viernes, 5 de marzo de 2010

México y su lucha contra el crimen organizado

Número 19/Febrero-Marzo 2010
Mariano César Bartolomé

A mediados del mes de noviembre en Ciudad Juárez, localidad mexicana colindante con Estados Unidos, varias organizaciones de la sociedad civil solicitaron al Poder Ejecutivo que gestione ante las Naciones Unidas el envío de "cascos azules" a esa ciudad con el objeto de combatir la violencia y la delincuencia relacionadas con el narcotráfico. Este hecho, aunque anecdótico, evidencia las dimensiones que alcanzó en la nación azteca la criminalidad organizada, como resultado de un complejo proceso de más de dos décadas de duración.

En la actualidad el panorama mexicano en materia de criminalidad organizada muestra la coexistencia de seis grandes "carteles", cuatro de los cuales están instalados desde hace años: el de "Sinaloa", el de "Juárez", el de "Tijuana" y el del "Golfo". A ellos deben agregarse dos escisiones del grupo del Golfo, consumadas el mismo año 2008: por un lado, el de la así llamada "Familia Michoacana". Por otro, el de una fracción de su brazo armado "Los Zetas", encolumnada tras el liderazgo de Heriberto Lazcano y Miguel Treviño Morales.

El vertiginoso crecimiento de estas organizaciones es indisociable del fenómeno del narcotráfico y de la proximidad del mercado de consumo estadounidense, ya que por México discurre entre el 75 % y el 90 % de la cocaína y del 30 % al 40 % de la heroína que ingresan a su vecino del norte. Esta circulación comenzó a intensificarse hacia finales de la década de los ochenta cuando la Casa Blanca intensificó sus controles antinarcóticos en la zona de Florida y los traficantes colombianos tuvieron que buscar nuevas rutas de introducción de su cocaína en el  territorio estadounidense. Según el Centro Nacional de Inteligencia sobre Drogas del gobierno estadounidense, los carteles mexicanos generan entre 17 mil y 38 mil millones anuales de dólares americanos como producto de sus ventas de cocaína, heroína y marihuana en los Estados Unidos (01).

Europa y América Central han sido otros vectores de la expansión criminal mexicana. A caballo de transitorias saturaciones del mercado estadounidense y de la fortaleza del euro frente al dólar, en el Viejo Continente los criminales mexicanos se vinculan con contrapartes locales para venderles cocaína, al tiempo que adquieren precursores químicos y substancias para la producción de drogas sintéticas. En el istmo centroamericano, en tanto, la presencia criminal mexicana es particularmente notoria en suelo guatemalteco, donde le disputa al gobierno el control sobre vastas áreas territoriales.

Durante el último lustro, el agravamiento de la criminalidad en México se tradujo en un incremento de la espiral de violencia. Los homicidios violentos relacionados con este fenómeno treparon a más de dos mil casos anuales y la corrupción de funcionarios públicos y efectivos policiales alcanzó niveles insólitos. Según indicó en su último libro el periodista especializado Ricardo Ravelo, el 50 % de la policía del país, municipal y estatal, estaba vinculada de una u otra manera con la delincuencia organizada, lo que convertía a esas instituciones en apéndices de las estructuras mafiosas (02). Incluso comenzó a hablarse de una "colombianización" de México, en referencia al neologismo utilizado por primera vez por el ex presidente colombiano Ernesto Samper y después desarrollado desde un "think tank" estadounidense para graficar el derrotero que estaría siguiendo ese país, similar al que padeció Colombia en los años 80, de la mano de los carteles de Cali y Medellín (03).

Frente a esta crítica situación desde la inauguración de su gestión en las postrimerías del año 2006, el presidente Felipe Calderón ha realizado una estrategia proactiva para derrotar a los carteles del crimen organizado, empeñando recursos federales estimados en miles de millones de dólares. La lógica que sustentó las acciones gubernamentales en este tema estuvo signada por cierto fatalismo, según se desprende de las declaraciones efectuadas por el secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos. Dijo el economista en esa oportunidad que "el narcotráfico ya había hecho un Estado dentro del mismo Estado" y que la inacción del mandatario produciría que el siguiente presidente de la República fuera un traficante de drogas (04).

