Número 9/junio-julio 2008
Soraya Carvajal B.
La extradición de los 15 principales jefes paramilitares de Colombia hacia Estados Unidos, acusados de narcotráfico, supuso un golpe de autoridad del gobierno frente a los desmanes que éstos venían cometiendo desde las cárceles, pero generó una fuerte controversia ética y jurídica en el país, porque este hecho evidenció el fracaso del proceso de paz con estos grupos armados y dejó en entredicho la verdad, justicia y reparación para las víctimas.
En la madrugada del 13 de mayo los jefes paramilitares Salvatore Mancuso, Ramiro Vanoy, Francisco Javier Zuluaga, Guillermo Pérez Alzate, Rodrigo Tovar Pupo, Diego Fernando Murillo, Manuel Enrique Torregrosa, Martín Peñaranda, Hernán Giraldo, Edwin Mauricio Gómez, Juan Carlos Sierra, Eduardo Vengoechea, Nodier Giraldo y Diego Alberto Ruiz (Carlos Mario Jiménez, ya había sido extraditado el 7 de mayo pasado) todos desmovilizados e inmersos en el proceso de Justicia y Paz en Colombia, fueron extraditados hacia Estados Unidos para enfrentar diferentes juicios por narcotráfico.
Como había sido denunciado reiteradamente por defensores de derechos humanos, algunos medios de comunicación y por los familiares de las víctimas, los paramilitares -acusados del asesinato de miles de personas y del desplazamiento forzoso de cientos de miles más- seguían delinquiendo desde las cárceles y gozaban de privilegios como teléfonos móviles, ordenadores, acceso a internet, visitas ilimitadas, etc, que les permitieron seguir traficando drogas, manejando “oficinas” de sicarios y bandas emergentes, así como continuar amenazando y asesinando a líderes comunitarios, defensores de derechos humanos, sindicalistas, fiscales y a los familiares de las víctimas que reclamaban justicia.
Sin embargo, según personas cercanas al gobierno colombiano, lo que más influyó para que el presidente Álvaro Uribe firmara el decreto de extradición fue el chantaje y la estrategia de desestabilización del país que venían implementando los jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, quienes buscando evitar su condena – y una vez que la Corte Suprema de Justicia desestimó juzgarlos por sedición y otorgarle estatus político a sus acciones -, se dedicaron a lanzar acusaciones, pagar testigos falsos, extorsionar y generar sospechas sobre numerosos personajes y organismos claves en la vida nacional, con el ánimo de deslegitimar todo el sistema y presionar así una ley de punto final para todos los involucrados en la para-política.
En este sentido cabe mencionar que los jefes paramilitares hicieron sonoras declaraciones contra miembros del gobierno, sembraron dudas sobre la legitimidad del Vicepresidente y el Ministro de Defensa, aseguraron que habían recibido financiación de diversas compañías internacionales e incluso Salvatore Mancuso, principal jefe paramilitar, afirmó que habían logrado infiltrar las cortes, la Fiscalía y la Procuraduría.
Y aunque la extradición de los paramilitares ha sido interpretada por los principales analistas del país como un golpe de autoridad por medio del cual el presidente Uribe retomó el control de una situación que se estaba desbordando, esta decisión ha generado una enorme polémica porque mientras unos consideran que la medida era necesaria y asegurará el castigo de los paramilitares, otros consideran que constituye una traición a la justicia colombiana, a las víctimas y que esta decisión sólo servirá para proteger a los políticos, empresarios y demás personajes vinculados al proceso de la para-política.
En este sentido, mientras reconocidos analistas como el sociólogo Alfredo Rangel aseguran que con la extradición “el gobierno demostró que a los 'paras', ni les debe, ni les teme”(1) y que la decisión es positiva porque “no es el fin de Justicia y Paz, ni las víctimas van a resultar sacrificadas. Por el contrario, habrá más verdad y más reparación. El mensaje es contundente para los centenares de mandos medios que conocen en detalle la barbarie paramilitar y que van a ser sometidos a la justicia: o revelan pronto toda la verdad de los crímenes ordenados por sus jefes y ejecutados por ellos, además de denunciar sus bienes ilícitos, o serán juzgados por la justicia ordinaria y, eventualmente, extraditados” (2).
Para otros, como la investigadora Claudia López la extradición es negativa porque “el efecto concreto es que corrimos a la justicia de aquí y le dimos prioridad a la de allá. Corrimos los delitos de lesa humanidad y le dimos prioridad al de narcotráfico. Eso es una arbitrariedad y una agresión absoluta contra las víctimas. Y sentamos primero el precedente de que el Estado colombiano es incapaz de proteger a sus ciudadanos, especialmente a los más vulnerables, y dos, de que somos incapaces de tener un sistema carcelario que funcione” 83).
