Adrien Majourel
"Afirmando que los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo" y "decididos a poner fin a la impunidad de los autores de esos crímenes y a contribuir así a la prevención de nuevos crímenes." (1)
Al escribir este preámbulo, los fundadores de la Corte Penal Internacional (CPI) mostraron su voluntad de acabar con la impunidad a los crímenes más graves, tales como: genocidios, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. En el futuro es necesario alzar la espada de Damocles sobre los dirigentes principales, jefes militares o individuos para que no queden exentos de la Justicia. Este principio debía ser aplicado, sin excepción, desde el soldado de menor rango hasta el más alto responsable.
60 años después de la declaración universal de los derechos del hombre; más de 10 años después de la firma del estatuto de Roma; la CPI hace frente a la historia, a su propia historia.
Así pues, en el año 2009 es cuando se abrió el primer juicio y se lanzó la primera orden de arresto en contra de un presidente en actividad: Al Bachir, de Sudán.
El éxito de este juicio y el respeto de esta orden de arresto serán cruciales para la durabilidad de la CPI y a su vez, determinarán su importancia en la historia. ¿Utopía de corto plazo o instrumento para cambiar el mundo?
Es hora del primer balance.
La Corte Penal Internacional
Antes que todo, conviene recordar que es y como se creó la CPI, cuales son sus objetivos, sus recursos y su campo de acción.
Hace mucho tiempo que la comunidad internacional aspira a la creación de una corte internacional permanente. Soñada desde finales del siglo XIX por Gustave Moynier, uno de los fundadores de la Cruz Roja, la idea surgió nuevamente después de la Segunda Guerra Mundial con los juicios de Nuremberg y Tokio, pero la Guerra Fría la enterró. Después de la caída del muro de Berlín en 1989, los genocidios de Rwanda y de la ex-Yugoslavia recordaron a la humanidad que la barbarie podía surgir en cualquier momento y dos tribunales "ad-hoc" fueron creados por la ONU, el TPIY y el TPIR.
La comunidad internacional, llevada por la idea que no podía haber paz sin justicia, tenía que hallar un instrumento permanente para: primero, reaccionar rápidamente e imparcialmente frente a los crímenes más atroces y segundo, para disuadir futuras violaciones.
Así es como el 17 de julio de 1998 una etapa histórica fue superada cuando 120 estados adoptaron el Estatuto de Roma, fundamento jurídico de la creación de la CPI, cuya sede iba a estar en La Haya, Países Bajos.
El 22 de julio de 2009, 110 estados habían ratificado el estatuto de la corte, aceptando así su autoridad. Sin embargo, se encuentran aún estados ausentes importantes como: Rusia, China, India, todos los países árabes - excepto Jordania - Israel y Estados Unidos, aunque Barack Obama y Hillary Clinton parecen favorables a la idea de una justicia internacional. (2)
La CPI no pertenece al sistema de las Naciones Unidas y aunque está principalmente financiada por sus estados miembros, también recibe contribuciones voluntarias por parte de gobiernos, organizaciones internacionales, particulares, empresas y otras entidades.
Según el artículo 13 del estatuto de Roma, la CPI puede ser apelada de tres maneras. Primero, por un estado miembro, si piensa que no tiene las capacidades para hacer respetar la justicia en su territorio. Es el caso de la República Democrática del Congo (RDC), Uganda y la República Centro Africana (RCA). El Consejo de Seguridad de la ONU también puede diferir al fiscal una situación (Resolución 1593 para Darfur). En fin, el fiscal puede decidir sobre investigar un caso según las informaciones que reciba. En la actualidad, no se ha usado esta posibilidad.
La CPI investiga 4 situaciones y emitió 14 órdenes de arresto.
Lo que esta en juego con la orden de arresto de Thomas Lubanga
Después de siete meses de retraso a causa de una batalla pleitista entre la defensa y el fiscal, el primer juicio de la historia empezó el 26 de julio de 2009. El momento fue histórico: Pasaron 11 años desde el estatuto de Roma y 7 años desde su puesta en marcha.
En la Republica Democrática del Congo (RDC), se estima que 5.4 millones de personas murieron a causa del conflicto entre 1998 y 2003 (3).
