Número 7/febrero-marzo 2008
Soraya Carvajal Barona
Debate es lo que se respira en Colombia por cuenta de diferentes factores, entre los que destacan el acuerdo humanitario, la difícil relación con el gobierno de Venezuela y la marcha de rechazo al secuestro y a las Farc.
El 4 de febrero cientos de miles de colombianos se manifestaron en el país y en distintas ciudades del mundo (Sydney, Roma, Madrid, Buenos Aires, Nueva York, entre otras), en contra del secuestro y de la guerrilla de las Farc. Esta “marcha” convocada a través de la comunidad virtual Facebook, por ciudadanos cansados de los desmanes del grupo insurgente, surgió por el deseo de hacerse escuchar por la comunidad internacional -y específicamente por las ONGs y organizaciones que apoyan y legitiman las actuaciones de la guerrilla- a fin de que se conociera el rechazo que el grupo armado genera entre los colombianos, que son quienes viven el drama cotidiano de la guerra.
La idea de la manifestación fue aglutinando apoyos de partidos políticos, empresarios, los principales medios de comunicación y el gobierno colombiano, lo que fue interpretado por los contrarios a la iniciativa como un giro a favor del gobierno del presidente Álvaro Uribe, con la consecuente utilización política de la iniciativa y un intento por centrar el debate en las Farc, dejando en un segundo plano las complejas causas y los distintos actores -paramilitares y narcotraficantes- del largo conflicto armado colombiano, dando de paso, un portazo a la posibilidad de un acuerdo humanitario que permita la liberación de los políticos y militares secuestrados por el grupo guerrillero, algunos desde hace 10 años.
A medida que la idea de la marcha ganó dinamismo, los pronunciamientos alrededor de la misma fueron subiendo de tono y empezaron a escucharse voces divergentes que invitaban a la marcha “contra los narcoterroristas de las Farc”, al igual que otros que descalificaban la iniciativa como una estrategia “uribista”, en medio de un ambiente de pugnacidad.
El debate que por momentos se tradujo en desinformación y manipulación siguió en la red, donde partidarios de una u otra posición se enzarzaron en un álgido debate en el que incluso vinculaban al partido opositor colombiano Polo Democrático Alternativo con las Farc y aseguraban que el presidente venezolano Hugo Chávez tenía capacidad de influir en la elección del próximo presidente de Colombia, gracias a los miles de colombianos que viven en Venezuela. A su vez, los detractores de la manifestación argumentaban como razones para no marchar la necesidad de manifestarse contra todos los tipos de violencia y los distintos actores armados, sin distinción, y no contra uno en particular, el no entrar en el juego de los seguidores del presidente Uribe y afirmaban que la marcha contra las Farc era una cortina de humo para desviar la atención de los procesos judiciales que se siguen contra el paramilitarismo.
En medio de este panorama de dimes y diretes, donde ciudadanos comunes, políticos, intelectuales, periodistas, entre otros, plantearon sus posturas a favor o en contra de la manifestación, en algunos casos incluso de forma emotiva y visceral, otras voces llamaron a la tranquilidad, encontrando valiosa la iniciativa, porque más allá de la existencia o no de intenciones subterráneas, valoraron como importante el pronunciamiento contra la violencia y las violaciones al Derecho Internacional Humanitario, por parte de una sociedad que tradicionalmente ha estado insensibilizada y aletargada por el dolor y el espanto cotidiano.
Las consecuencias de la marcha
La iniciativa que dinamizó el debate en torno al conflicto armado colombiano, pues abanderados y detractores de la causa pudieron manifestar abiertamente sus posiciones, y reivindicó el legítimo derecho de la gente a manifestarse en contra de los actores armados y de la violencia que los azota cada día, dejó varias lecturas.
Se logró un importante golpe de opinión en contra de las Farc y quedó claro que esta organización insurgente no cuenta con un apoyo popular significativo en Colombia, por el contrario, crece el consenso general en torno al daño que esta organización guerrillera le ha hecho al país y la desaprobación unánime del secuestro como estrategia de guerra y de financiación.
Sin embargo, es importante hacer una lectura completa del conflicto armado colombiano, porque, como a lo largo de los años han anotado historiadores y analistas, es evidente que éste no se agota en “la maldad de las Farc” y sus actuaciones, pues este conflicto que ya alcanza 50 años de existencia es mucho más complejo y tiene sus orígenes en la injusticia social, la desigualdad estructural del sistema colombiano, la exclusión de la mayoría de la población, la falta de una reforma agraria, la pobreza, la falta de espacios políticos, la escasez de oportunidades para todos, la concepción patrimonialista del Estado por parte de las clases dirigentes, entre otros aspectos.
