martes, 14 de agosto de 2007

La “guerra contra el terrorismo”, versión china

Número 4/Agosto-Septiembre 2007
Roger Casas

Los casi seis años transcurridos desde los ataques contra las Torres Gemelas de Nueva York han dejado claro que la cruzada declarada contra el fundamentalismo islámico por el presidente estadounidense George W. Bush y sus acólitos europeos sirve a menudo como pretexto para que cualquier estado justifique acciones difícilmente justificables en nombre de la “guerra contra el terror”: las invasiones de Afganistán e Iraq, la intervención del ejército indonesio en la región de Aceh en mayo de 2003, o el reciente ataque a la Mezquita Roja de Islamabad son ejemplos de este tipo de práctica.

La República Popular China (RPC) no es una excepción a esta tendencia, si bien los usos y abusos que dicho estado parece estar haciendo de la llamada “guerra contra el terrorismo” han pasado por lo general inadvertidos en el exterior del país, quizás por tratarse, como Pekín no se cansa de afirmar, de “asuntos internos”: la particular cruzada de las autoridades chinas contra el extremismo islámico se centra en la región noroccidental de Xinjiang, el llamado “Turquestán Oriental” o “Turquestán Chino”, una de las cinco regiones autónomas de nivel provincial del país, y habitada por al menos 14 grupos étnicos diferentes, el más numeroso de los cuales es todavía, a pesar de la llegada masiva de emigrantes Han provenientes de las regiones orientales del país, el formado por los uigures (alrededor del 42% de la población en la región).

Los uigures, un pueblo de lengua turca y practicante de la fe sunita del Islám, relacionado culturalmente con kirguises, kazajos y uzbekos, han mantenido desde hace siglos una compleja relación política tanto con el imperio como con los posteriores gobiernos asentados en Pekín; el Xinjiang, nombre que en chino significa “nuevos territorios”, no fue conquistado y convertido en provincia imperial hasta la segunda mitad del siglo XVIII. En los años 40 del pasado siglo, aprovechando la guerra civil y la debilidad del gobierno nacionalista chino –y gracias al apoyo de la Unión Soviética–, llegó a establecerse una República del Turquestán Oriental en la región de Ili (Ining en chino), en el extremo occidental del Xinjiang. La llegada al poder del Partido Comunista de Mao Zedong en 1949 puso fin a dicho estado, sus dirigentes murieron poco tiempo después en un misterioso accidente de aviación, y el Turquestán Oriental se integró en la recién nacida RPC con el nombre de Región Autónoma Uigur de Xinjiang. Sin embargo, diversos grupos y organizaciones uigures, tanto dentro como fuera de la RPC, han continuado desde entonces haciendo frente a la pretensión de Pekín de considerar el territorio y sus habitantes como parte de la “nación china”.

A comienzos de enero de este año, el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) de la RPC informó del ataque llevado a cabo por la policía del país contra un campo de entrenamiento del MITO (siglas del Movimiento Islámico del Turquestán Oriental) en la meseta del Pamir, cerca de la frontera entre la RPC, Pakistán y Afganistán. 18 presuntos terroristas miembros de dicho grupo fueron abatidos por las fuerzas de seguridad chinas y otros 17 fueron detenidos, mientras un policía perdió la vida en el enfrentamiento y otro más resultó herido.

El gobierno de la RPC relaciona al MITO, declarado como organización terrorista por los Estados Unidos (EEUU) y las Naciones Unidas (ONU) en 2002, con más de 260 incidentes violentos registrados entre 1990 y 2001 en la RPC y en otros países del Asia Central, incidentes que habrían causado 162 víctimas mortales y más de 440 heridos. Hasan Mahsum, supuesto fundador y líder del MITO, y considerado por Pekín como responsable principal de los actos terroristas del grupo en Xinjiang, fue abatido en el transcurso de una operación antiterrorista llevada a cabo por el ejército pakistaní en la frontera de este país con Afganistán en octubre de 2003. Según un portavoz del gobierno chino, las fuerzas de seguridad de la RPC disponen de “una gran cantidad de evidencia” que prueba la conexión de Mahsum y el MITO con al-Qaida; la organización liderada por Bin Laden habría entrenado en el pasado a unos mil miembros del grupo uigur (1).

