del Liberación Nacional-ELN, grupos paramilitares -responsables de gran parte de las plantaciones de coca-, y las Fuerzas Armadas, representadas por la Policía, la Fuerza Aérea, la Infantería de Marina y el Ejército Nacional, lo que ha desatado una fuerte lucha por el control territorial.
Como en casos anteriores, la coca ha llevado a Nariño una amplia población flotante conformada principalmente por narcotraficantes, prostitutas, raspachines (recolectores de hoja de coca), entre otros, que se mueven junto con este negocio. Así mismo, numerosas poblaciones y ríos se han convertido en puerta de salida del alcaloide hacia el Ecuador, mientras que Pasto, capital del departamento, es escenario del auge inmobiliario que suele acompañar al dinero proveniente del narcotráfico.
Y aunque el gobierno ecuatoriano ha negado enfáticamente que éste sea un país productor del alcaloide, sí se ha comprobado la presencia de algunos cultivos ilícitos en territorio ecuatoriano y el pasado mes de marzo la policía ecuatoriana reportó la destrucción de tres hectáreas de cultivos de coca ubicadas en la provincia de Esmeraldas (noroeste del país). De la misma manera, las autoridades ecuatorianas han reconocido que este país viene siendo usado como puente para transportar la cocaína que se produce en Colombia hacia México, Estados Unidos y Europa.
Esta situación ha incidido más en la sensación de temor y desconfianza que predomina entre gran parte de los ecuatorianos que sienten que el conflicto armado y el narcotráfico colombiano pueden trasladarse a su país, lo que ha generado un creciente sentimiento de “anticolombianismo”.
Y aunque frecuentemente las autoridades de cada país manifiestan públicamente su respeto y solidaridad hacia el vecino, la compleja relación binacional, en la que predominan los componentes ambiental y político, se ha enturbiado por el errático manejo diplomático pues predominan las declaraciones altisonantes, el deseo de los mandatarios de ganar credibilidad y apoyos en el ámbito interno y los intereses de terceros países (Venezuela y Estados Unidos) en el manejo de los asuntos comerciales y de seguridad.
Así, al conocer del aumento de las plantaciones de coca en Nariño el presidente Uribe, principal aliado en la región del gobierno estadounidense y férreo defensor de la lucha antinarcóticos, ordenó unilateralmente reanudar las aspersiones aéreas en diciembre, pocas semanas antes de la posesión de Rafael Correa, argumentando que “con 10.200 hectáreas las Farc es capaz de financiar la destrucción del mundo”. Esta posición que podría generarle aceptación entre la población colombiana fue el detonante del malestar ecuatoriano.
De la misma manera, desde antes de su posesión Correa se negó a calificar a la guerrilla de las Farc como grupo terrorista. El gobernante ecuatoriano, que también ha dejado clara su distancia frente al gobierno de Bush, su tendencia ideológica de izquierda y su cercanía con el presidente venezolano Hugo Chávez, desde que asumió su mandato ha enfrentado una fuerte lucha con parte del Congreso -contraria a su intención de realizar un referendo a fin de establecer una asamblea constituyente- y ha utilizado la crítica a la fumigaciones colombianas como caballito de batalla para conseguir el respaldo de sus conciudadanos, al igual que para fortalecer su alianza con el presidente Chávez, según el análisis de la politóloga Socorro Ramírez, estudiosa de las relaciones colombo-ecuatorianas.
Se entiende entonces que para el gobierno ecuatoriano se ha vuelto políticamente rentable hablar en contra de Colombia, alimentar el sentimiento anticolombiano entre sus dirigentes y la población, y amenazar con llevar a su vecino ante las instancias internacionales.
En el deterioro de la relación colombo-ecuatoriana además han incidido factores como el abierto rechazo del gobierno ecuatoriano hacia el Plan Colombia -programa bandera del gobierno Uribe en la lucha contra el narcotráfico y la subversión, financiado principalmente por Estados Unidos-, por considerarlo una “estrategia militarista” y por tanto una amenaza para los países vecinos.
