Número 4/ Agosto-Septiembre 2007
Soraya Carvajal B.
A dos años de vigencia de la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005), que regula el proceso de paz del gobierno colombiano con los grupos paramilitares, la consecución de la verdad, justicia y reparación está en el limbo y la sensación general entre la ciudadanía es de escepticismo, al considerar que en este proceso se está beneficiando más a los victimarios que a las víctimas y sus familiares.
El pasado 11 de julio la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia negó la posibilidad de concluir el proceso de un paramilitar acusado por “concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de uso privativo de las fuerzas armadas”, a fin de que fuese procesado por “sedición”. Este pronunciamiento generó la reacción de los jefes paramilitares, quienes –ante la negativa del estatus político de sus delitos- decidieron no volver a presentarse en las versiones libres, donde se habían comprometido a confesar todos sus delitos, informar sobre los lugares donde se hallan los restos de las personas asesinadas y entregar sus posesiones para reparar a las víctimas.
El presidente Álvaro Uribe rechazó la decisión de la Corte, por considerar que atenta contra el proceso de paz con el grupo armado de extrema derecha y deja en la incertidumbre a 18 mil desmovilizados a quienes no se les puede extender un paz y salvo judicial, pero que además no pueden ser investigados por la Fiscalía, por la falta de recursos del ente. Uribe además manifestó su intención de convocar a un referendo popular para que los colombianos “ayuden al Gobierno con el propósito de obtener una legislación que le dé el mismo tratamiento a guerrilla que a paramilitares”, pues para el mandatario no hay diferencia entre los crímenes de unos y otros.
El mandatario colombiano señaló también que "las instituciones tienen que cooperar armónicamente en busca de los fines superiores del Estado” y aseguró que no se puede "alegar la independencia en las instituciones para eludir responsabilidades frente a esta desmovilización". La Corte por su parte pidió al presidente “extrema prudencia” para que “el nítido cumplimiento del deber no se entienda, equivocadamente, como un obstáculo al proceso de paz” y reiteró que "el delito común no puede convertirse en delito político, llanamente porque tienen esencia diametralmente diferente".
El meollo de este choque de trenes entre el ejecutivo y el poder judicial en Colombia está en la negación del estatus político a los grupos paramilitares y los beneficios que esto conlleva, pues la sedición es entendida como un delito político consistente en el levantamiento contra el orden institucional establecido o el régimen legal vigente, mediante el empleo de las armas. La legislación establece además que cuando estos actos se dan durante el combate, y siempre que no constituyan crímenes de lesa humanidad, la pena puede ser excluida; por eso el presidente Uribe ha asegurado que no ve mal que se juzgue por sedición a los paramilitares que cumplan esta condición.
Para los politólogos y analistas colombianos es claro que la definición misma del delito de sedición excluye a los paramilitares, pues estos grupos nunca atentaron contra el orden establecido, por el contrario, argumentaban defender la institucionalidad y en numerosas ocasiones se ha comprobado la estrecha alianza de las autodefensas con políticos, mandatarios regionales y fuerzas del Estado.
Pero además se entiende que la sedición propende por intereses altruistas y no personales, y es claro que las violaciones de derechos humanos, la desaparición de personas y el desplazamiento forzado perpetrados por los paramilitares a lo largo de dos décadas tenían como principal finalidad el enriquecimiento ilícito, al igual que el mantenimiento del statu quo.(1)
Esta situación ha generado una enorme polémica en el país y desde ya el Partido Liberal y el Polo Democrático Alternativo, principal opositor del gobierno, anunciaron su rechazo a la iniciativa gubernamental.
Entre tanto, en medio de la discordia, se escuchan voces que alertan sobre el deseo de los jefes paramilitares de “confeccionar” las leyes a su medida, otros aseguran que el proceso de paz con las autodefensas es una farsa y otros más afirman que este proceso constituye una burla para las víctimas y sus familiares, pues sólo dejará más impunidad y los paramilitares saldrán libres en un lapso de entre 5 y 8 años como máximo, con la frente en alto y sus fortunas legitimadas.
Por eso, con indignación una profesional del sector de la salud no dudó en señalar que “infortunadamente en Colombia tiene más valor ser delincuente que ser una persona de bien”.