Felipe Calderón, Presidente de México.UN Photo/Eskinder Debebe

Un aspecto clave de esta estrategia gubernamental ha sido el saneamiento de las reparticiones estatales en general y policiales en particular, depurando a sus cuadros y separando a los elementos corrompidos por las bandas criminales. En este contexto, en octubre del año 2008 en el marco de la llamada "Operación Limpieza", se descubrió que el cartel de Sinaloa había logrado infiltrar a las dos instituciones estatales más importantes en la lucha contra este flagelo, la Procuraduría  General de la República (PGR) y la Policía Federal Preventiva (PFP). Las secuelas de este escándalo incluyeron la renuncia del jefe de esa institución policial y la detención del director de la Interpol en ese país, por complicidad con los grupos criminales.

Las iniciativas del gobierno no han estado exentas de críticas, particularmente en relación al empleo intensivo de casi 50 mil efectivos militares en acciones antidrogas urbanas y rurales en los estados más violentos del país; esta opción fue explicada de dos maneras complementarias desde el Poder Ejecutivo: por un lado, debido a la mencionada corrupción policial que contrasta con la buena imagen de las Fuerzas Armadas ante la opinión pública. Por otra parte, a causa de la potencia y sofisticación crecientes del armamento de los narcos.

Desde entonces y hasta el presente se registraron importantes triunfos en materia de decomisos de drogas y detención de importantes criminales, algunos de ellos extraditados a EEUU. El último éxito de esta saga tuvo lugar en vísperas de la pasada Navidad, cuando en Cuernavaca fue abatido Arturo Beltrán Leyva, el mítico "jefe de jefes", antiguo jerarca del cartel de Sinaloa y luego fundador del cartel del Golfo. Esta organización estaba vinculada con los grupos de narcotraficantes que operan en la costa del Pacífico de Colombia, en especial con el cartel del Norte del Valle; de allí importaba droga que después se distribuía en EE.UU. y Europa.

Durante todo el lapso, las Fuerzas Armadas mantuvieron importantes índices de respaldo ciudadano (en torno al 70 %) frente a las tareas que les fueron impuestas, más allá de acusaciones aisladas de exceso de la fuerza e incluso violaciones a los Derechos Humanos. Sin embargo, como ha apuntado un especialista, tal vez lo más importante de la lucha del estado mexicano contra los carteles del crimen organizado no se exprese en términos de logros conseguidos, sino de lo que se evitó: que vastos sectores de la policía e incluso localidades pequeñas, estuvieran bajo el control de esas organizaciones ilegales (05).

La contracara de estos logros ha sido un aumento aún mayor de los niveles de violencia, producto tanto del enfrentamiento entre el estado y los carteles, como de estos últimos entre si. El cuadro de violencia que experimenta México puede ser objeto de dos lecturas mutuamente excluyentes. Una de ellas relativiza la gravedad de esa situación, indicando que está focalizada básicamente en el Distrito Federal y siete estados (Chihuahua, Sinaloa, Baja California, Guerrero, Michoacán, Durango y Jalisco) por donde corren las redes del tráfico de drogas hacia EEUU, mientras en el resto del territorio no existen problemas de delincuencia organizada de gran envergadura (06). La interpretación antagónica, a la cual nos adherimos, subraya que la gravedad de este problema no debe leerse sólo en términos de su focalización geográfica sino también de su crecimiento cuantitativo y su complejización cualitativa; desde esta perspectiva, el fenómeno de la actual violencia mexicana no registra parangón alguno en tiempos modernos.
En el año 2008 las muertes violentas relacionadas con el crimen organizado se dispararon a 5.661, más de un 100 % de aumento interanual. El año pasado las estadísticas empeoraron y el primer millar de decesos se alcanzó en apenas 51 días (el 21 de febrero) mientras que en el ejercicio anual anterior habían hecho falta 113 días para llegar a esa cifra, lo que llevó el cálculo anual a la impresionante cantidad de más de 7.000 casos. El resultado final excedió incluso esa espeluznante cifra, para alcanzar los 7.724 decesos (842 solamente en diciembre), lo que representa una muerte cada 65 minutos. De ese total, 3.250 asesinatos tuvieron lugar en Chihuahua y de ellos, 2.635 ocurrieron en Ciudad Juárez (07).