El MITO no es la única organización vinculada por Pekín con la organización de actos terroristas en Xinjiang; la lista del MSP de grupos acusados de promover la independencia de Xinjiang por medio de la violencia incluye la Organización para la Liberación del Turquestán Oriental, el Congreso Mundial de la Juventud Uigur, y el Centro de Información del Turquestán Oriental, con sede en Munich. Según el gobierno de la RPC, las organizaciones e individuos considerados “terroristas” por dicho estado son identificados como tales de acuerdo a criterios recogidos en la Ley Criminal (modificada en diciembre de 2001 para poder dar cuenta de actos terroristas) y la Ley de Seguridad del Estado de la RPC, el Convenio de Shanghai para la Lucha contra el Terrorismo, el Separatismo y el Extremismo (ver infra), 11 convenios internacionales adoptados por la ONU y ratificados por la RPC, así como una serie de acuerdos antiterroristas adoptados por el Consejo de Seguridad de la ONU.

Por otro lado, y siempre en relación con la lucha antiterrorista en el Xinjiang, el pasado mes de abril un tribunal de Urumqi, capital de dicha Región Autónoma, juzgó y condenó a cadena perpetua a Huseyin Celil bajo cargos de “separatismo” y “terrorismo”. Celil, ciudadano canadiense de origen uigur, fue arrestado en Uzbekistán y extraditado a la RPC en marzo del pasado año cuando intentaba renovar su visado de entrada en este último país. El gobierno de la RPC considera a Celil como un miembro destacado del MITO, encargado de recaudar fondos y reclutar miembros para la organización.

El juicio y condena de Celil ha provocado un importante incidente diplomático entre los gobiernos de la RPC y Canadá. Celil obtuvo en el año 2001 estatus de refugiado y posteriormente la ciudadanía en este último país, y el gobierno canadiense ha protestado oficialmente al ver cómo las autoridades chinas negaban a sus representantes diplomáticos cualquier tipo de acceso al preso. Según el gobierno norteamericano, la situación de Celil viola el acuerdo consular firmado entre Canadá y la RPC en 1999; según la versión del gobierno de la RPC, sin embargo, Celil estaba incluido en la lista roja de la Interpol antes de su llegada a Canadá, y por ello el acuerdo consular no es aplicable a su caso. Para Pekín, Celil es todavía ciudadano de la RPC, y por tanto su juicio y encarcelamiento es sencillamente un “asunto interno” que no admite injerencia de gobierno extranjero alguno (2).

El mismo tribunal que sentenció a Celil condenó también en abril a Ablikim Abdiriyim a 9 años de prisión bajo cargos de “instigar y comprometerse en actividades secesionistas”. El veredicto declaró a Ablikim culpable de publicar artículos separatistas en internet que distorsionaban la realidad de las políticas étnicas y de derechos humanos de la RPC (3).

El gobierno de los EEUU, iniciador de la “guerra contra el terrorismo” a nivel global, ha mantenido una postura ambigua en relación a las acciones policiales y militares y la represión de activistas políticos en Xinjiang. Ya en octubre de 2001, pocas semanas después del ataque sobre Nueva York, el propio presidente Bush advertía al mundo de que “ningún gobierno debería usar nuestra guerra contra el terrorismo como un pretexto para perseguir a las minorías dentro de sus fronteras. Las minorías étnicas deben saber que sus derechos serán preservados [...] Debemos respetar las aspiraciones políticas legítimas, y, al mismo tiempo, enfrentarnos a todo aquel que predique el terror en nombre de la política o la religión” (4). En una rueda de prensa dada en Pekín en diciembre de 2001, el Embajador Extraordinario estadounidense para Asuntos de Antiterrorismo recordó que “los problemas económicos y sociales legítimos a los que la población de la China noroccidental se enfrenta no son necesariamente problemas de antiterrorismo y deben ser resueltos políticamente y no a través de métodos antiterroristas” (5).