Algunos analistas opinan que el deseo de que se les juzgue por “sedición” obedece a que los paramilitares desean continuar su andadura política una vez concluya el proceso y consolidarse como una alternativa de poder. Para otros como León Valencia, el trasfondo de este complejo asunto está en que al ser juzgados por sedición y no por delitos comunes, los paramilitares no podrían ser extraditados pues la Constitución prohíbe la extradición por delitos políticos. Así, los paramilitares evitarían los tribunales de Estados Unidos, donde podrían ser juzgados por narcotráfico, o se salvarían de responder por crímenes de guerra y de lesa humanidad ante algún tribunal internacional.
Nuevamente víctimas…
El pasado 24 de julio, 30 víctimas de las acciones perpetradas por grupos paramilitares, al igual que por las guerrillas de las Farc y el ELN narraron sus dolorosas experiencias en la plenaria del Senado de la República, como forma de darles a conocer a los congresistas y al país su drama personal.
Esta iniciativa, fue anunciada por Diana Sofía Giraldo, directora de la Fundación Víctimas Visibles, como un mecanismo en procura de “que las víctimas tengan un rostro, un nombre y una familia y puedan levantarse y decir: trabajamos para transformar nuestro dolor en esperanza y así lograr una mejor vida”.
En el momento del llamado a lista estaban presentes 191 parlamentarios en el hemiciclo, sin embargo, al final de la jornada sólo permanecían en el recinto 15 congresistas. Esto es una nueva evidencia del escaso interés que institucionalmente despiertan las víctimas del conflicto armado en Colombia, más si se tiene en cuenta que meses atrás, durante las presentaciones en el congreso de los jefes paramilitares Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo, todos los representantes estuvieron presentes.
Y es que en Colombia tienen más eco y hasta credibilidad las versiones de los jefes paramilitares, quienes justifican sus actos de barbarie como actos de defensa o simplemente hechos propios de la guerra, que la versión de las víctimas, quienes deben recurrir a una serie de procedimientos y pruebas para certificar su condición y los hechos vividos.
Por eso, a dos años de vigencia de la Ley de Justicia y Paz, los analistas coinciden en señalar que el punto débil de la misma ha estado del lado de las víctimas, porque las premisas de verdad, justicia y reparación están lejos de ser alcanzadas, pues, aunque durante las versiones libres los paramilitares han dado información que ha permitido esclarecer cerca de 500 asesinatos y encontrar numerosas fosas comunes, también se sabe que muchos han evadido confesar todos sus delitos, optando por lanzar acusaciones contra personas fallecidas para distorsionar la verdad y confesando sólo lo que les conviene.
De la misma manera, el más reciente informe de la misión de la OEA, organismo que está acompañando el proceso, asegura que numerosas víctimas decidieron no participar en el mismo por no contar con suficientes mecanismos de protección. Y es que, como ha reconocido Eduardo Pizarro Leongómez, presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, CNR, las víctimas viven en medio de la inseguridad, más con la aparición de nuevos grupos de autodefensa, presentes en 16 departamentos del país.
Al respecto, el más reciente informe de la Policía Nacional sobre el seguimiento a los desmovilizados en el período 2006-2007, registra la captura de 1.095 miembros de las “nuevas bandas emergentes”, de los que 193 eran desertores de los grupos paramilitares, lo que equivale al 17% de los capturados.
Ello explica entonces que en regiones donde hubo una fuerte actividad de las autodefensas, como los departamentos de Chocó, Nariño y Putumayo, pocas personas acudan ante la Fiscalía para declararse como víctimas del conflicto armado, pues temen la reacción de las nuevas generaciones de paramilitares.
Y es que desmovilizados que se han rearmado y vuelto a delinquir, al igual que paramilitares que no participan en el proceso de paz y nuevos integrantes reclutados están conformando estructuras como las “Águilas Negras”, que vienen delinquiendo en diversos territorios y “re victimizan” a numerosas personas.
En este sentido, el informe de la OEA asegura que “en el departamento del Meta y los Llanos orientales es donde más claramente se aprecia esta tendencia; liderazgos como los de alias “Cuchillo”, ex comandante del frente Héroes del Guaviare y de alias “Don Mario”, antiguo aliado de Vicente Castaño, marcan la dinámica del conflicto que actualmente se vive en la zona”.
