Número 2 / Abril-Mayo de 2007
Roger Casas
Inmediatamente después del golpe que terminó en septiembre del pasado año con el gobierno de Thaksin Shinawatra, la junta militar encabezada por el general Sonthi Boonyaratglin derogó la constitución en vigor en Tailandia desde 1997. En estos momentos una nueva carta magna se encuentra en proceso de redacción, y como es habitual cada vez que esto sucede, el debate acerca de si el budismo debe ser o no consagrado por la constitución como religión nacional vuelve a dividir la opinión pública en el reino.
Aunque la postura oficial de la Comisión Constituyente ha sido hasta ahora prudente y respetuosa con las decisiones de gobiernos anteriores al respecto (rechazando en principio el hacer del budismo religión estatal), algunos grupos budistas parecen haber obtenido el apoyo de la Asamblea Legislativa Nacional (ALN), cuyo comité para asuntos religiosos, morales, artísticos y culturales ha confirmado a fines de Marzo que propondrá a la Comisión Constituyente que incluya una claúsula en la nueva constitución reconociendo el budismo como religión nacional.
Según un portavoz del citado comité de la ALN, la medida trataría sencillamente de hacer explícita la importancia de dicha religión para la identidad tailandesa, así como de asegurar el apoyo estatal para la misma. Sin embargo, hoy en día la cuestión sobre la “religión nacional” constituye un problema complejo y delicado en Tailandia, y una decisión precipitada al respecto por parte del estado podría tener en particular graves consecuencias para el conflicto étnico que vive actualmente el Sur del país.
Aunque la constitución de 1997 no se refiriera explícitamente al budismo como religión nacional, la importancia de la tradición budista Theravada (también llamado “budismo del Sur”) para la identidad de la “nación tailandesa” es habitualmente reconocida tanto por los propios tailandeses como por observadores ajenos. Se considera que entre el 85 y el 94% (los datos varían según las fuentes) de una población de alrededor de 64 millones de tailandeses, son budistas.
El budismo es una de las instituciones que, junto con la nación y la monarquía, forman los “Tres Pilares” (sathaaban lak) sobre los cuales se ha formado la identidad política y cultural de la Tailandia contemporánea (la constitución de 1997 establece que el monarca debe ser budista). A pesar del actual proceso de secularización, la profunda influencia que esta tradición religiosa ha ejercido sobre todos los aspectos de la vida de los tailandeses hace que la acción política y social en el reino se vea todavía hoy determinada en gran medida por la influencia de valores fundamentados en la ética budista.
Con relación al número de practicantes, el islám es la segunda religión en Tailandia: alrededor de 5 millones de musulmanes viven en el país, lo que representa entre el 7.5 y el 8% de la población total –una proporción que aumenta drásticamente en las provincias sureñas de Yala, Narathiwat, Pattani, Songkhla y Satun, en las que entre un 75 y un 80% de los habitantes son musulmanes de origen malayo.
Los musulmanes constituyen también alrededor de la mitad de la población de otras provincias del Sur del país como Krabi, Trang o Phuket, y el islám es también la religión dominante entre importantes segmentos de población en otras regiones del país –la población musulmana de Bangkok, por ejemplo, alcanza hoy día el medio millón de personas.
Por otro lado, y si bien es cierto, como se acaba de señalar, que el rey de Tailandia ha de ser budista, el monarca es también oficialmente el “protector” de las demás religiones del país: la constitución de 1997, considerada como una de las más progresistas de la historia del reino, garantizaba la libertad religiosa para todos los ciudadanos tailandeses, siempre y cuando el ejercicio de dicha libertad no fuera “contrario a sus deberes cívicos, el orden o la moralidad públicos” (Cap. III, Sec. 38), y establecía explícitamente que el estado “patrocinará y protegerá [...] otras religiones” además del budismo (Cap. V, Sec. 73).
La ALN ha reconocido la importancia de estas garantías y recomendado que, además de declarar al budismo religión oficial de Tailandia, la nueva constitución deberá también estipular claramente que el estado ha de respetar y proteger todas las religiones reconocidas oficialmente en el país.