Sin embargo, es obvio que Washington necesita el apoyo de Pekín en su lucha contra las diversas organizaciones terroristas internacionales a las que el gobierno de los EEUU dice enfrentarse: así lo confirma la declaración en agosto de 2002, por parte del Departamento de Estado estadounidense, del MITO como organización terrorista, una decisión basada exclusivamente, como ha señalado Alim Seytoff, ex-líder del Congreso Mundial Uigur, en la información proporcionada a Washington por el gobierno de la RPC (6). La colaboración entre Washington y Pekín se ha concretado además en la supervisión de actividades financieras sospechosas en los bancos de Hong Kong por parte de los servicios de seguridad de la RPC.

Por otro lado, EEUU se ha negado recientemente a extraditar a la RPC a cinco uigures de nacionalidad china apresados por el ejército estadounidense en Afganistán, y reclamados por las autoridades chinas como sospechosos de pertenecer a organizaciones terroristas. Los cinco fueron capturados junto a otros 17 uigures tras el derrocamiento del régimen talibán, y recluidos en la prisión de Guantánamo antes de ser declarados oficialmente como “refugiados” en 2004, tras comprobarse que no constituían amenaza alguna para la seguridad de los EEUU, ni poseían valor como fuente de información para los servicios secretos estadounidenses. El Departamento de Estado adujo razones “humanitarias” para no entregar a los refugiados a las autoridades de la RPC, citando explícitamente el temor del gobierno de EEUU de que los uigures pudieran ser torturados o ejecutados por las fuerzas de seguridad chinas –algo que por otro lado no puede dejar de sorprender a cualquier observador familiarizado con el trato infligido a los ocupantes de la célebre prisión militar estadounidense. Los presos liberados obtuvieron finalmente estatus de refugiados en Albania a comienzos de 2006 (7). Washington ha incrementado también en los últimos años su apoyo a grupos nacionalistas uigures como el Congreso Nacional del Turquestán Oriental y la Organización Regional Uigur. Una organización similar, la Asociación Americana Uigur, recibió recientemente una ayuda económica de la Fundación Nacional para la Democracia, organización financiada por el gobierno norteamericano que apoya diversos grupos pro-democracia en todo el mundo (8).

A pesar de los recelos de la comunidad internacional (o al menos de algunos de sus miembros), Pekín insiste en que las acciones contra grupos nacionalistas uigures en el Xinjiang están siendo llevadas a cabo dentro de la legalidad y con el fin de acabar con una amenaza real dirigida contra el estado y los ciudadanos de la RPC. Sin embargo, el estricto control sobre la información ejercido por las autoridades chinas hacen creer que los temores expresados por diversas organizaciones internacionales de derechos humanos son justificados, y que Pekín está utilizando la “guerra contra el terror” como pretexto para acabar con la oposición política uigur, sea ésta violenta o pacífica, a su dominio en el Turquestán Oriental.

La desintegración de la URSS y el consiguiente nacimiento de las repúblicas del Asia Central, una región que tradicionalmente han servido como refugio de la diáspora ligur (9), y cuya población es, como se ha mencionado, culturalmente afín a los uigures, hizo creer durante un tiempo que el movimiento independentista uigur podría obtener el apoyo de dichos estados en su lucha a favor de una mayor autonomía política para el Turquestán Oriental: países como Kazajistán o Kirguistán se convirtieron a principios de los años 90 en refugio para activistas políticos uigures, y se fundaron en el exilio organizaciones como el Frente para la Independencia Nacional del Turquestán Oriental o la Organización para la Liberación del Uigurstán (otro nombre del Turquestán Oriental).