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| Campo de refugiados en Kibati. UN Photo/Marie Frechon |
En abril del 2002, Thomas Lubanga, antiguo vendedor de oro en Bunia, de 42 años, lanzó un movimiento político y militar en Ituri. Apoyado por Uganda y después Rwanda, en un contexto de lucha por las riquezas minerales de la región y de rivalidades étnicas entre los Himas y Lendus, fue responsable de la masacre de numerosos civiles. La ONU estima que mas de 30.000 niños fueron entonces reclutados por el movimiento armado de Lubanga (4).
En marzo de 2004, Joseph Kabila, presidente de la RDC, pide a Luis Moreno Ocampo, fiscal jefe de la CPI, investigar a su país desde el 1er de julio de 2002. Tres meses después, se abre la investigación pero su comienzo no es el esperado; la población local es herida, y no confía en esta institución con sede en Europa. La primera orden de arresto, en contra de Thomas Lubanga, sólo es emitida un año y medio después, en febrero del 2006. Esta orden es entonces muy criticada porque aunque era la primera vez en la historia que este crimen era perseguido, Lubanga solo era buscado por el reclutamiento de niños soldados y no por crímenes más visibles como violación, asesinato o torturas.
En octubre de 2007 y en marzo 2008, recaen responsabilidades conjuntas (masacres, pillajes y esclavitud sexual) sobre los jefes de guerra Germain Katanga y Mathieu Ngudjolo en el saqueo de Bogoro, un pueblo de etnia principalmente Hema en febrero del 2003. Si es verdad que hay muchos más culpables y quizás aún más importantes, estas detenciones son un gran paso para la historia.
A principios de año, el juicio contra Lubanga comenzó, pero la primera persona que debía testificar se retractó temiendo por la seguridad de su familia y su regreso a la RDC. Por primera vez en la historia de la justicia internacional, el Estatuto de Roma admitía a las 93 víctimas durante el proceso contra Thomas Lubanga.
Por tanto lo que está en juego durante este juicio es la necesidad de enviar un mensaje a los que reclutan y brindan armas a niños en países como Liberia, Afganistán, Sri-Lanka o Colombia.
Según Human Right Watch, el juicio de "Lubanga ya ha tenido un impacto sobre la actuación de los jefes de guerra. Ahora tienen conciencia plena de que pueden ser perseguidos" (5)
Lo que esta en juego con la orden de arresto de Bachir
Darfur es una región de Sudán marcada por uno de los conflictos más sangrientos de estos últimos años. En seis años, mas de 300.000 civiles (10.000 según Jartum) han sido asesinados por el ejercito sudanés y sus milicias Jenjawids, generando daños colaterales y el desplazamiento a más de 2.7 millones de personas, donde se enfrentan varios grupos rebeldes de etnias africanas como son Four, Masalit y Zagawa (6).
En 2005, un informe del jurista italiano Antonio Cassese (antiguo presidente del TPIY) denuncia crímenes contra la humanidad en la región y establece una lista de 51 posibles sospechosos. Alarmado, el Consejo de seguridad de la ONU difiere la situación al Fiscal jefe de la CPI el 31 de marzo del 2005.
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| Civiles desplazados del Sur de Sudán por el aumento de los ataques del LRA. UN Photo/Tim McKulka |
Dos años más tarde, la corte emite dos órdenes de arresto contra Ahmed Harun, ministro del interior entre 2003 y 2005 y un dirigente Janjawid, Ali Kushayb. Se le imputaron 51 cargos por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Pero la respuesta de Jartum no tarda y Harun, acusado de haber elaborado un plan sistemático de ataques contra civiles en Darfur es nombrado Ministro de Asuntos Humanitarios, encargado de la protección y de la asistencia de las poblaciones desplazadas en Darfur. Finalmente, Ali Kushayb es soltado por falta de pruebas.
Frente a esta actitud provocativa por parte del gobierno sudanés y la escalada de la violencia en la zona desde el año 2008 con modalidades similares a los años 2003-2004 (bombardeos de pueblos por el ejército seguidos por ataques de Jenjawids), la CPI emitió el 4 de marzo de 2009 una orden de arresto en contra del presidente de Sudán, Al Bachir.