Declaraciones constitucionales aparte, existe en Tailandia toda una serie de instituciones gubernamentales destinadas a integrar el islám y otras tradiciones religiosas en el estado. En lo que respecta a asuntos concernientes a la comunidad islámica del país, la máxima autoridad nacional es el Comité Central Islámico, presidido por el Chularajamontri, oficialmente el más alto representante del islám en Tailandia y consejero personal del rey. Bajo control del Comité Central se sitúan 29 consejos islámicos provinciales, que entre otras tareas se encargan de elegir y supervisar los consejos de todas y cada una de las casi 3000 mezquitas que existen en el país.
Las particularidades jurídicas de las tradiciones islámicas locales son también reconocidas en cuatro de las provincias que forman la del país frontera con Malasia, en las que la Sharia es aplicada a varios aspectos relacionados con el matrimonio y la herencia dentro de la comunidad musulmana.
Como excepción nacional, a los musulmanes de Yala, Narathiwat, Pattani y Satun les está permitido usar un patronímico islámico; los funcionarios públicos musulmanes pueden adaptar sus horas de trabajo a las oraciones del viernes, tomar libres las fiestas islámicas y obtener permisos especiales para viajar en peregrinación a la Meca –peregrinaciones para las que el gobierno tailandés concede también préstamos especiales. Estas y otras medidas dan cuenta de la especificidad legal de la región y del reconocimeinto por parte del estado tailandés de las particularidades de la cultura musulmana.
Como ocurre en el caso de las instituciones budistas, el estado tailandés financia parcialmente las diversas actividades llevadas a cabo por las organizaciones musulmanas del país. En el año 2005, el gobierno destinó a este fin más de un millón de dólares, una cifra que incluye financiación para centros de educación superior, para programas educativos públicos y privados, o para el mantenimiento diario de edificios religiosos tales como la mezquita central en Pattani.
Los programas de financiación estatales incluyen también los pondoks, escuelas religiosas en las provincias del Sur del país, en las que se estima estudia alrededor del 60% de los jóvenes de la zona -y consideradas por el estado tailandés como centros de propagación del fundamentalismo islámico. Por otra parte, el Comité Central Islámico tiene la prerrogativa de planificar programas específicos de educación religiosa para la comunidad musulmana.
Todas estas instituciones y provisiones legales pueden entenderse como concesiones limitadas por parte del estado y dirigidas a controlar las actividades religiosas de la comunidad musulmana, así como a lograr la integración de grupos no-budistas en un estado que es en cualquier caso mayoritariamente budista. Sin embargo, lo mismo puede afirmarse respecto al control de las actividades de los grupos budistas del país, reguladas y supervisadas por diversas agencias del gobierno a través de instituciones e instrumentos legales como la Oficina Nacional para el Budismo (una agencia estatal independiente) o los sucesivos “Decretos para la Administración del Sangha ”.
De cualquier manera, a pesar de este reconocimento de la identidad musulmana y de todo el entramado institucional (que en cualquier caso no debería cambiar drásticamente si el budismo fuera declarado religión nacional por la nueva constitución), puede decirse que el estado tailandés ha fracasado en su intento de integrar una parte importante de la población musulmana del Sur del país en la “nación tailandesa”.
Las instituciones estatales se han mostrado en general incapaces o poco deseosas de dar voz a las exigencias políticas y sociales de las comunidades locales. Muchos musulmanes en el Sur del país piensan que el gobierno central no ha prestado la suficiente atención a los problemas de la región, y se sienten discriminados por las autoridades tailandesas: por ejemplo, mientras que la mayoría de la población en las provincias del Sur de Tailandia está compuesta, como ya se ha dicho, por musulmanes de origen malayo, 9 de cada 10 funcionarios públicos que trabajan en la región son tailandeses budistas llegados de otras partes del país, que no hablan la lengua local (el Yawi, un dialecto malayo) y para quienes las tradiciones islámicas resultan algo ajeno, lo que ha dado lugar a frecuentes fricciones entre funcionarios y las comunidades musulmanas de dichas provincias. Además de esto, la corrupción administrativa y la poca atención prestada por el gobierno central han hecho que las provincias fronterizas con Malasia se cuentan entre las más pobres de Tailandia.