En lo que va del presente año, las cosas no han mejorado. En los primeros diez días del mes de enero, los homicidios cometidos en Ciudad Juárez llegaron al centenar. A nivel nacional solamente en un día, el 9 de enero, los carteles criminales cometieron 69 asesinatos violentos en distintos estados del país; así, esa jornada se constituyó en la más violenta desde 2006, cuando el actual gobierno inició su ofensiva contra la criminalidad organizada (08).

El alza del número de homicidios perpetrados por los criminales se acompaña por crecientes niveles de sofisticación, expresada a través de rituales de alto impacto mediático y valor simbólico. El periodista Sergio González Rodríguez ha explicado este fenómeno como resultante de la degradación social: la violencia tiende a ser una moneda, por encima de la política, de tráfico cotidiano. Es decir, quien tiene mayor capacidad de ejercer violencia, por encima incluso del sistema político, es quien va a imponer un dominio territorial.

En parte, esta sofisticación es protagonizada por verdaderos especialistas en materia de ejercicio de la violencia, contratados por los carteles a través de una verdadera "tercerización" o incorporados a su estructura a través de órganos específicos. Entre esos especialistas se encuentran mareros centroamericanos y militares de élite nacionales y extranjeros. Un ejemplo paradigmático es el de los mencionados Zetas, que incluyen entre sus miembros a ex cuadros de los grupos Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE) y Anfibio de Fuerzas Especiales (GANFE) del ejército mexicano, así como a "kaibiles" del ejército guatemalteco.

Un macabro panorama resulta de esta interacción: a mediados del año 2008 en el estado de Durango fueron halladas cuatro cabezas humanas guardadas en heladeras, producto de asesinatos entre los carteles de Sinaloa y el Golfo. Meses después, una guerra entre carteles derivó en una treintena de muertes en Tijuana: algunos cuerpos fueron encontrados con sus lenguas cercenadas, tres cuerpos se encontraron dentro de barriles de metal con ácido, otros cinco cadáveres tenían la cabeza cubierta con cinta adhesiva y estaban atados de pies y manos, y dos estaban decapitados y uno de ellos tenía la cabeza entre las piernas.
En esta materia descolla el caso de Teodoro "El Teo" García Simental, considerado el narcotraficante más violento de la geografía mexicana, detenido a mediados del mes de enero de este año. El Teo, uno de los líderes históricos del cartel de Tijuana, después aliado al cartel de Sinaloa, fue responsable de al menos 300 homicidios solamente en esa ciudad fronteriza de Baja California y en un lapso de apenas dos años, desde comienzos de 2008 hasta su detención. Sus métodos de tortura, asesinato y eliminación de evidencias incluían decapitaciones, mutilaciones, incineraciones y disoluciones con ácido (09).

Un dato singular de México es que, en buena medida, la violencia imperante tiene como destinatarios a los periodistas que denuncian las actividades criminales y la corrupción gubernamental asociada a ese estado de cosas. Así, México se convirtió en uno de los países más peligros del mundo para ejercer el periodismo, según entidades como Reporteros sin Fronteras y la Sociedad  Interamericana de Prensa (SIP).

Pero más preocupante aún que este salto cuantitativo, es el agravamiento del fenómeno en términos cualitativos. El año 2008, en ocasión de los festejos por la independencia nacional, en el centro histórico de Morelia (Michoacán), estallaron dos granadas de forma prácticamente simultánea, en medio de millares de personas. Este ataque, perpetrado por la Familia, constituyó la primera agresión directa del crimen organizado contra población civil, con un saldo de siete muertos y más de un centenar de heridos. Con razón, desde el gobierno central se tipificó el hecho como un acto terrorista liso y llano.

Otro indicador del agravamiento cualitativo de la violencia protagonizada por las organizaciones criminales aztecas, es que las mismas cuentan con capacidad para sostener enfrentamientos directos con las fuerzas del orden. Y en este punto, el caso paradigmático también fue protagonizado por la Familia: la detención de uno de sus principales cabecillas desató una serie de ataques simultáneos contra numerosas comisarías en Michoacán, empleando granadas y armas largas, con un saldo de una decena de policías muertos y el doble de heridos. El Poder Ejecutivo se vio obligado a reforzar la seguridad michoacana con miles de efectivos, mientras desde el periodismo se calificaba al incidente como la "ofensiva Tet" del crimen organizado (10).