Esta decisión es una etapa extremamente significativa por la justicia internacional. Por primera vez, un jefe de estado activo, que no es aislado como Milosevic o Charles Taylor, es sujeto de una orden de arresto y debe responder por los crímenes cometidos en su propio país.
Aparte de ser un principio de victoria para la lucha en contra de la impunidad, también suscita la pregunta de saber si la paz y la justicia son conciliatorias.
En efecto, después del anuncio de la orden de arresto como si pudieran jugar con este dilema, las autoridades sudaneses expulsaron numerosas organizaciones humanitarias de Darfur. Estas ONG aseguraban más de la mitad de la ayuda en la región y esa decisión puso en peligro la vida de más de 4.7 millones de personas que dependían de esa ayuda.
Sin embargo, en el caso de Darfur, el dilema entre justicia y paz no tiene coherencia. Meses antes de la orden, la comunidad internacional esperó una apertura por parte de Jartum que sabia que Al Bachir iba a ser inculpado. Algunos países de la Unión Africana y de la Liga Árabe pidieron el recurso al artículo 16 de los estatutos de la CPI, que ofrece la posibilidad de suspender el proceso jurídico para favorecer la paz. Algunos otros países miembros del Consejo de Seguridad como Francia, Gran Bretaña, Rusia o China evocaron también este recurso pero esperaban en cambio una señal clara por parte del gobierno sudanés. Al Bachir no entendió este mensaje o no lo quiso escuchar.
En realidad, el presidente sudanés tiene una idea muy personal de la justicia. Cuatro días después de la orden de arresto en su contra, viajó a Darfur donde declaró: "La CPI, los jueces y el Fiscal están por debajo de mis zapatos" (7)
Esta actitud constituye el mayor desafío para la propia corte en un futuro. Si la comunidad internacional no protege a la CPI y deja a unos de sus dirigentes ridiculizarle, viajar libremente fuera de sus fronteras, no tendrá más credibilidad. En este marco, las señales dadas por China, que públicamente condenó la decisión de la corte; la Liga Árabe que también la rechazó en presencia del Secretario General de la ONU (Ban Ki-Moon) y de la Unión Africana que decidió que sus países miembros no cooperaran con la CPI son preocupantes y alarmantes (8).
La CPI no tiene su propia policía y depende de la comunidad internacional para arrestar a los sospechosos. De esta forma la manera con la cual los estados se comportan con el caso de Al Bachir es crucial y esencial. ¿Estará aislado, debilitado e ilegítimo? ¿O va a conservar estrechos vínculos con la Liga Árabe, la Unión Africana, China y demás países que no aceptan la autoridad de la CPI?
Será la primera verdadera prueba de credibilidad para la CPI.
Lo que esta en juego en el caso de Jean Pierre Bemba
El 22 de diciembre del 2004, el Estado Centro Africano (RCA) presidido por François Bozizé después de su golpe de Estado en marzo del 2003, pedía al Fiscal de examinar todos los crímenes cometidos en RCA desde el uno de julio del 2002. El 11 de abril del 2006, el Tribunal Supremo centroafricano reconocía que la "Corte Penal Internacional" ofrece la mejor posibilidad para buscar y castigar a los autores de los crímenes más graves cometidos en ese país. (9)
Así pues, el 22 de mayo del 2007, Luis Moreno Ocampo anuncia la apertura de una investigación afirmando: "violaciones han sido cometidas [en RCA] en tales proporciones que no es posible ignorarlas a la luz del derecho internacional". "Por lo menos 600 victimas han sido identificadas en un período muy corto de cinco meses". entre octubre del 2002 y los primeros días de marzo del 2003, precisando que es "altamente probable que las verdaderas cifras sean más elevadas". (10)
En esta época, el « Mouvement de Libération du Congo » (MLC) de Jean Pierre Bemba había cometido numerosas violaciones, asesinatos de civiles y saqueos de pueblos cuando vinieron a apoyar al régimen del presidente centroafricano Ange-Felix Patassé que se enfrentaba a una tentativa de golpe de estado por parte del general François Bozizé.