Y esta aclaración cobra sentido, porque si la marcha se capitaliza políticamente por parte del gobierno o de quienes sólo apuestan por la opción armada como vía de solución al conflicto, contrario a las intenciones manifestadas por sus convocantes, esta iniciativa civil a favor de la paz, paradójicamente podría generar un nuevo ciclo de guerra y muerte.
En este sentido analistas consultados por la agencia de prensa IPC como Fabio Giraldo, director del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, han advertido que ven “más alejada la posibilidad de un acuerdo humanitario. Por un lado está la ofensiva militar de Uribe, y por otro lado, lastimosamente, la guerrilla ve en los secuestrados la manera de mantenerse en la agenda pública”.
Eso explica porqué los familiares de las personas secuestradas optaron por mantenerse al margen de la marcha, evitando pronunciarse a favor o en contra de la misma, pues entienden que manifestarse en uno u otro sentido podría ser visto como ir en contra del gobierno o de la guerrilla, lo que complicaría aún más la situación de sus seres queridos. Por eso, decidieron acudir a una homilía y reiterar las llamadas para alcanzar un acuerdo humanitario.
De la misma manera, los familiares de las víctimas de los crímenes de estado y de los grupos paramilitares, dejaron sentada su posición en contra de la manifestación, al acusar la falta de solidaridad y considerar que la marcha ejemplifica que en Colombia existen víctimas de primera y segunda categoría. En este sentido, el abogado especialista en derechos humanos y miembro del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Iván Cepeda Castro, ha señalado que “La convocatoria que se realiza contra una forma de violencia excluye otras lógicas y se podría decir que hay dos tipos de víctimas: las del secuestro y las de la guerrilla, y otras que han pasado a ser víctimas inexistentes”.
Por su parte, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN, una sólida organización que ha venido reclamando su derecho a la neutralidad en medio del conflicto y su deseo de vivir en paz, rechazó participar en la manifestación porque veían claros indicios de utilización política de la misma. Sin embargo expresaron que se unían a “las voces ecuánimes y enfáticas de quienes han manifestado que rechazan el secuestro y a sus ejecutores, pero que también rechazan los crímenes de Estado y del régimen. Nos unimos a estas voces, pero no necesitamos repetir nuestra posición frente a la guerra y a los actores armados, porque ésta ya ha quedado clara en la palabra que caminamos. No manipulen el dolor del pueblo para llevarnos al odio. No permitamos que nos manipulen; esta marcha no es por la libertad de los secuestrados ni contra la guerra, es para seguir sembrando odio y para cerrarnos las conciencias”.
Así, queda la expectativa por saber qué resultados producirá la marcha del 4 de febrero. Por el momento el grupo armado anunció desde el pasado 31 de enero la liberación de otros tres secuestrados -del grupo de los canjeables-, como un nuevo gesto de "reconocimiento" a los "persistentes esfuerzos" del presidente de Venezuela Hugo Chávez y de la senadora colombiana Piedad Córdoba.
Y aunque este anuncio es esperanzador, los analistas políticos descartan cualquier posibilidad de que las Farc liberen a todos los secuestrados de forma unilateral como respuesta ante la manifestación, pues no hay que olvidar que esta guerrilla, además de ser un duro contendor en el campo militar y un experto agente propagandístico, no actúa por razones emotivas ni humanitarias, y tampoco creen en las iniciativas de los colombianos. Por eso en el portal Anncol que difunde las noticias de esta organización, recientemente apareció publicado un artículo en el que además de desvirtuar la marcha, se calificaba a Facebook como “un arma militar de espionaje y desestabilización, creada por los sectores más extremistas de derecha para captar información de los usuarios y manipularlos con fines geopolíticos y estratégicos”.
El tiempo dirá qué consecuencias traerá la marcha de rechazo a las Farc y al secuestro, pero lo que para casi nadie es un secreto es que, a mediano o largo plazo, la solución del prolongado conflicto armado colombiano tendrá que pasar por la negociación política. Es la única vía de salida.