La imagen de una ofensiva Tet establece una analogía con la guerra de Vietnam que se plantea esencialmente en términos subjetivos, asociados a percepciones. En esta materia, aunque está fuera de discusión el incremento cuantitativo y el agravamiento cualitativo de la violencia en el país, el gobierno y la población parecen interpretarla en términos opuestos.

Así, para el gobierno la espiral de violencia no indica un fracaso de la lucha contra el crimen organizado, sino precisamente de lo contrario: los involuntarios procesos de reacomodamiento que debieron encarar las organizaciones ilegales, producto de la eficaz acción de las fuerzas del Estado; en otras palabras, no se hubiera registrado incremento de la violencia criminal sin eficacia estatal previa (11). En las antípodas, diferentes sondeos de alcance nacional señalan que la mayoría de los mexicanos no se siente más seguro desde que el gobierno puso en marcha su estrategia de combate al narcotráfico.
En el marco de la coexistencia de estas visiones antagónicas, desde los EEUU le han hecho un flaco favor a la administración de Calderón: en un informe publicado a principios del año 2009 por el Departamento de Defensa se calificó a México como un "Estado fallido" junto con de Pakistán; poco después, un alto funcionario de la CIA comentó que un probable colapso al sur de la frontera estaba en la lista de mayores preocupaciones de seguridad de la agencia (12). Nadie en México le ha dado crédito a esa tesis de la "falla", al menos en su sentido lato; en todo caso, esa falla estaría concentrada en las estructuras policiales, de inteligencia y de justicia, sin que sus efectos trasciendan al resto del aparato estatal (13).

De todos modos es justo indicar que no se descarta un escenario de esas características a medio plazo, dependiendo del éxito que arroje el proceso de saneamiento y depuración del aparato estatal y las principales fuerzas políticas, frente a la infiltración criminal. Según el obispo de la Diócesis de Saltillo, Raúl Vera López, gracias a una complicidad de alto nivel, el crimen organizado está creando su propia estructura dentro del estado mexicano y si esta situación no cambia el desenlace sí será el de un estado fallido (14).

Hacia el futuro, la estrategia gubernamental de lucha contra el crimen demanda, para su completo éxito, la colaboración plena de EEUU, país que ha anunciado que enmarcará el grueso de su ayuda en la denominada "Iniciativa Mérida", un  plan similar al Plan Colombia aunque destinado a incrementar las capacidades anticriminales de México y Centroamérica a través de la provisión de entrenamiento y equipo. En su versión original la Iniciativa contemplaba ayudas por 1,5 mil millones de dólares americanos en un trienio, aunque esa cifra se redujo a caballo de recortes fiscales originados por la crisis financiera y de cuestionamientos de diversa naturaleza (política, judicial y humanitaria) al gobierno de México. Sin embargo, la dimensión adquirida por esta problemática transfronteriza obligó a la Casa Blanca a adoptar unilateralmente medidas adicionales, entre ellas el envío a la zona de cientos de efectivos adicionales de diferentes agencias federales, sin descartar el despliegue de tropas de la Guardia  Nacional.

Empero, el papel clave de este país en los esquemas de seguridad de México no se limita a su demanda de estupefacientes, ni a su capacidad para financiar vastos programas de entrenamiento y equipamiento, sino también a su oferta de armas y la existencia de funcionarios venales, permeables a la corrupción criminal. La inmensa mayoría de las armas ilegales que utilizan los carteles mexicanos ingresan al país por la frontera septentrional, en torno a la cual se concentran 12 mil armerías de unas 107 mil distribuidas en toda la superficie estadounidense. Sobre este último punto, un informe difundido por el Partido Revolucionario Institucional indicó que en 2008 habrían entrado a México desde su frontera norte más de 200 mil armas de alto poder (más de 600 por día), incluidas bazucas, ametralladoras, morteros, lanzagranadas y armas cortas con capacidad para atravesar cualquier blindaje o chalecos antibalas, conocidas en el hampa como "mata policías" (15).


En síntesis, México se consolidó como la nación latinoamericana donde se registran las mayores tasas de crecimiento de la criminalidad organizada, con su correlato de violencia sin parangón histórico. La gravedad de esta situación ha llevado a algunos a hablar de la "colombianización" mexicana, mientras otros aseguran que se asiste a un cuadro de falla estatal. Ni lo uno ni lo otro: la aplicación de esos enfoques evidencia una excesiva y nociva simplificación, soslayando las particularidades que exhibe cada caso, producto de factores y situaciones únicas e irrepetibles.