Todo ello, unido al hecho de que la educación y los medios de comunicación estatales a menudo ignoran la cultura local, puede ayudar a entender porqué los locales ven el gobierno de Bangkok como una institución ajena a ellos y a sus problemas, y en última instancia puede explicar, al menos parcialmente, la violencia que la región sufre actualmente.
A los pocos días del golpe militar de Septiembre, el nuevo gobierno del ex-general Surayud Chulanont hizo pública su intención de negociar con los insurgentes. El propio primer ministro se ha disculpado públicamente por los errores cometidos en el pasado por la administración y las fuerzas armadas tailandesas, y su gabinete ha trabajado en una serie de medidas legales e institucionales supuestamente dirigidas a aliviar la tensión política en el Sur del país.
Entre dichas medidas, el gobierno ha rehabilitado el Centro Administrativo de las Provincias Fronterizas del Sur, cuya disolución en Mayo de 2002 por parte del gobierno de Thaksin ha sido considerada como uno de los mayores golpes dados a la estabilidad política y social de la zona. El ejecutivo de Surayud también ha barajado la posibilidad de extender la jurisdicción de la Sharia en el sistema judicial de las provincias de Yala, Narathiwat y Pattani, las más afectadas por la violencia.
Sin embargo, y al contrario de lo que se esperaba, los insurgentes no han respondido positivamente a estas medidas, y la violencia continúa devastando la zona: Febrero ha sido declarado oficialmente como el mes más violento desde que la actual ola de ataques comenzó hace ahora más de tres años, el gobierno tailandés ha declarado recientemente que los insurgentes son capaces de mobilizar alrededor de 10,000 jóvenes musulmanes con el fin de formar un “frente unido” que se oponga a las fuerzas del estado, y el conflicto parece estar derivando hacia un enfrentamiento entre las comunidades musulmana y budista de la región. Desde Enero de 2004, la violencia se ha cobrado en la zona más de 2,000 víctimas mortales.
Los partidarios de hacer del budismo la religión nacional de iure en Tailandia han dejado claro que no tienen ninguna intención de discriminar contra otras tradiciones religiosas del país, afirmando que dicho paso servirá para mejorar los estándares morales de la sociedad tailandesa. Sin embargo, y mientras no está nada claro cómo el hacer del budismo religión nacional podría ayudar a frenar la supuesta decadencia moral de la sociedad tailandesa, es un hecho que en el actual contexto político, es obvio que esta decisión podría tener graves consecuencias no sólo para la integración a largo plazo de diversas tradiciones religiosas y grupos en el estado tailandés, sino también para una potencial salida pacífica al creciente conflicto que sacude el Sur del país; tal medida tan sólo serviría para aumentar el sentimiento de discriminación por parte de las comunidades no budistas, y en particular de las musulmanas, especialmente en el Sur, donde la identidad se centra en la fe islámica, y justificaría la llamada efectuada por parte de los grupos insurgentes a combatir al gobierno central.
Esto ha sido recientemente reconocido por el Consejo de Defensa de Tailandia, que ha hecho pública su preocupación de que el “debate sobre la religión nacional” pueda ser utilizado “en forma de campaña contra el gobierno”. Además de centrarse en la puesta en práctica de medidas políticas y económicas destinadas a resolver la “cuestión sureña”, el gobierno de Tailandia debería también prestar atención a otras acciones, más simbólicas en apariencia, pero que podrían igualmente ejercer una gran influencia en la actitud de las comunidades locales hacia las políticas estatales.
Roger Casas
Licenciado en Historia y coordinador local de un proyecto de la UNESCO para la preservación cultural en Sipsong Panna (China)
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