Jean Pierre Bemba es un político importante de la RDC. En este país ha sido vicepresidente de las instituciones de transición entre junio del 2003 y febrero del 2007. Derrotado por Joseph Kabila en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en octubre del 2006 tuvo que expatriarse a Portugal en marzo del 2007. Después de la orden de arresto que la CPI emitió, las autoridades belgas lo detuvieron en Bruselas en mayo del 2008. Enfrentó unas primeras comparecencias en enero del 2009 en la sede de la CPI y el 16 de junio del 2009, la corte ordenaba su remisión a la justicia.
El tribunal confirmó entonces su responsabilidad penal en calidad de jefe militar. Según los jueces, existían pruebas suficientes para llevar a cabo el juicio contra el dirigente del grupo MLC. Aunque la corte todavía no ha establecido una fecha, el juicio de Bemba es muy significativo para la historia de la CPI. La institución tendrá que alejar las suspicacias de una manipulación política orquestada por sus oponentes y mostrar que es posible organizar un juicio equitativo para un dirigente poderoso y apoyado.
Lo que está en juego en Uganda
Según las Naciones Unidas, el conflicto en el cual se enfrentan la « Lord Revolution Army » (LRA) y el ejercito regular ugandés desde 1987 causó directamente o indirectamente la muerte de mas de 100.000 personas y provocó, al mismo tiempo el desplazamiento de más de 1.5 millones de civiles. Las atrocidades imputadas a la LRA incluyen masacres de civiles, mutilaciones y el rapto de más de 25.000 niños utilizados como soldados o esclavos sexuales.
Después de haber votado por una ley « clásica » de amnistía en el año 2000 para los ugandeses implicados en el conflicto, Kampala lanzó en marzo del 2002 una campaña militar para erradicar las bases de retaguardia de la LRA en el sur de Sudán. Pero la operación ha sido un fracaso ya que los rebeldes se marcharon al norte de Uganda donde los combates y los raptos se intensificaron en una parte del país que había sido el testigo de las violencias hasta entonces. El número de desplazados internos subió de 450.000 personas a 1.5 millones.
En diciembre del 2003, Uganda que es estado parte del Estatuto de Roma, refiere discretamente su situación a la CPI. Kampala duda de la sinceridad de Jartum para dejar de sostener a la LRA y piensa que si la CPI investiga, eso podría presionar al gobierno sudanés e implicar a la comunidad internacional para resolver el conflicto más antiguo del continente africano.
Luis Moreno-Ocampo abre su investigación en julio del 2004. Un año más tarde, cinco órdenes de arresto son lanzadas en contra del "estado mayor" de la LRA: El jefe, Joseph Kony y cuatros de sus tenientes, Vincent Otti (ejecutado por Kony en otoño del 2007), Okot Odhiambo, Dominic Ongwen y Raska Lukwiya (muerto durante los combates frente al ejercito ugandés en 2006). Todos son acusados de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
Aunque al principio ciertas personas pensaron que las órdenes de arresto de la CPI en el 2005 habían sido el origen de los ataques de la LRA contra de trabajadores de organizaciones humanitarias internacionales, algunos expertos también mencionaron que la decisión de la CPI en contra de Kony y de sus tenientes había impulsado a la LRA a la mesa de negociaciones en julio del 2006. Si bien al final Kony no apareció para firmar un acuerdo de paz definitivo en abril del 2008, esta tentativa de establecer un proceso de paz ayudó a mejorar la estabilidad en el norte de Uganda. Las órdenes de arresto, asimismo, ayudaron a poner énfasis en la necesidad de hacer justicia, algo esencial para el proceso de paz pero también mostraron que no podrá existir paz sin justicia en la zona ya que la única manera de restablecerla es capturar a Kony y a sus tenientes. Un diálogo entre las victimas y la sociedad civil pudo existir, primer paso para seguir adelante.
Pero lo que está en juego en este juicio es la manera con la que el gobierno ugandés baraja la posibilidad de sacar el expediente de las manos de la corte y recurrir a una justicia tradicional, donde el acusado ofrezca disculpas a las víctimas. La utilización de esta eventualidad en las negociaciones, una vez más, pone en peligro la legitimidad de la Corte.
En efecto, Joseph Kony siempre condicionó la firma de un acuerdo de paz a retirar la orden de arresto en su contra. Kampala podría referirse al artículo 16 del estatuto de la CPI para suspender durante un año toda acción judicial.