Pero Pekín reaccionó pronto ante la posibilidad de que el movimiento nacionalista uigur se internacionalizara, formalizando progresivamente lazos con las recién nacidas repúblicas del Asia Central e incrementando su influencia económica en la zona: en 1996 nacieron los “Cinco de Shanghai”, organización intergubernamental formada por la RPC, la República de Kazajistán, la República de Kirguistán, la Federación Rusa y la República de Tayikistán, y destinada en un principio a regular la desmilitarización de las fronteras compartidas por los estados miembros. En junio de 2001 la República de Uzbekistán se unió al grupo de los “Cinco”, que pasó a conocerse como la Organización de Cooperación de Shanghai; los seis gobiernos miembros de dicha organización suscribieron entonces el Convenio de Shanghai para la Lucha contra el Terrorismo, el Separatismo y el Extremismo (conocidos popularmente como los “Tres Males”), que establecía las bases para la cooperación en materia de lucha antiterrorista. Dicha cooperación ha supuesto, por ejemplo, que las repúblicas del Asia Central hayan dejado de ser refugio privilegiado para exiliados uigures, y actualmente cooperen de buena gana con la RPC vigilando las actividades de las organizaciones de exiliados y deportando a aquellos de sus miembros reclamados por Pekín. La entrega de Huseyin Celil a las autoridades chinas por parte del gobierno uzbeko es sólo un ejemplo más de esta cooperación, que no ha hecho sino verse intensificada tras el 11-S.

Pese a que el Convenio de Shanghai se esfuerza por definir qué son los “Tres Males”, lo cierto es que la denominación de individuos u organizaciones como “terroristas”, “separatistas” o “extremistas” depende en última instancia de una decisión gubernamental, que, como han señalado varias organizaciones de derechos humanos, permite al estado declarar de modo “legítimo” como amenaza cualquier tipo de oposición política. El contexto político internacional creado por los ataques de Bin Laden en Nueva York y la consiguiente respuesta estadounidense ha proporcionado la legitimación necesaria a la política represiva de la RPC en el Asia Central: antes del 11-S, las acciones “antiterroristas” llevadas a cabo en Xinjiang por la policía y ejército chinos eran consideradas secreto de estado, llegando incluso a negarse la existencia de problema político alguno en el Xinjiang. Poco después del ataque sobre Nueva York, sin embargo, el gobierno de la RPC expresó públicamente su apoyo a la guerra contra el terrorismo del presidente Bush: en la 56 Asamblea General de la ONU, celebrada en noviembre de 2001, el entonces ministro de exteriores de la RPC, Tang Jiaxuan, señalaba que “el terrorismo no sólo amenaza a los EEUU, [...] sino también a China”, y establecía un vínculo explícito entre la naciente “guerra contra el terrorismo” y el problema político de Xinjiang al añadir que “las fuerzas terroristas del Turquestán Oriental han recibido durante mucho tiempo entrenamiento, ayuda financiera y apoyo de grupos terroristas internacionales [...] El «Turquestán Oriental» equivale a terrorismo, es parte del terrorismo internacional, y debe ser combatido con firmeza”(10).

Sin duda existe entre la población uigur de Xinjiang un descontento palpable respecto tanto hacia la administración dependiente de Pekín como hacia la masiva emigración de chinos Han provenientes de las provincias orientales del país. Este descontento se ha expresado a menudo en acciones violentas dirigidas contra instituciones gubernamentales y miembros de la etnia Han: en 1990 se produjeron levantamientos armados en el condado de Baren contra la autoridad de la RPC –reprimidos rápidamente por las fuerzas de seguridad chinas. En 1997, el día del funeral de Deng Xiaoping, grupos separatistas hicieron explotar tres bombas en sendos autobuses en Urumqi, acabando con la vida de nueve personas; muchos otros incidentes se produjeron en la década de los 90, aunque la intensidad de la violencia se ha visto reducida desde la puesta en marcha en Xinjiang de la llamada “Operación Pega Fuerte” (una campaña destinada en principio a combatir la creciente criminalidad en la RPC) en 1997 (11).

Es obvio también, no obstante, que entre los grupos uigures designados por Pekín como “terroristas” existe un número importante de organizaciones e individuos que se oponen al dominio ed la RPC en el Turquestán Oriental, o que sencillamente reclaman mayor autonomía para la zona, de modo no violento. Por otra parte, y pese a todas las declaraciones oficiales al respecto, las fuerzas de seguridad chinas no han aportado todavía pruebas concluyentes de la implicación de organizaciones extranjeras en las acciones violentas del Xinjiang ni de la relación entre al-Qaida y los movimientos separatistas uigures. Bin Laden, por su parte, nunca ha mencionado al MITO ni a ninguna otra organización uigur de Xinjiang en sus comunicados. Puede que esta no sea prueba suficiente para negar la presencia de grupos terroristas extranjeros en la zona, pero lo cierto es que, pese a las protestas de diversos grupos de derechos humanos, y debido principalmente a la creciente importancia de la economía de la RPC a nivel mundial, ni los gobiernos ni la opinión pública internacional parecen tener interés en cuestionar los métodos “antiterroristas” de Pekín.

