Número 7/febrero-marzo 2008
Lucía Valero Rubio
Muchos estudios argumentan que la pobreza, la desigualdad social y la corrupción son los grandes males de América Latina. Sin embargo, lo que a simple viste parece obvio, no lo es en absoluto al analizarse en profundidad.
Pobreza, desigualdad y corrupción son problemas en América Latina. Pero son coyunturales: ni más ni menos que las consecuencias de problemas de fondo como la mala gestión política y económica.
La existencia de un mayor número de población pobre y marginada no es sino un indicador de los problemas estructurales latinoamericanos que afectan a la dimensión económica, a la dimensión política y a la dimensión social.
Según el informe del PNUD, La democracia en América Latina: hacia una democracia de ciudadanos, América Latina es una región que no se caracteriza ni por la homogeneidad ni por la unidad.
América Latina presenta una contradicción: la asimilación de gobiernos democráticos en los últimos veinte años ha ido acompañada de una gran crisis social que la convierte en la región menos equitativa del mundo.
De hecho, la democratización no ha eliminado las grandes desigualdades ni la pobreza. ¿Cómo es posible que se de esta paradoja?
Liberalización descontrolada
Uno de los problemas estructurales (y exógeno) de América Latina es la mala asimilación, por parte de las estructuras económicas, de la liberalización de los mercados impulsada en los años noventa con el Consenso de Washington.
Los sistemas económicos latinoamericanos se subieron al tren del libre comercio en una situación de desigualdad, pues contaban con un menor grado de desarrollo que otros países occidentales, Japón o Estados Unidos. Las recetas neoliberales provocaron un déficit comercial. En la región las importaciones aumentaron en mayor medida que las exportaciones.
En esta situación de desventaja, muchos países firmaron acuerdos de libre comercio con potencias más desarrolladas (Estados Unidos), unos acuerdos caracterizados por la asimetría en el intercambio de productos. Como resultado, los productos latinoamericanos perdieron competitividad porque socios como Estados Unidos impulsaban su agricultura con medidas proteccionistas.
Los países latinoamericanos no fueron -ni son- capaces de competir en el libre mercado porque en una economía de imperfectos el que gana es el más fuerte (EEUU). Las teorías neoliberales formuladas por John Williamson concebían la apertura comercial de América Latina como la panacea para los problemas económicos y políticos de la región, ya que, teóricamente, el liberalismo económico traería desarrollo económico, posteriormente desarrollo social y por último desarrollo político.
Sin embargo, la liberalización del mercado en una estructura económica débil fue la causa de fondo de desequilibrios productivos, donde surgió con fuerza el sector informal en un mercado interno deprimido.
El sector informal no está incorporado a los circuitos financieros y productivos de la economía real y es, al mismo tiempo, la actividad que genera las mayores tasas de empleo, (siete de cada diez nuevos empleos creados en la región desde 1990 corresponden a la economía sumergida) un empleo precario, de baja productividad y sin protección social.
Al no tener protección social, un sector muy relevante de los trabajadores no recibe prestaciones sociales (salud, pensiones, sindicalización) y el trabajo informal produce un desmejoramiento de la distribución del ingreso y un aumento de la pobreza.
Débil estructura política
Una segunda cuestión con fuerte dimensión política relacionada con la liberalización del mercado es el verdadero grado de compromiso del sector político para llevar a cabo las reformas económicas.
Tenemos que tener en cuenta las evidentes presiones de organismos internacionales que recomiendan a países con dificultades unas “recetas” que incluyan la liberalización interna y externa y la disciplina económica, siguiendo el modelo económico del Consenso de Washington.
El gobierno latinoamericano que aceptara un cambio de estrategia económica debido a imposiciones externas y no debido a la propia iniciativa pondría seriamente en duda la credibilidad del compromiso político y social que tuviera con sus ciudadanos.