De la misma manera, el consultor internacional Germán Vallejo coincide en que si los jefes paras hubieran perdido los beneficios de Ley de Justicia y Paz y hubiesen sido sometidos a la justicia ordinaria “a estos señores no solamente les habría esperado 40 ó más años de prisión, sino que se habría facilitado el ejercicio del derecho de las víctimas a obtener reparación y del país entero a saber la verdad. Así mismo, los colombianos habríamos recibido el mensaje de que a través de nuestras instituciones somos capaces de resolver nuestros problemas y exorcizar los fantasmas colectivos que durante tantos años nos han atormentado”.
Por su parte, el ex presidente de la Corte Constitucional, Eduardo Cifuentes, ha manifestado que el traslado de los jefes paramilitares a Estados Unidos ha violado las disposiciones de la Ley de Justicia y Paz y se traducirá en impunidad, pues era claro que “si los jefes paramilitares continuaban delinquiendo, la Ley de Justicia y Paz imponía la pérdida de los beneficios y, por consiguiente, resultaba obligatorio su traslado a la justicia ordinaria. La lucha contra la impunidad derivada de los delitos de lesa humanidad corresponde a una obligación internacional en virtud del Estatuto de Roma. De ahí que dilatar y dificultar la investigación de estos delitos en Colombia compromete la responsabilidad internacional del Estado colombiano. De igual forma, para el ex magistrado “debilitar la investigación de los delitos de lesa humanidad y la protección de las víctimas constituye la máxima afrenta a la dignidad de las víctimas y comporta un quebrantamiento del orden público tanto internacional como interno”.
Sin embargo, las víctimas son quienes menos peso han tenido al momento de tomarse la decisión y así lo evalúa Iván Cepeda, representante del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, quien ha afirmado que la extradición de los acusados “implica coartar el derecho de la sociedad y las víctimas a la verdad y a la justicia”. Cepeda también asegura es necesario “discernir si esas extradiciones son el resultado de un pacto de silencio e impunidad que se ha tejido a espaldas de la sociedad” y afirma que las víctimas seguirán luchando por sus derechos, por la justicia y para ello recurrirán a todas las instancias necesarias, incluidos los tribunales internacionales.
Y es que teniendo en cuenta que los crímenes de lesa humanidad no prescriben, toma fuerza la idea de que una vez que los paramilitares extraditados cumplan sus condenas en Estados Unidos, sean devueltos a Colombia, donde podrían ser entregados a la Corte Penal Internacional.
LO QUE QUEDA DEL PROCESO DE JUSTICIA Y PAZ
El proceso de paz con los paramilitares se planteó como un importante paso para la paz del país, en la medida en que permitía desarmar a uno de los principales actores del conflicto colombiano, desmovilizando a cerca de 30 mil combatientes, al igual que brindar verdad, justicia y reparación a las víctimas de los miles de delitos de los que se acusa a los grupos de extrema derecha.
Sin embargo, a lo largo de los 3 años que lleva de promulgada la Ley de Justicia y Paz no se han alcanzado los objetivos propuestos, pues la verdad ha ido emergiendo lentamente y en muchas ocasiones ha sido amañada por los paras, con el ánimo de enredar a los organismos estatales, evadir su responsabilidad, lograr más beneficios y dilatar los procesos. Esto permite entender que a pesar del gran esfuerzo de la Fiscalía por aclarar los hechos concernientes a los 123.787 delitos denunciados por las víctimas inscritas en el proceso, los paramilitares sólo han reconocido hasta el momento 5.831 crímenes y de éstos 2206 han sido confesados por los jefes extraditados.
Respecto a la reparación de las víctimas, es claro que los paramilitares no han entregado todas las tierras y bienes usurpados a sus propietarios o adquiridos gracias al narcotráfico y todavía no se sabe de dónde saldrán los recursos para reparar a las víctimas. Sin embargo, empieza a tomar fuerza la idea de la reparación por vía administrativa y con dineros del erario público, iniciativa avalada por el presidente Uribe quien propone destinar 7 billones de pesos en los próximos 10 años para esta causa.
Pero sin lugar a dudas la justicia ha sido la más perjudicada, porque aunque la extradición implique el reconocimiento de que los paramilitares son narcotraficantes, lo cierto es que la medida demuestra que para las autoridades colombianas es un delito mayor enviar narcóticos hacia los Estados Unidos, que asesinar, desplazar y robar a miles de colombianos, la mayoría de ellos humildes campesinos, líderes comunitarios y sindicales, defensores de derechos humanos, entre otros.
