Redacción de Global Affairs
Los gobiernos de Kenia y Uganda, los cuales se reunirán para revisar las condiciones de la privatización de sus sistemas conjuntos ferroviarios deberían considerar la cancelación de la concesión de 25 años otorgada a Sheltam Rail de Sudáfrica por las repercusiones no sólo económicas de ésta operación sino también sociales. Este es un ejemplo más de la falta de transparencia en los concursos de los gobiernos africanos a la hora de privatizar los servicios públicos.
Es bastante evidente que el inversor no dispone del dinero suficiente para invertir en la línea ferroviaria. También comienza a ser claramente evidente que la concesión es una oportunidad desaprovechada para desarrollar un tipo de sistema ferroviario moderno, eficiente sin el cual las economías tanto de Kenia como Uganda estarían en desventaja. Un servicio necesario para impulsar las economías de ambos países y avanzar hacia un mayor desarrollo económico.
En el año 2006 los gobiernos dieron este activo, valorado por algunos en 5.55 mil millones de euros a Sheltam.
El inversor fue incapaz de pagar la tasa de alrededor de 5 millones de euros requerida para entrar en la operación. Grandes inversores como el Banco Mundial, en teoría instituciones que otorgan créditos, no prestaron toda la cantidad de dinero porque no encontraban las garantías suficientes para llevar a cabo la operación.
Los gobiernos aseguraron que no estaban buscando un director para la red ferroviaria simplemente a un inversor que tuviera el dinero suficiente para mejorar el servicio y llevar los servicios ferroviarios de África del Este a un nivel más alto.
Sheltam Rail, hasta la fecha no ha invertido su dinero en Kenya Railways. En lugar de ello se columpió con una serie de pretendientes y estuvo envuelta en una serie de enredos, disputas y dramas judiciales.
La población de Kenia ha hecho grandes sacrificios por esta línea ferroviaria. Se ha sostenido durante 100 años gracias a su esfuerzo. Para dulcificar la concesión, el gobierno se encargó de la deuda y acordó despedir a 6.000 trabajadores.
Las repercusiones sociales de esta medida son incalculables, el sufrimiento causado a las familias de los trabajadores que han dedicado su viada laboral a mantener un viejo y oxidado sistema ferroviario en funcionamiento es muy elevado.
El único beneficiario
Tras tres años desde la concesión no existe ninguna señal apreciable de mejora del servicio. Durante el primer año, la compañía perdió cerca de 9.25 millones de euros y en el segundo año perdió más de esta cantidad. Entonces ¿cuál es el valor real de esta privatización? ¿qué obtienen los ciudadanos africanos de ella?
El único beneficiario es el nombrado inversor. Parece que el consorcio Rift Valley Railways firmó un contrato de gestión con una compañía asociada de Sudáfrica por el cual la línea ferroviaria paga el 2 por ciento de sus ingresos como impuestos de gestión.
Entonces, independientemente del tamaño de las pérdidas declaradas y de las familias afectadas el inversor todavía obtiene millones de beneficios.
El inversor aseguró haber gastado alrededor de 6.5 millones de euros en el proceso de adjudicación. Dejando de lado el puzzle que supone averiguar de donde tales compañías pequeñas obtienen esa cantidad de dinero e incluso teniendo en cuenta que esos concursos son para importantes trabajos que resultan caros, esta cantidad gastada en una oferta parece ser la causa que invita a una revisión cuidadosa.
Las reputaciones de los tecnócratas del Tesoro y del Banco Mundial que organizaron este acuerdo están en peligro. Al igual que los miles de millones invertidos por capitales privados.
Bibliografía:
- "Railway concession a shameful scandal", Daily Nation (Kenya), 25 enero 2010.
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