Número 2/ Abril-Mayo de 2007
Lucía Valero
El pasado 27 de marzo, la Agencia Europea de Control de Fronteras Exteriores (Frontex) interceptó en aguas de Senegal un cayuco con 138 personas que supuestamente viajaba hacia las Islas Canarias. El registro de embarcaciones de este tipo junto a la detención hace unos días de varios grupos que ultimaban en Senegal los preparativos del viaje ha hecho temer a las autoridades españolas que el fenómeno migratorio que se produjo el año pasado vuelva a repetirse.
Durante la pasada primavera, la llegada de un gran número de cayucos a las costas canarias despertaron las alarmas en las islas, cuyos centros de internamiento de inmigrantes llegaron al límite de su capacidad y con ONG’s como Cruz Roja, Cáritas, Cear, Las Palmas Acoge, el Centro de Internamiento de Hoya Fría y el acuartelamiento militar de La Laguna totalmente saturados.
Los cayucos, pequeñas y frágiles embarcaciones que han sustituido a las pateras, llegaban con inmigrantes subsaharianos indocumentados que pagaban 15.000 euros por ellas, por el motor, la gasolina, el GPS o brújula, la comida y los cabos. El objetivo, “Barcelona o el otro mundo” una consigna común entre todos ellos, cuyo deseo de llegar a Europa es mayor que el miedo a la muerte. Ni el control marroquí de sus fronteras ni el refuerzo del sistema de vigilancia de la costa andaluza consiguieron mermar la voluntad de miles de jóvenes que, ante las dificultades, optaron por una solución alternativa: cambiar la ruta de la inmigración clandestina.
La vía del Estrecho y las alambradas de Ceuta y Melilla dieron paso a la vía canaria, destino que se alcanza desde Senegal ante el cierre relativo de la costa mauritana. La ruta de navegación ha variado considerablemente ya que, desde Sidi Ifni, Uad Amma Fadma y Tarfaya en Marruecos, los inmigrantes y las mafias que operan sobre ellos se fueron pasando al El Aayun y Dajla en el Sáhara Occidental, recabando en Mauritania, concretamente en Nuadibú, hasta encontrar una nueva salida al mar, el puerto de Sant Louis en Senegal.
La travesía, de más de seis días, no está exenta de riesgos, teniendo en cuenta que los 20 kilómetros del Estrecho se han convertido en los 1.487 kilómetros que separan Senegal de las islas. Pero el menor control que Canarias tenía de sus fronteras constituía un aliciente para los subsaharianos que se arriesgaban a adentrarse en el mar desde esta zona.
Estos intentos de alcanzar Canarias han ido disminuyendo a lo largo del año, con un notable descenso de la inmigración con respecto al año 2006 -un 69% desde el mes de febrero del año pasado-. Sin embargo, el hecho de que con la llegada del buen tiempo se empiecen a detectar nuevas embarcaciones cerca de la costa canaria hace pensar que la cuestión está lejos de ser zanjada y que nuevos inmigrantes están dispuestos a esquivar la vigilancia para alcanzar “el Dorado europeo” a pesar de las medidas tomadas por el Gobierno español.
Medidas puntuales
Ante las peticiones canarias del “blindaje de sus costas” por la llegada de cayucos a las islas, la respuesta del Gobierno central ha sido la de acudir a la Unión Europea, solicitando una cooperación que se materializaría con la participación de Austria, Finlandia, Portugal, Francia, Italia, Reino Unido, Alemania, Grecia y Países Bajos en una operación para frenar la inmigración irregular mediante la vigilancia por mar de las costas africanas.
El proyecto se enmarca en un plan acordado el año pasado en Bruselas por la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega y la operación, la primera de este tipo realizada por la UE fuera de su territorio, tiene como base jurídica el convenio sobre inmigración firmado por España con Mauritania y otros acuerdos similares cerrados con Senegal y Cabo Verde.
Para las ONG’s senegalesas, este tipo de medidas no sirven para atajar el problema. Boubacar Seck, director del Consejo de ONG de Apoyo al Desarrollo de Senegal, percibía sobre todo “hipocresía e ineficacia” por parte de españoles y europeos en el tema de la inmigración.
Además, la participación en la vigilancia de las fronteras del Sur de sólo nueve de los 25 Estados Miembros de la UE refleja la ausencia de una política comunitaria en cuestiones de inmigración que ha hecho que España deba negociar acuerdos intergubernamentales para conseguir un despliegue europeo en aguas del Atlántico y en el que se han abstenido de participar muchos Estados Miembros.
Aparte de las medidas a nivel europeo, el Ejecutivo Español intentó solucionar el problema derivando a la Península el exceso de inmigrantes en las islas.
Las autoridades los enviaban a Madrid donde, después de 40 días, quedaban en libertad, sin ningún control sobre ellos. Otra medida prevista era la repatriación de los inmigrantes que se consiguieran identificar y que de hecho se ha estado llevando a cabo con la oposición del Gobierno de Dakar.
Adoulaye Wade, recientemente reelegido presidente de Senegal, ya declaró que su país cooperaría si recibía a cambio financiación para construir pantanos, una medida que, según él, sí serviría para frenar la inmigración al parar la desertización y fomentar los empleas en la agricultura.
Huyendo de la pobreza
Mientras el plan de control de flujos migratorios se ha ido poniendo en marcha y los acuerdos de repatriación cobran efectividad, centenares de subsaharianos, principalmente de Senegal, Mali, Gambia y Guinea Bissau, han ido alcanzando las playas canarias a lo largo de estos meses con signos de agotamiento e inanición. Otros se quedaron en el camino.