Ecuador también ha mantenido una postura crítica frente a la escasa protección fronteriza por parte de Colombia, situación que resulta paradójica cuando se ha comprobado en reiteradas ocasiones que el tráfico de armas y explosivos para las Farc suele llegar justamente del lado ecuatoriano.
Pero los analistas colombianos reconocen además, que los gobiernos nacionales han cometido importantes errores en materia diplomática, al conducir con arrogancia la relación frente a Ecuador. En este sentido, se han enviado como embajadores a Quito funcionarios con escaso peso y experiencia diplomática, se ha desdeñado la legítima preocupación de los ecuatorianos porque el conflicto armado colombiano traspase sus fronteras, generando rechazo ante las fumigaciones, el Plan Colombia y la política de seguridad democrática del gobierno Uribe, y ha faltado una vocería única, por parte de Colombia, que explique la complejidad de la realidad colombiana en Ecuador, evitando de paso las posiciones contradictorias entre funcionarios y representantes colombianos.
A este estado de cosas se añade la inexperiencia del Ministro de Relaciones Exteriores colombiano, Fernando Araújo, quien sorpresivamente fue designado como Canciller por el presidente Uribe, dos meses después de escapar de un duro secuestro de seis años por parte de las Farc, con el propósito de dar a conocer ante el mundo su experiencia y deslegitimar internacionalmente la imagen de la guerrilla; pero quien, pese a su trayectoria política, carecía de cualquier bagaje diplomático.
La impericia de Araújo quedó claramente expuesta semanas atrás, cuando ocasionó un serio impasse diplomático con Venezuela al asegurar, en su primera visita como Canciller a Washington, que durante su secuestro comprobó que los subversivos escuchaban con admiración los programas radiales del presidente venezolano Hugo Chávez, quien era visto como una especie de ideólogo de la guerrilla, lo que generó la lógica protesta del gobierno venezolano y la posterior disculpa del colombiano.
En la más reciente crisis con Ecuador, a raíz de la supuesta incursión de tropas colombianas en territorio vecino, Araújo tuvo una nueva salida en falso al asegurar ante los medios que desde su nombramiento sólo ha encontrado una actitud hostil por parte de Ecuador, e instar a las autoridades ecuatorianas a presentar las pruebas de la incursión militar. Estas declaraciones fueron reprobadas por Uribe, quien ordenó al canciller no dar más declaraciones sobre la crisis con Ecuador ante los medios
Pero siguiendo con la llamada “diplomacia de micrófono”, el pasado 31 de marzo, en su programa radial, el presidente ecuatoriano afirmó que no aceptará más “abusos” de Colombia y afirmó una vez más, que irá ante el Tribunal de La Haya. A su vez, la Ministra de Defensa de Ecuador, Lorena Escudero ha anunciado que el 13 de abril se hará el lanzamiento del “Plan Ecuador”, una propuesta defensiva frente al Plan Colombia, calificado por la funcionaria como una estrategia “militarista de Colombia” contra las drogas y la insurgencia. Escudero aseguró que el Plan Ecuador es una estrategia que busca responder con inversión y protección social en la frontera, al igual que mostrar las consecuencias del conflicto colombiano en Ecuador, país donde hay 14 mil refugiados colombianos registrados y 5 mil más esperando la resolución sobre su solicitud de asilo, según cifras de la Agencia de la ONU para los Refugiados- ACNUR.
De esta manera, en la polémica relación colombo-ecuatoriana siguen siendo desoídos los llamados de los expertos en relaciones internacionales para dejar de lado las declaraciones grandilocuentes y apostar en cambio por una diplomacia de alto nivel que analice y tome decisiones sobre las fumigaciones con glifosato, basándose en conocimientos científicos; una diplomacia que busque alternativas para la erradicación de las plantaciones de coca, de ser necesarias; que analice los beneficios de la reducción de los cultivos ilícitos en la frontera y sobre todo que propenda por un clima de entendimiento y cooperación, que sin duda sería más benéfico para los dos países.
Soraya Carvajal B.
Periodista colombiana
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