De este modo, los grupos uigures, carentes de apoyo internacional, se encuentran cada vez más desprotegidos frente a las acciones del gobierno central, mientras la represión continúa en la región. Aunque Pekín parece haber logrado en los últimos años un descenso tanto en el número de actos violentos como en la actividad de la oposición política en general en la zona, el descontento de la población local y la imposibilidad de encontrar vías de expresión política alternativas dejan abierta la puerta a un potencial resurgimiento de la violencia en el Xinjiang, sea ésta de tipo étnico, religioso o político.

Roger Casas
Coordinador local en un proyecto UNESCO de preservación cultural en la República Popular China.
Máster en Desarrollo Sostenible en la Universidad de Chiang Mai, Tailandia

Notas:

(1) “Xinjiang mourns for policeman killed in anti-terror raid”, China Daily Online, 10 de enero de 2007.

(2) “Chinese FM spokesperson on trial of terrorist suspect”, China Daily Online, 8 de febrero de 2007.

(3) “Xinjiang terrorist sentenced to life”, China Daily Online, 19 de abril de 2007. Ablikim Abdiriyim es uno de los hijos de Rebiya Kadeer, activista de origen uigur detenida en agosto de1999 y condenada a 8 años de prisión por el poder judicial de la RPC “por pasar secretos de estado a organizaciones extranjeras”. Pekín acusa a Kadeer de estar involucrada en actividades destinadas a derrocar el gobierno central y obtener la independencia de Xinjiang “a través de actividades terroristas violentas”; se acusa además a la empresa familiar de Kadeer de delitos de evasión de impuestos, e incluso de implicación en el tráfico de drogas y otras actividades económicas ilegales (véase “Police destroy terrorist camp, killing 18”, China Daily Online, 8 de enero de 2007). En marzo de 2005, ante la presión del gobierno estadounidense, Pekín concedió permiso a Kadeer para salir del país con el fin de recibir tratamiento médico en los EEUU –no sin antes ser obligada a firmar una declaración en la que se comprometía a no participar en actividades separatistas. Kadeer continúa apoyando en la actualidad el movimiento nacionalista uigur (preside el Congreso Mundial Uigur desde noviembre del pasado año) y ha sido propuesta como candidata a recibir el premio Nóbel de la paz, algo que lógicamente no ha gustado en Pekín.

(4) “President says terrorists tried to disrupt world economy”, discurso con motivo de la cumbre de la APEC en Shanghai, octubre de 2001 (en http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/10/20011021-5.html)

(5) Citado en Alim A. Seytoff, “Uighurs feel China´s squeeze”, Asia Times Online, 15 de junio de 2005.

(6) Ibid.

(7) La administración Bush no permitió a los uigures establecerse en los EEUU, y los mantuvo encarcelados hasta que el gobierno de Albania aceptó acoger a los refugiados. Véase “China demands that Albania return ex-US detainees”, Washington Post, 10 de mayo de 2006.

(8) “China´s Uighurs trapped at Guantanamo”, Asia Times Online, 4 de noviembre de 2004.

(9) La última migración masiva de uigures de Xinjiang se produjo en 1962, cuando alrededor de 60 mil uigures se internaron en la entonces provincia soviética de Kazajistán, tras una revuelta en la RPC.

(10) Comunicado del Ministro de Exteriores Tang Jiuxuan en la Reunión Ministerial del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Antiterrorismo, 12 de noviembre de 2001. El texto completo en inglés de la alocución puede encontrarse en http://www.fmprc.gov.cn/ce/ceno/eng/dtxw/t110108.htm

(11) “One nation-divided”, Time Magazine, 18 de marzo de 2002

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