El pánico a morir no impide que cada día lo intenten nuevos inmigrantes y que, pese a los mayores controles, se sigan encontrando cayucos cerca de la costa canaria como ha ocurrido hace varios días.
Su principal argumento para cruzar el mar es la falta de oportunidades en su tierra natal. Las dificultades para encontrar trabajo a pesar de su formación académica contribuye a la “fuga de cerebros” hacia el Norte. El hundimiento de África, factor que motiva las migraciones, es un hecho que denunciaba Kevin Watkins, autor del Informe del PNUD sobre el Índice de desarrollo Humano de 2006. El informe critica que las actuales políticas comerciales de Occidente excluyen a los países más pobres de competir en el mercado por los subsidios que la UE aplican a sus productos agrícolas.
Es el caso de Senegal que no puede exportar productos como la pasta de tomate o el maní a precios competitivos ya que su agricultura no está subsidiada. Watkins denunciaba además que, en lugar de practicar políticas comerciales más justas, Occidente ha aumentado el presupuesto para los subsidios agrícolas de los estados miembros, una cifra que supera con creces a la ayuda a la agricultura que proporcionan a los países en vías de desarrollo.
Las políticas comerciales injustas han sido permitidas además por una estructura política africana que ha seguido las “recetas” impuestas por el FMI y el Banco Mundial convirtiendo al Estado en lo que el profesor de Relaciones Internacionales, Mbuji Kabunda, llama “un producto importado, impuesto desde la cumbre”.
El Estado ha asumido las reglas del mercado sin hacer reformas sociales con el consiguiente incremento de la pobreza, la desigualdad y la corrupción. La política proteccionista europea que margina al África Subsahariana del mercado mundial unida a la desprotección de los ciudadanos por parte de su Estado ha empobrecido a su población e impulsado los movimientos migratorios.
Búsqueda de soluciones
La realidad africana ha hecho que el Ejecutivo español ponga en marcha un proyecto que además de reforzar las medidas de control de fronteras se centra en la lucha contra la pobreza y en la contribución a la agenda de desarrollo del continente, atajando los problemas de raíz y no sólo de forma coyuntural. El documento es el Plan de Acción para África Subsahariana o “Plan África” que coloca a Senegal, Mauritania y Guinea Ecuatorial, entre otros, en países de interés prioritario.
Apostando por un “multilateralismo eficaz”, el proyecto incluye líneas de actuación como el fomento de la cooperación para regular los flujos migratorios, la lucha contra la pobreza y el terrorismo, el afianzamiento de la democracia en los países africanos, el apoyo presupuestario y la financiación de proyectos de infraestructura y desarrollo de base productiva mediante Fondos de Ayuda al Desarrollo (FAD).
La propuesta de incluir los fondos FAD en el Plan África demuestra la intención española de aunar la ayuda al desarrollo con sus políticas comerciales en África Subsahariana, una línea de actuación que según un estudio del Instituto Complutense de Estudios Internacionales “contamina” la política de desarrollo perjudicando a los países africanos.
Según el estudio del ICEI, los créditos FAD son un tipo de ayuda ligada: el país que recibe el crédito debe comprar bienes y servicios producidos por el país donante lo que supone un sobreprecio para el país receptor africano que no acude al libre mercado. Además, los proyectos españoles con cargo a estos fondos dan mucha importancia a la importación de nuevas tecnologías por parte de los países africanos, lo que genera una dependencia tecnológica y una demanda de repuestos y mantenimiento de los bienes de equipo importados que se deben suplir con más importaciones. El resultado final es que los países se endeudan con el país donante.
En el caso de Senegal, Intermón Oxfam asegura que España reestructuró su deuda en 15 ocasiones entre 1996 y 2002 y que en el año 2003 volvió a recibir 42 millones de euros en nuevos créditos, agravando su problema de endeudamiento. Con el Plan África, Senegal recibirá más fondos FAD.
El Plan de Acción para África Subsahariana pretende también “concentrar sus esfuerzos [...] en una mayor implicación de las políticas de la UE relacionadas con África, particularmente en el ámbito de la paz y la seguridad”. Sin embargo, el hecho de que 16 países de la Unión no tengan la intención de participar en la operación de control de flujos migratorios solicitada por España deja en entredicho las buenas intenciones del Plan.
Para Mbuji Kabunda, “Europa no llega a un acuerdo de inmigración porque hay países que necesitan mano de obra inmigrante y otros no”. Además, la estructura de la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE deja que los Estados intervengan en asuntos como éste en función de sus intereses y si quieren, pueden quedarse al margen y no participar. La Comisión, además, carece de competencias para actuar independientemente y por lo tanto es incapaz de elaborar una política de inmigración comunitaria de obligado cumplimiento para los socios de la UE.
El Plan África está concebido como un proyecto a corto plazo, concretamente hasta el fin de la legislatura (2008), por lo que algunas de sus líneas de actuación deberían materializarse en este breve periodo de tiempo. Mientras tanto, cientos de inmigrantes subsaharianos, procedentes de una de las regiones más pobres del planeta, permanecen ajenos a las medidas programadas por el Norte para mejorar su situación.
Caminan hacia el Sur de Mauritania y Senegal, buscando un nuevo puerto que permita a sus cayucos poner la proa en dirección hacia Canarias, el primer paso para llegar hacia Europa. Se encontrarán el camino más difícil, con las fronteras reforzadas y con la repatriación pero mientras el compromiso español y la implicación de la Unión Europea en África no se conviertan en realidad, volverán a intentar cruzar el mar una y otra vez.
Lucía Valero
Periodista especializada en Relaciones Internacionales
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