En este sentido México, al contrario que Colombia, no es productor de cocaína ni de heroína, como tampoco su criminalidad muestra vinculaciones con insurgencias armadas que dicen tener un proyecto político, como es el caso de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En sentido inverso, nunca se registraron en el aparato estatal colombiano, ni en sus fuerzas policiales, los niveles de corrupción que exhiben sus contrapartes mexicanas. Una tercera diferencia entre ambos casos, imposible de soslayar en esta comparación, es la frontera que comparten México y EEUU, doblemente permeable: para la droga en una dirección y para las armas en la otra.

No cabe duda que los niveles de violencia criminal serían significativamente menores en México si el estado no hubiera adoptado la decisión de combatir ese flagelo con todas sus fuerzas. Los carteles no estarían inmersos en una lucha sin cuartel contra policías y militares, ni se enfrentarían entre sí para redefinir sus áreas de control territorial. Por otro lado la inactividad por parte del gobierno hubiera supuesto un constante crecimiento de ese poder oculto en todas las instituciones de la vida mexicana, con especial énfasis en los poderes de la República corrompiéndolos y haciéndolos funcionales a sus intereses. La voluntad del Poder Ejecutivo de no aceptar este estado de cosas e intentar modificarlo, indica que el estado tiene una profunda debilidad institucional pero no es fallido.

Sin embargo, ese esfuerzo gubernamental será insuficiente si no incluye la colaboración de otros países. El crimen organizado es una amenaza transnacional y éstas, por definición, se caracterizan por trascender fronteras estatales, demandando acciones concertadas entre los actores afectados. En este sentido, EEUU está llamado a jugar un papel descollante en la lucha que está llevando adelante su vecino meridional.

Mariano César Bartolomé
Docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Universidad del Salvador (USAL) y Universidad Nacional de La Plata (UNLP)

Bibliografía:



(01): OPPENHEIMER, Andrés: "EEUU, un paraíso de armas para los narcos", La Nación 24 de marzo de 2009

(02): RAVELO, Ricardo: Herencia maldita. El reto de Calderón y el nuevo mapa del narcotráfico. Grijalbo, México DF 2007

(03): La primera referencia que tenemos de empleo del concepto "colombianización" corresponde a Ernesto Samper en octubre de 2004 y motivó un enérgico rechazo por parte del gobierno mexicano. El concepto reaparece meses después de la mano de Ted Galen Carpenter, del Cato Institute, en su trabajo "La colombianización de México", fechado el 31 de marzo del 2005

(04): GERIUP: "Crimen Organizado en México: hacia un escenario de Estado Fallido?", Informes del GERIUP 25 de febrero de 2009

(05): MILLER LLANA, Sara: "Two years after its launch, Mexicans question President Calderón's drug war", The Christian Science Monitor, December  11, 2008

(06):  VILLALOBOS, Jorge: "La fuerza de México", Nexos 1 de marzo de 2009

(07):  "El Estado no puede con los carteles", Página 12, 7 de febrero de 2010

(08):  "Ciudad Juárez registra cien asesinatos en los primeros diez días de 2010", El Mundo 11 de enero de 2010

(09): "Capturan a El Teo, el narco más violento", BBC Mundo, 12 de enero de 2010

(10):  MILLER LLANA, Sara: "Drug Cartels launch Mexico´s Tet Offensive". The Christian Science Monitor, July  14, 2009

(11):  CÓRDOBA, José: "Latin American Panel Calls U.S. Drug War a Failure", The Wall Street Journal, February 12, 2009

(12): GERIUP, op.cit.

(13): BENÍTEZ MANAUT, Raúl: "La crisis de seguridad en México", Nueva Sociedad N° 220, Marzo-Abril 2009, pp. 173-189

(14): "Obispo Vera alerta sobre estado narco", El Universal 10 de agosto de 2009

(15): "PRI: más de 200 mil armas llegaron por frontera con EU", El Universal 6 de junio de 2009







Global Affairs no es responsable de las opiniones vertidas por sus colaboradores/as