El peligro que siguen corriendo las víctimas lo evidenciaron las líderes comunitarias Yolanda Izquierdo, Carmen Santana y Judith Vergara, quienes fueron asesinadas este año exigir la devolución de sus tierras por parte de las autodefensas y pedir conocer la verdad sobre la muerte de sus familiares. Así mismo, las asociaciones de víctimas de los paramilitares han denunciado, en varias oportunidades, las presiones y amenazas que vienen sufriendo por parte estos grupos, pues además de comprobarse que algunos de ellos siguen delinquiendo desde las cárceles (extorsionando, ordenando asesinatos y manejando el negocio del narcotráfico) sus aliados y seguidores los hostigan e incluso han llegado a tomarles fotografías en las manifestaciones en defensa de la verdad, como forma de intimidación.
De la misma manera, recientemente los directivos de una institución educativa denunciaron públicamente las presiones a que fueron sometidos por parte de miembros de las autodefensas, para que profesores y estudiantes acudieran a una manifestación de apoyo a Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna, durante su primera presentación ante los fiscales de Justicia y Paz. Además se asegura que Murillo Bejarano ha reclutado a delincuentes comunes a su servicio, para incluirlos en el proceso de paz como paramilitares desmovilizados.
Por otra parte, aunque en las versiones libres los jefes paramilitares han afirmado su intención de entregar bienes y dinero como mecanismo de compensación a las víctimas, y como muestra de ello Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, aseguró que entregaría posesiones y dinero por el orden de los 54 millones de euros para fortalecer el Fondo de Reparación a las Víctimas, hasta ahora éstas no han recibido nada.
Ante las críticas a la gestión de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Eduardo Pizarro, ha asegurado que además de escuchar a más de 5 mil víctimas, la comisión ya les entregó a los jueces el criterio para las reparaciones colectivas y “actualmente estamos trabajando en el tema de la reparación administrativa que consiste en que las víctimas accedan a salud, a educación, a recreación”. Pizarro señaló sin embargo, que la entrega de los bienes de los paramilitares a la justicia se dificulta porque el procedimiento implica varias etapas como la realización de un inventario de los mismos, hacer verificaciones y entregarlos a las víctimas, lo que incide para que el proceso sea lento.
Otro de los cuestionamientos al proceso de paz es la falta de recursos de la Fiscalía para llevar a buen término los miles de procesos de los desmovilizados. En este sentido, el presidente Uribe ha anunciado que para el 2008 se adicionaron 75 mil millones de pesos al presupuesto de la Fiscalía, lo que permitirá ampliar el número de fiscales e investigadores.
Pero, a pesar de las dificultades y deficiencias del proceso, los acompañantes del mismo encuentran algunos aspectos positivos, pues en opinión de Sergio Caramagna, de la OEA, el proceso “ha debilitado la cadena de mando de ejércitos poderosos y ha brindado posibilidades de espacios a las víctimas para que el pasado no se cancele con impunidad".
Sin embargo, críticos del proceso de paz con los paramilitares, como el investigador de ciencias humanas y defensor de derechos humanos, Iván Cepeda Castro (quien recientemente recibió la Medalla de la Libertad Roger N. Baldwin, otorgada por la organización Human Rights First), ya había advertido sobre la imposibilidad e inconveniencia de otorgar estatus político a los integrantes de estos grupos, al señalar -ante cualquier posibilidad de amnistía- que “esta especie de autoindulto sería un pésimo antecedente para los verdaderos procesos de paz en el futuro, pues daría a todos aquellos que han cometido atrocidades en la guerra la garantía de impunidad, habría que tomar en cuenta la experiencia de intentar recorrer el camino de transición a la paz sin pasar por procedimientos de justicia; experiencia que en todas partes ha demostrado tozudamente que no existe reconciliación duradera si no se satisface esta última necesidad y si el resultado del proceso de transición es el mantenimiento de la impunidad que ha imperado en la sociedad”.(2)
Y es que para los defensores de derechos humanos la reconciliación de los colombianos pasa necesariamente por la aplicación de la verdad, justicia y reparación en sus expresiones más amplias, teniendo siempre presentes el respeto y la dignidad de las víctimas.