Esto sería un hecho lamentable ya que no habría ninguna posibilidad de que esta interrupción traiga paz en Uganda. Joseph Kony tuvo numerosas ocasiones para parar sus crímenes y es obvio que su único objetivo era seguir su locura sangrienta e insaciable. Además, sería un fracaso para el fiscal Luis Moreno Ocampo ya que crearía el sentimiento de que la justicia internacional puede ser manipulada y desviada.
Otros Asuntos
La oficina de Luis Moreno Ocampo trabaja también sobre varias investigaciones preeliminarías en el Chad, Kenia, Afganistán, Georgia, Costa de Marfil y Colombia. El fiscal también anunció que estaba haciendo una investigación preeliminar sobre los crímenes de guerra cometidos en Gaza durante la última ofensiva israelí "Plomo endurecido" el pasado invierno.
En el caso de Colombia, el anuncio del fiscal ha puesto, sin ninguna duda, presión sobre las autoridades para que mejoren las investigaciones sobre los crímenes cometidos en el país y que a su vez, caen bajo la competencia de la CPI.
La Historia está en marcha
Mas allá de todos esos desafíos, la corte tendrá también que responder a muchas críticas que la acusan de ser un instrumento de occidente destinado a juzgar criminales esencialmente africanos considerados tanto políticamente como económicamente "débiles".
Entonces tendrá que mostrar que de los 110 países miembros, 30 son africanos, representando el grupo regional más importante y tres de las situaciones que la corte investiga han sido iniciadas por los gobiernos de esos mismos países. Igualmente, 5 de los 18 jueces de la corte son africanos.
Tal y como decía Koffi Annan: "Hay que preguntarse porque los dirigentes africanos no deberían alegrarse de este enfoque de las víctimas africanas. Esos dirigentes ¿quieren tomar partido por los presuntos autores de las atrocidades cometidas o por sus victimas? Si la corte no logró hasta ahora contestar a las llamadas de socorro fuera de África, ¿es ésta una razón para ignorar las llamadas de las víctimas africanas?" (11)
Los verdaderos líderes, bien sean africanos o no, no tienen nada que temer de la CPI. Esta jurisdicción es el reflejo universal de la necesidad de un tribunal que pueda castigar a los autores de los crímenes más graves así como disuadir otros de cometerlos.
Por estas razones, la comunidad internacional tiene que desempeñar su papel plenamente para apoyar el trabajo de la corte. Se tienen que hacer los máximos esfuerzos para promover la ratificación universal del Estatuto de Roma y continuar presionando a los estados y a las organizaciones intergubernamentales para que cooperen con la institución.
Cada uno tiene que asumir sus responsabilidades frente a la historia. No solamente es la historia de la corte la que depende de esta toma de conciencia ya que no puede haber paz verdadera sin justicia. No es la justicia, sino la comisión perpetua de crímenes y la impunidad las que ponen en peligro la paz a nivel global.
Adrien Majourel
Periodista francés
BIBLIOGRAFÍA
(1) http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/369/File/PDF/CentrodeReferencia/InstrumentosdeDerechosHumanos/Estatutoderomadelacortepenalinternacional.pdf
(2) « Under Obama, US drops hostility to ICC: expert » - AFP - 22/03/09 o « Hillary Clinton regrette que les Etats-Unis ne fassent pas partie de la CPI » - Le Monde - 06/08/09
(3) « Longue descente aux enfers en RDC : 45 000 morts chaque mois » - Courrier International - 23/01/08
(4) « Le procès de Thomas Lubanga à la Cour pénale internationale » - HRW - 23/01/09
(5) « Thomas Lubanga répond de crimes de guerre devant la CPI » - Afrik.com - 26/01/09
(6) « L'ONU parle de 300 000 morts au Darfour » - France 24 - 22/04/09
(7) « La CPI, les juges et le procureur sont tous sous mes souliers » - AFP - 09/03/09
(8) « Mandat d'arrêt contre Béchir: Toutes les réactions » - Jeune Afrique - 31/03/09
(9) « La Cour de Cassation confirme l'incapacité des tribunaux à enquêter sur les crimes graves. » - FIDH - 13/04/06
(10) Lettre de la CPI - 05/07
(11) « Kofi Anan défend le Cpi et se prononce contre l'impunité » - L'autre quotidien - 01/07/09
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