Sin embargo, en Colombia muchos analistas y ciudadanos del común consideran que la extradición era la única manera de detener a los paramilitares, teniendo en cuenta el enorme poder de corrupción demostrado por el narcotráfico y la inoperancia del Instituto Nacional Penitenciario, INPEC, que además de permitirles numerosos privilegios durante su reclusión, también permitió la incomprensible pérdida de los discos duros de varios jefes paras y del computador de Salvatore Mancuso, principal jefe de las AUC, los cuales fueron sacados de las cárceles de “máxima seguridad” cuatro días antes de ser extraditados y en los que además de la relación de muchos crímenes, estaban registradas las conexiones que tenían con numerosos empresarios, políticos y demás aliados.
Así las cosas, entre muchos ha hecho carrera la idea de que es mejor que los comandantes paramilitares estén presos por narcotráfico en Estados Unidos, donde se estima que tendrán condenas de 15 a 20 años como mínimo, con un sistema penitenciario más duro, dado que las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, están consideradas como una organización terrorista; a que estén en las cárceles colombianas, un máximo de 8 años -tal como les garantizaba la Ley de Justicia y Paz- siguieran delinquiendo e imponiendo su poder corruptor y al final de sus condenas pudieran disfrutar libremente de sus bienes.
Y aunque en principio las autoridades norteamericanas han mostrado su disposición a colaborar con el proceso de Justicia y Paz y han asegurado que los investigadores colombianos podrán asistir a los juicios de los paras, con el propósito de seguir reuniendo información que permita esclarecer la verdad y también afirman que los bienes y recursos que entreguen los comandantes de las autodefensas se destinará a reparar a las víctimas colombianas, para quienes cuestionan la extradición, ésta dejará en el limbo el proceso en Colombia, entre otras razones, porque la Fiscalía colombiana difícilmente contará con recursos suficientes para hacer viajes periódicos a Estados Unidos a fin de seguir recabando información sobre los distintos procesos.
De la misma manera, afirman que es fácil deducir que los paramilitares envueltos en procesos por narcotráfico en Estados Unidos y recluidos en cárceles de alta seguridad, donde sólo disponen de una hora semanal para reunirse con sus abogados, utilizarán ese tiempo para preparar sus casos y responder ante los tribunales norteamericanos y no para declarar por crímenes cometidos en Colombia. Además se debe tener en cuenta que los comandantes paras no tendrán contacto con los mandos medios y otros integrantes de sus grupos que les permitan recabar y cruzar la información sobre los hechos ocurridos en el país.
Otro argumento de quienes cuestionan la decisión del presidente Uribe es que la extradición de los paramilitares ha sido un golpe mortal para el proceso de la para-política, pues con los comandantes paras en cárceles de Estados Unidos, no habrá quien corrobore los nexos de esta organización con los políticos, empresarios, militares y demás integrantes de organismos de Estado que están o podrían ser enjuiciados en el país.
En este sentido, la investigadora Claudia López no duda en asegurar que la extradición “es el comienzo del fin del proceso de la para-política y del juzgamiento de los delitos cometidos por los paramilitares en Colombia. Ellos pueden no ser los únicos testigos, pero sí conforman el principal acervo probatorio, y sobre eso no hay discusión. Los grandes pactos entre estructuras políticas y paramilitares no los hacía un paramilitar de tercera, sino un acuerdo entre jefes. Quienes tienen la información de con quiénes se hicieron, en qué consistieron, hasta dónde llegaron, son los jefes”.
Y este camino parece allanarse más, gracias a la reciente decisión del Congreso de no votar la reforma política que permitiría gracias a la propuesta de la “silla vacía” quitarles la curul a los congresistas detenidos por la para-política, sancionando así a los partidos que fueron infiltrados por este poder ilegal. En esta decisión jugó un papel decisivo el gobierno nacional, pues la bancada del presidente Uribe logró impedir que la Comisión Primera del Senado tuviera el quórum necesario para tramitar la reforma. Y es que la coalición que llevó al presidente Uribe al poder es la principal afectada en este caso, pues de los 67 congresistas detenidos hasta el momento, la mayoría pertenecen a los partidos que han apoyado al presidente y de aprobarse la reforma, el gobierno vería peligrar sus mayorías en el Congreso.
A cambio, el gobierno ha decidido conformar una “comisión de notables” que estudie una reforma constitucional “seria y ajustada a los superiores intereses del país”. Sin embargo, esta decisión no genera ninguna credibilidad entre los críticos de Uribe, pues es claro que el gobierno no lanzará piedras contra su propio tejado y que su propósito es seguir conservando las mayorías y por tanto el control del Congreso. Mientras tanto, es probable que muchos de los involucrados en la para-política se queden sin sanción jurídica ni política.
Soraya Carvajal
Periodista especializada en Relaciones Internacionales
Notas:
1. Rangel, Alfredo. “Más verdad y reparación: Positiva extradición masiva”. Diario El Tiempo. http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/alfredorangel/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-4171711.html
2. Ibíd.
3. Revista Semana. 05/17/2008.
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