La difícil relación con el gobierno venezolano
Si bien entre la población colombiana hay un consenso general acerca de la necesidad de mediación para lograr la liberación de los secuestrados considerados como “canjeables” por parte de las Farc –algunos de los cuales llevan 10 años cautivos en condiciones infrahumanas-, no se acepta el tono y la actitud retadora del presidente Chávez, que en numerosas oportunidades ha descalificado al gobierno colombiano con toda clase de epítetos e insultos, lo que, contrariamente a sus intenciones, ha ocasionado que la popularidad del mandatario colombiano supere el 80% de valoración favorable, según las últimas encuestas, porque como suele suceder en estos casos, la actuación de Chávez ha sido vista por la mayoría de los colombianos como una intervención en los asuntos internos y una amenaza, llevando a que seguidores y hasta detractores de Uribe, lo rodeen en “defensa de los intereses nacionales”.
Muchos analistas colombianos ven necesaria la mediación de Chávez, pues la guerrilla ha respondido ante sus gestiones, bien sea por afinidad, simpatía o por compartir ideales políticos; pero también entienden que cualquier tipo de mediación debe estar enmarcada en un proceso donde haya confianza, equilibrio y primen las razones humanitarias. Y es aquí donde el asunto patina, pues es claro que en el caso del acuerdo humanitario, se están moviendo muchos intereses particulares y estratégicos.
Esto explica que la mediación de Chávez, que comenzó como una intervención promovida por la senadora colombiana Piedad Córdoba con la autorización del gobierno colombiano y que después fue cortada abruptamente por el presidente Uribe, hoy sea definida por la guerrilla como “inamovible” para avanzar en el acuerdo humanitario. Al igual que el despeje de los municipios colombianos de Florida y Pradera, buscando imponerse así al deseo del gobierno y de buena parte de la población colombiana.
A esto se une que el mediático espectáculo de la frustrada liberación del niño Emmanuel y la posterior liberación de Clara Rojas y Consuelo de Perdomo, utilizados por Chávez con fines propagandísticos, y los pronunciamientos del mandatario venezolano que ha marcado claramente su posición a favor de las Farc asegurando que respeta su proyecto político y proponiendo incluso que la comunidad internacional les conceda el estatus de beligerancia y se les retire de las listas de grupos terroristas, hayan sido entendidos en Colombia como una muestra de intervencionismo y un atentado contra sus intereses nacionales.
Además, las altisonantes declaraciones de Chávez denunciando complots entre los gobiernos norteamericano y colombiano, un día sí y otro también; al igual que vaticinando un inminente ataque por parte de Colombia y la necesaria reacción militar de Venezuela, han generado el rechazo de distintos sectores colombianos que ven en el presidente venezolano un afán intervencionista y expansionista.
Toda esta situación ha empezado a generar temores entre la población colombiana, donde algunas voces alertan sobre un posible ataque de Venezuela, un intento de invasión y anexión por parte del gobierno Chávez o sobre la posibilidad de que se inicie un conflicto armado regional de insospechadas magnitudes, más si se tiene en cuenta que el gobierno Uribe se ha caracterizado por su indiscutible alianza con el gobierno norteamericano; se escucha que el presidente Chávez ha estrechado lazos con el presidente iraní Ahmadineyad y que Venezuela ha venido armándose, como alternativa de disuasión frente a cualquier posible agresión externa, y específicamente norteamericana.
Ante estos llamamientos a la guerra, recientemente un grupo de intelectuales colombianos y venezolanos, encabezados por Gabriel García Márquez y Ramón J. Velásquez firmaron una declaración llamando a la concordia y pidiendo “recordar los fraternales vínculos históricos que unen a nuestras dos naciones a fin de impedir que sobre ellos se imponga una discordia emanada de intereses contrapuestos en los altos niveles del poder”.
Por otra parte, reconocidos analistas, como Alfredo Rangel, desestiman cualquier posibilidad de agresión armada por parte del gobierno venezolano por factores como el rechazo que cualquier acción de este tipo generaría entre la oposición venezolana, el riesgo de aislamiento frente a la Unión Europea, la escasa posibilidad de triunfo militar y político de las Farc, y por estrategia, pues Rangel afirma que para Chávez son importantes las buenas relaciones con Colombia, especialmente en el aspecto energético, a fin de llevar a buen término su proyecto de sacar por el pacífico colombiano sus hidrocarburos hacia el continente asiático, dejando de lado el mercado de Estados Unidos.
Así las cosas, a la población colombiana y venezolana sólo les queda exigir y esperar que la cordura y la lógica se impongan, por encima incluso de los deseos de sus dirigentes.
Soraya Carvajal
Periodista colombiana especializada en Relaciones Internacionales
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