El ejecutivo debía por tanto asegurar a su población que las reformas económicas irían acompañadas de un “pacto social” que garantizara una mejora de las condiciones de vida y de trabajo de la población y no sólo una mejora de los aspectos macroeconómicos del país.
La pregunta que nos planteamos es la siguiente: ¿existe o ha existido un “pacto social” real para apoyar las reformas de liberalización de los mercados?
La respuesta es no. Se ha comprobado que, durante los últimos 17 años, las reformas han dado lugar a una sensible mejora macroeconómica pero no han reducido la pobreza y han dado lugar a una mayor desigualdad, problemas coyunturales de América Latina que son consecuencia de unas políticas neoliberales sin ningún programa social.
No ha habido “pacto social” porque los gobiernos han permitido las privatizaciones y la liberalización del comercio manteniéndose al margen de las reformas económicas (desregulación). Esta situación ha tenido lugar porque los gobiernos de América Latina son incapaces de gestionar a la vez las medidas económicas y sociales para conseguir una mejora en la vida de los ciudadanos. Los sistemas democráticos no han alcanzado un alto grado de desarrollo, son “democracias mínimas” sin una construcción sólida del Estado de Derecho. La democracia está consolidándose en la región y todavía contiene muchas herencias del pasado y todavía no ha resuelto problemas como la inoperancia estatal.
Además, la incapacidad histórica de las clases dominantes para impulsar proyectos nacionales de transformación económica, social y política ha dado como resultado la persistencia de males endémicos en la estructura política de los países latinoamericanos:
- Inexistencia de independencia entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
- Carencia de un sistema fiscal fuerte.
- Relaciones clientelares.
- Democracia electoral pero no representativa.
- Separación de los poderes institucionales de los poderes fácticos.
- Falta de participación ciudadana en las instituciones.
Soluciones complejas
Con las políticas neoliberales se ha llegado a la siguiente situación: en la relación política-mercado, la primera ha perdido espacio y ha sido limitada a ámbitos de poca relevancia. Además, la existencia de un orden internacional que exigía la adopción de estas medidas a países que no tienen una política estructurada ha llevado a limitar la autonomía de actuación del Estado, provocando que la política pierda peso a favor del mercado.
Los problemas de América Latina tienen una solución compleja por cuanto es preciso superar la dicotomía Estado-Mercado y mejorar las relaciones del Estado con la sociedad. El primer paso a seguir consistiría en permitir que el Estado ejerza el papel de rector sobre la economía, tal y como señala el PNUD en su estudio sobre la democracia en América Latina. El Estado debe impedir que el mercado actúe con absoluta libertad y tiene que ser responsable de la política económica.
Es necesario eliminar la creencia de que todo lo resuelve el mercado y la privatización. No podemos olvidar que la economía forma parte del contexto político y por ello el Estado debe cumplir las siguientes funciones:
- Distribuir el ingreso recaudado a través de los impuestos.
- Regular los mercados ya que éstos requieren gobernabilidad y unas reglas que se aseguren por la vía democrática.
-Promocionar determinados sectores o políticas a largo plazo como es el caso del “pacto social” para mejorar la vida de los ciudadanos.
Si el Estado no asume este papel, no puede dar credibilidad al sistema democrático. La democracia es la que garantiza los derechos civiles, la participación ciudadana y la libertad política.
Por último, es recomendable aunar el papel del mercado y el Estado teniendo en cuenta el contexto histórico de cada uno de los países de América Latina. El pensamiento único va en contra de los conceptos de la democracia y la economía y no se pueden generalizar ni las recetas económicas ni las recetas políticas.
No podemos olvidar que, aunque muchos de los problemas que afectan a los países de América Latina son comunes a todos sus territorios, la región no es ni homogénea ni unitaria. Se trata de una región donde cada Estado tiene su singularidad, una singularidad que reclama un estudio detallado y en profundidad para conseguir encontrar las soluciones más adecuadas.
Lucía Valero
Periodista especializada en Relaciones Internacionales
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