Por eso Cepeda Castro -cuyo padre fue asesinado por los paramilitares en 1994- asegura que “para que se pueda producir en Colombia la reconciliación social en el contexto de un verdadero proceso de paz necesitamos, entre otros elementos indispensables, la controversia acerca de la justicia y el trabajo de rememoración de todas las víctimas de la violencia y la guerra en el espacio público. Ello es posible a través de dos procedimientos: la conformación de una Comisión de la Verdad, con amplios poderes, que realice audiencias en las que se pueda escuchar el testimonio de las víctimas y la versión de los victimarios con relación a las atrocidades que cometieron; y además, la realización de procesos de justicia con audiencias públicas que estimulen a la sociedad a alcanzar la comprensión y la reparación del daño causado por la violencia y la guerra. El debate público sobre los crímenes del pasado en el marco de los mecanismos de verdad y justicia es un acto liberador de educación cívica y, en última instancia, la fuente de la democracia”.(3)
Así las cosas, muchos se preguntan ¿qué tan efectivo y real será un proceso de paz donde persiste la sensación de que hay triunfadores y derrotados; donde los victimarios exigen la modificación de las leyes en su beneficio y seguramente saldrán favorecidos sin mostrar un verdadero arrepentimiento y sin confesar toda la verdad; donde las víctimas sobrevivientes siguen conviviendo con la amenaza, el miedo y la inseguridad; donde no hay suficientes recursos y medios para esclarecer los hechos; donde reina el escepticismo y donde no hay un consenso institucional para honrar la memoria de los muertos?”.
Más de 3000 personas siguen secuestradas por la guerrilla de las Farc en Colombia y pese a las súplicas de sus familiares y las manifestaciones de la ciudadanía en favor de su liberación, la guerrilla insiste en el despeje de los municipios de Florida y Pradera (Valle del Cauca) como condición para llevar a cabo el intercambio humanitario. En el país corren diferentes versiones acerca de la insistencia de las Farc para que este territorio sea despejado de fuerza pública: la presencia de numerosas guacas (huchas) con armas y millones de dólares, la presencia de grandes plantaciones de coca y amapola pertenecientes a la guerrilla, que no pueden ser detectada ni fumigadas por las autoridades dada la quebrada topografía; la presencia en la zona de importantes comandantes de la guerrilla que necesitan desplazarse hacia otra regiones debido a la presión del Ejército. Entre tanto sigue el drama para miles de colombianos (soldados entre ellos) que llevan 5, 8 y hasta 10 años privados de la libertad, mientras que los familiares sólo esperan que gobierno y guerrilla dejen de lado la soberbia y sus intereses estratégicos y lleguen a un acuerdo que les permita a los secuestrados regresar a casa con vida.
A mes y medio del asesinato de los 11 diputados del Valle del Cauca, que llevaban 5 años secuestrados por las Farc, se empiezan a dar acuerdos entre guerrilla y gobierno para la devolución de los cadáveres, pese a la mutua desconfianza. La guerrilla aceptó la participación de la comisión forense internacional, propuesta por el presidente Álvaro Uribe, para examinar los restos y esclarecer los hechos que condujeron al asesinato de los diputados y pidió la participación en ella de los países facilitadores -España, Francia y Suiza-. El gobierno, por su parte, aceptó la participación de los países facilitadores e insiste en que la OEA encabece el grupo forense. Sin embargo, las Farc ya habían manifestado su negativa a la participación de la OEA pues considera que este organismo “carece de autoridad” por avalar el proceso de paz con los paramilitares y por no ser “neutral” frente a las políticas de Estados Unidos en la región. Ante esto los familiares de los 11 diputados siguen pidiéndole voluntad a ambas partes para recuperar los cadáveres y evitar que sigan siendo utilizados como moneda de cambio.
La comisión francesa que estuvo en Colombia buscando pruebas de supervivencia de la colombo-francesa y ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, secuestrada hace más de 5 años por las Farc, no obtuvo una respuesta positiva por parte del grupo armado, pese a las gestiones realizadas meses atrás por el presidente Sarkozy. Cabe recordar que en junio pasado el mandatario francés intercedió ante el presidente Uribe Vélez para lograr la liberación de Rodrigo Granda, el llamado “canciller de las Farc” y de decenas de guerrilleros detenidos, como gesto de buena voluntad, hecho que generó polémica y descontento entre los colombianos, por considerar que se estaba “premiando” a la guerrilla. Ante el fracaso de la misión, Sarkozy aseguró que la diplomacia francesa no abandonará a Betancourt, pero reconoció que conseguir su libertad es un caso "extremadamente difícil".
Soraya Carvajal B.
Periodista colombiana
Notas:
(1) Un estudio de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes, ha establecido que desde 1985, más de 3,9 millones de personas han sido desplazadas internamente en Colombia, el segundo país del mundo en padecer esa crisis humanitaria, después de Sudán
(2) "Autoindulto”. Iván Cepeda Castro. http://www.nodo50.org/colrefe/doc_ivancepeda.htm
(3) Ibid
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